Durante un mes -tiempo en que duró el decreto presidencial de Estado de Excepción que lo nombró en su cargo- el jefe de fuerzas en Concepción, general (r) Guillermo Ramírez, tuvo su oficina en las calles, caletas y pueblos interiores después del 27 de febrero de 2010. Para restablecer el orden, contaba con su experiencia en el terremoto de Tocopilla.

No fue fácil que asumiera. De hecho, ha trascendido que hubo dos decretos para nombrarlo que fueron rechazados por la Contraloría -las atribuciones entregadas habrían sido menores a las que establecía la Ley-, y sólo el tercero tuvo la venia final.

Su gestión en Biobío fue destacada en diversos círculos militares y políticos. Dos años después, a fines del 2012, pasó a retiro.

Por primera vez, el general (r) decide entregar su versión sobre los problemas de orden público que generó la demora en sacar los militares a la calle -como fue reconocido desde la propia Concertación-, y las responsabilidades detrás de esta tardanza.

"Colóquese en el lugar de la autoridad regional luego de un terremoto y maremoto"

-¿Cómo recuerda que fue su nombramiento?

-El 27/F estaba en Santiago. El sábado intenté infructuosamente regresar por vía aérea a Concepción en donde era el Comandante de Operaciones Terrestres. Sin embargo, logré mi cometido al otro día en un helicóptero institucional. Al medio día del domingo, el Jefe del Estado Mayor Conjunto me comunicó telefónicamente que por Decreto Supremo de la Presidencia había sido designado como Jefe de la Defensa Nacional en la Zona de Catástrofe.

Algunos de los principales problemas que vi cuando aterricé en Concepción fueron las acciones de pillaje, en que los delincuentes cooperaban a incrementar la sensación de pánico.

-¿Por qué hubo dos decretos de su nombramiento que fueron rechazados por la Contraloría y sólo el tercero fue aceptado?

-El mejor interlocutor en esto es el propio Contralor. Yo estaba inmerso en los avatares propios de mi labor. Al respecto, en mi fuero interno guardo una respuesta bastante sedimentada, que por no estar fundada en evidencia y, por estimar que no coopera a la sana convivencia nacional, me la reservo.

- En la perspectiva del tiempo, ¿cómo cree que se hicieron las cosas en las horas posteriores al 27F?

-La opinión pública se ha formado una convicción extremadamente negativa y muy consolidada, luego de ponderar los supuestos que concurrieron en la capacidad de adoptar decisiones por parte de las autoridades, hasta el momento que, por Decreto Presidencial, se dispone el empleo de las FF.AA. Eso se debe en gran medida a la contienda política de oportunidad que se desató en el país. Y me refiero solamente a la capacidad de adoptar decisiones y no a responsabilidades o medidas preventivas que se deberían haber considerado previamente.

-Pero problemas hubo en el trabajo en la zona...

-Con un mínimo de empatía, colóquese en el lugar de la autoridad regional luego de un terremoto y maremoto colosales. E intente conducir la fase «Respuesta» de la catástrofe en un escenario sin las herramientas necesarias para tomar decisiones. Cuando las FF.AA. y de orden, por mandato constitucional asumen el control de la zona de catástrofe, a las 36 horas transcurridas, había concluido el desgobierno regional y se evidenciaba un claro punto de inflexión en el derrotero que llevaba la Región. Además, sin ocasionar ninguna lesión a la población por el empleo de las armas, a pesar de haber alcanzado un total de 23 mil uniformados armados en la zona, los mismos que tenían que llevar alivio y apoyo a más de 2 millones de personas.

Lo más lamentable a mi criterio, es que toda la discusión se centró básicamente, por razones políticas en la "Alarma", punto de partida de la fase "Respuesta".

Incluir a FF.AA. "es una prerrogativa exclusiva de la autoridad política"

-En términos prácticos, hubo demora en "salir a la calle" a controlar los disturbios y robos. ¿Qué responsabilidad le cabe al Ejército?

-En aquel entonces, las esquirlas y cortinas de humo del entrevero político, impactaban en personas, entidades y organizaciones, incluso algunas de ellas subordinadas a las propias autoridades políticas. Este fue desde mi perspectiva el factor precursor que pretendió instalar la idea de lenidad institucional.

¿Usted conoce a la fecha algún militar procesado en la justicia militar por notable abandono de sus funciones, en el sentido de brindar protección y amparo a la población tras el 27F?

La estricta verdad es simple. Las FF.AA. sólo pueden emplearse en actividades de seguridad interior por un Decreto Supremo Presidencial que establezca el Estado de Excepción de Catástrofe. Y aquello sólo ocurrió el domingo a las 13:00 horas, ocasión en que se integraron bajo mi mando todas las unidades de las FF.AA. y de seguridad que se encontraban en la Región. En consecuencia no es una opción que dependa de la voluntad de la autoridad militar, sino que es una prerrogativa exclusiva de la autoridad política.

-¿Si la decisión dependía de la autoridad política, dónde a su juicio está la responsabilidad en la demora de la decisión?

-Lo relevante aquí es por qué las FF.AA. salen a cumplir esta misión de seguridad interior, y obedece exclusivamente a esta prerrogativa de la autoridad política normada en la Constitución y en la ley orgánica que regula el estado de excepción de catástrofe. Como institución subordinada al poder político, dimos estricto cumplimiento a lo que se nos estaba impartiendo.

-¿O sea, la demora fue del poder político?

-Es de quien resuelve. Efectivamente, es en este caso de la autoridad política. Es obvio de suponer que a mayor cantidad de tiempo existen mayores posibilidades de mitigar los efectos que generaron el terremoto y el maremoto.

"A partir del decreto, las FF.AA. se desplegaron"

-¿Hubiera podido desplegar las capacidades antes?

-Probablemente. A partir del decreto, acto seguido las FF.AA. se desplegaron. Por lo tanto, no es una opción de orden voluntaria de la autoridad militar, sino que obedece estrictamente a una disposición del nivel presidencial, de la más alta magistratura del país.

-¿Qué le parece que la demora en dictar el decreto se debiera a que no se quería terminar el gobierno con los militares en la calle, como reconoció en su momento un alto personero de la Concertación?

-Tras casi toda una vida al servicio de la patria en el Ejército, y de haber sido el comandante de las fuerzas militares en los dos último terremotos que asolaron gran parte del país, tengo la convicción y la certeza legal que las FF.AA. se deben emplear en situaciones de catástrofe para resguardar los derechos ciudadanos; el funcionamiento de los organismos del Estado y emprender en la zona las tareas necesarias para contrarrestar los efectos del desastre natural.

Los caprichos o gustillos personales o colectivos que dilaten el empleo de la fuerza militar, ante tanto desamparo, postergación y miseria, como la que vivimos en esa ocasión, obran en detrimento directo de nuestra propia población, de nuestra gente, Chile no se lo merece.

-¿Cómo observa usted que el 2010 aún existieran ciertos resquemores con los militares?

-Comprensible en algunos casos, sobre todo cuanto el dolor y la angustia generada por visiones políticas contrapuestas y extremas ha traspasado las fronteras familiares o de los seres queridos. Pero absolutamente incomprensible e injustificado en una autoridad que se debe al país y que debe tomar decisiones, por drásticas que estas sean, en beneficio de su propia población.