En una columna publicada hoy en El Mercurio, junto al director de la Fundación Nodo XXI, Francisco Figueroa, propone a La Moneda tener a la ciudadanía como principal aliada "y en un plazo razonable de cambios graduales, la reforma (educacional) saldrá adelante".
El diputado Gabriel Boric.
Foto El Mercurio
El diputado Gabriel Boric, junto al director de la Fundación Nodo XXI, Francisco Figueroa, llama al gobierno a no desperdiciar una oportunidad histórica en materia de educación, en una columna publicada hoy en el diario El Mercurio.
"El reciente pronunciamiento de la Confech deja claro que si La Moneda pretende el apoyo de los estudiantes, no puede blindar el principio de subsidiariedad. De hacerlo, quedará sola frente a los poderes fácticos, que la llevarán a una negociación en desventaja. Serán aquellos, y no un hipotético descontrol social, los que demostrarán al Gobierno la debilidad de las instituciones en las que está asentado y su propia diáspora partidaria", detalla la columna.
Y agrega "apoyarse en la sociedad no es sucumbir a "la calle". Es ampliar la democracia. Solo en el ejercicio de la democracia por parte de la ciudadanía reside la fuerza para el cambio. Romper la máxima thatcheriana permitirá al Gobierno desplegar en un sentido edificante las fuerzas que han bregado por cambios".
"Con la ciudadanía como principal aliada, y en un plazo razonable de cambios graduales, la reforma saldrá adelante. Pero si el Gobierno elige la dilación, la superposición de medidas contradictorias y la manipulación de banderas, no habrá reforma posible".
A continuación la columna publicada hoy:
"Margaret Thatcher sintetizó la política neoliberal diciendo "no existe eso que llaman sociedad, solo hay individuos y sus familias". La máxima suprimía lo público, solo lo privado sería real. La dictadura chilena aplicó este principio a sus reformas, incluida la educacional. Privatizar lo estatal fue solo un aspecto. La esencia radicaba en convertir la educación en un bien de responsabilidad individual. El Estado sigue activo, pero financiando individuos para ayudarlos a pagar su propia educación en el mercado, regulando su calidad y estimulando su competencia. Así nace el subsidio a la demanda o voucher.
Este principio rige hasta el día de hoy. Los reformadores de entonces esperaban produjera una educación más moderna. Pero no fue así. Los chilenos tuvieron que pagar altas sumas por una educación desigual y de bajos logros académicos. Gracias a las movilizaciones de 2006 y 2011 la obra dictatorial pudo por fin ser discutida. Y se abrió una oportunidad histórica para el actual gobierno, la de no solo optimizar los estímulos al mercado (bajo el discurso de "aliviar el bolsillo de las familias"), sino de transformar la educación misma.
El quid es reemplazar la competencia -como principal mecanismo coordinador de la educación- por la colaboración. El mercado dispersa energías y genera espacios segregados, no pocas veces producto de acuerdos oligopólicos. La colaboración, en cambio, pone la educación a disposición del consenso democrático de la sociedad, siendo la base para un uso más racional y pertinente de los recursos, condición necesaria para un genuino mejoramiento técnico. Esto es imposible sin acabar con la centralidad del subsidio a la demanda en el presupuesto público, tal como ocurre en la mayoría de los países desarrollados.
Por desgracia, esto ha estado ausente en los anuncios del Gobierno. En su lugar abundan anuncios disímiles. Que el voucher se acaba. Que el voucher crecerá. Que las universidades del G9 recibirán igual trato que las estatales, que estas tendrán un trato privilegiado. Que habrá gratuidad vía financiamiento a las instituciones, pero a la vez que se perfeccionará la fijación de aranceles. Es cierto que hay aspectos puntuales positivos. Pero ello no hará de la educación algo distinto. Si la voluntad de cambio es real y no existe una opción política a favor del mercado, la única razón de este proceder es evitar una confrontación abierta con los poderes fácticos.
Mala cosa. Los poderes fácticos -tal como en 2006 con la movilización pingüina- negociarán el fin de sus amenazas por mejores condiciones que antes. Las apelaciones que han hecho a la libertad, a la calidad y a lo público son meros sofismas que encubren la determinación de un sector minoritario de ponerse por encima de la democracia para defender cuotas de poder de mercado. No hay ocurrencia alguna de un equipo técnico que permita soslayar este hecho. Solo fuerza real en el escenario político puede enfrentarlo.
El reciente pronunciamiento de la Confech deja claro que si La Moneda pretende el apoyo de los estudiantes, no puede blindar el principio de subsidiariedad. De hacerlo, quedará sola frente a los poderes fácticos, que la llevarán a una negociación en desventaja. Serán aquellos, y no un hipotético descontrol social, los que demostrarán al Gobierno la debilidad de las instituciones en las que está asentado y su propia diáspora partidaria.
Apoyarse en la sociedad no es sucumbir a "la calle". Es ampliar la democracia. Solo en el ejercicio de la democracia por parte de la ciudadanía reside la fuerza para el cambio. Romper la máxima thatcheriana permitirá al Gobierno desplegar en un sentido edificante las fuerzas que han bregado por cambios.
Con la ciudadanía como principal aliada, y en un plazo razonable de cambios graduales, la reforma saldrá adelante. Pero si el Gobierno elige la dilación, la superposición de medidas contradictorias y la manipulación de banderas, no habrá reforma posible".
