Felipe Ward, María José Hoffmann y Juan Antonio Coloma, buscan que el organismo contralor, se pronuncie ya que a juicio de ellos “estamos en presencia de un hecho similar a lo que ocurrió con el video, donde se está promocionando un proyecto que ni siquiera es despachado en su primer trámite legislativo”.
El jefe de Bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Felipe Ward, junto a los diputados gremialistas María José Hoffmann y Juan Antonio Coloma, solicitaron a la Contraloría General de la República, un pronunciamiento en derecho por el envío a Europa de una misión del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), para difundir la reforma tributaria.
Ward aseguró que “necesitamos saber concretamente a través de un dictamen de la Contraloría, si estos hechos constituyen una vulneración a las normas que gobiernan los gastos en publicidad y difusión de políticas públicas propuestas por la administración, porque estamos en presencia de un hecho similar a lo que ocurrió con el video, donde se está promocionando un proyecto que ni siquiera es despachado desde su primer trámite legislativo”.
“Es lógico creer que en este caso, el Gobierno no ha actuado de conformidad a derecho – añadió Juan Antonio Coloma – porque se están destinando recursos públicos, con fines propagandísticos, de un proyecto de ley cuyo contenido final aún es incierto, y su viabilidad final, es eventual”.
A su turno, la diputada María José Hoffmann, enfatizó que la legislación vigente y dictámenes anteriores de Contraloría “dan cuenta que no es posible hacer publicidad y difusión de una ley que no ha sido aprobada; esto recién se puede llevar a cabo cuando la iniciativa legal está aprobada, y con el objeto de informar a los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorga”.
Los diputados UDI precisaron además que “la difusión y propaganda en el extranjero de una política pública incierta, tanto en su contenido como en su viabilidad final, no resulta más que un acto de abuso por parte de la autoridad, un mecanismo no autorizado por la ley, y un gasto cuantiosos de recursos públicos sin sustento legal, transgrediendo así lo contemplado en la ley”.
