En un nuevo conflicto que enfrenta a las autoridades salientes y entrantes por el manejo de la información y otras aristas del complejo proceso del traspaso de mando, que se concretará mañana, se convirtió el asunto de los correos electrónicos almacenados en los computadores de La Moneda y todas las reparticiones públicas. Ello, luego de que trascendiera un decreto que en los hechos permite a los funcionarios eliminar dichos documentos... el cual fue "frenado" esta mañana por el Ministerio Público.

Se trata de un decreto supremo firmado por el Presidente Sebastián Piñera y publicado el 27 de febrero en el Diario Oficial. En rigor corresponde al Decreto Supremo 14 del Ministerio de Economía, que modifica el reglamento sobre documentos electrónicos, firma electrónica y certificación de dicha firma, se faculta a los funcionarios públicos a borrar los mails acumulados en el ejercicio de sus labores.

La norma deroga el Decreto 77 de 2004, impulsado bajo el gobierno de Ricardo Lagos, donde se obligaba a todos los funcionarios a conservar sus correos electrónicos por un periodo "no inferior" a seis años, para "asegurar la constancia de la transmisión y recepción".

Conocido el decreto -publicado hoy por El Mostrador- detonaron fuertes críticas de la Nueva Mayoría. Y con una cuota de suspenso, ya que una orden de última hora del Ministerio Público dictaminó no borrar los correos .

El Gobierno defendió a brazo partido su decisión, comenzando por el Presidente Sebastián Piñera, quien, al ser consultado por el decreto al llegar esta mañana a Palacio, comentó que "los correos personales, y así lo ha determinado tanto la oficina de transparencia y la Corte Suprema, son personales. Pero todo lo que es oficial naturalmente que queda, porque hemos hecho un enorme esfuerzo por entregarle al próximo gobierno toda la información".

"No puede haber ninguna crítica", retrucó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, explicando que "existe tanto una sentencia del Tribunal Constitucional, de los tribunales de justicia y una instrucción de la Contraloría, y es tan simple de entender como que los correos de carácter particular uno tiene derecho que no permanezcan a disposición de una tercera persona o de una autoridad futura". Y negó que el decreto fuera dictado "entre gallos y medianoche".

Fiscalía prohíbe borrar correos

Sin embargo, el impacto provocado por la citada decisión administrativa tuvo otro coletazo. Esta mañana, la Fiscalía Regional Centro Norte envió al Gobierno un oficio en el que se ordena no borrar.

La orden -firmada por el fiscal adjunto José Morales Opazo- menciona específicamente a los ministerios de Salud, Educación, Obras Públicas, Trabajo y Urbanismo, debido a que se encuentran investigaciones penales en desarrollo. Y advierte que cualquier acción que obstaculice lo anterior constituye delito.

El oficio, al cual tuvo acceso este diario -aunque la Fiscalía declinó contestar las consultas de "La Segunda"-, va dirigido al subsecretario del Interior, que desde el viernes pasado es el socialista Mahmud Aleuy.

Este nuevo conflicto se suma a una serie de roces en las últimas semanas. Hoy Chadwick contestó cuestionamientos de su sucesor, Rodrigo Peñailillo, por las cuestionadas inauguraciones presidenciales y las vacaciones "extendidas" de funcionarios. "Son cosas que se dicen. Creo que hay una tensión propia de quien va a asumir el gobierno, como lo he dicho, el gobierno del Presidente Piñera ha dejado la vara alta, y por lo tanto se trata de bajar la vara a cómo dé lugar... es la presión la tensión propia de quien va a asumir el gobierno", remató Chadwick.

 Futuro ministro Elizalde advierte "responsabilidades administrativas"

El pasado jueves, durante el primer comité de coordinación de los ministros políticos de la Presidenta electa, Michelle Bachelet, con los representantes de la Nueva Mayoría, el senador del MAS, Alejandro Navarro, planteó su inquietud por la eventual eliminación de correos institucionales tras la publicación del decreto de Piñera.

Según quienes asistieron a la cita, el vocero de Bachelet, Álvaro Elizalde, reconoció estar en conocimiento de la norma e informó que se solicitó un estudio en derecho para verificar la legalidad de la iniciativa.

Durante los últimos días, parlamentarios de la Nueva Mayoría y los futuros ministros políticos que asumirán este martes han estado en contacto para iniciar una ofensiva contra la decisión del gobierno saliente.

Esta mañana, Elizalde afirmó a La Segunda que "independiente de la derogación del Decreto Supremo 77, se mantiene vigente la obligación de los funcionarios públicos de mantener los correos electrónicos en cuanto sean electrónicos y/ o actos administrativos".

El próximo ministro portavoz agregó que "los funcionarios que no cumplan con esta obligación legal, podrían incurrir en responsabilidad administrativa, la que deberá ser investigada por los organismos correspondientes. Una especial atención en esta materia deben tener los jefes de las unidades de informática".

Al mismo tiempo, esta mañana, el senador Navarro pidió a la Contraloría iniciar una investigación "para que se haga un análisis de la legalidad del decreto y queremos advertir que si se eliminan los archivos, vamos a pedir una auditoría profunda en cada unos de los servicios y ministerios donde se eliminó la información. Tenemos la convicción de que esto es una ilegalidad".

Además, diputados del bloque no descartaron crear una comisión investigadora , de comprobarse la eliminación de correos.

Así lo plantearon los futuros jefes de bancada Matías Walker (DC) y Marcelo Schilling (PS) al afirmar que "hay mucho que investigar y lo vamos a discutir".