Como gobernador de Arauco en 2002, señaló que el atentado con lesiones gravísimas contra dos camioneros no admitía "otra alternativa". Para actuar en tribunales, se valió de quien luego sería el hombre fuerte del Ministerio Público en causas ligadas a violencia mapuche: el fiscal Mario Elgueta.
La Presidenta electa, Michelle Bachelet, no volvería a invocar la Ley Antiterrorista, como lo hizo cuatro veces en su anterior mandato. Durante la campaña lo consideró un "error" y en su programa de gobierno se comprometió "firmemente a la no aplicación", específicamente en contra de "miembros de los Pueblos Indígenas por actos de demanda social".
Pero no sólo ella invocó esa polémica ley en el pasado, sino que también lo hizo quien será su próximo ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y nada menos que contra el fundador y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.
La historia comenzó durante el gobierno de Ricardo Lagos, con el ataque del 15 de abril de 2002 contra dos camiones que prestaban servicios externalizados para Forestal Mininco .
En el retirado sector de Alto Tranaquepe, a unos 27 kilómetros al sur de Tirúa, fueron interceptados por al menos seis encapuchados los choferes Antonio Boisër Toro (35) y su padre, Antonio Boisër Cruces (53) , cuando transitaban desde el fundo El Cardal a la localidad de Los Alamos.
Amenazados con escopetas por los individuos que abruptamente aparecieron desde los matorrales, los trabajadores fueron conminados a abandonar los vehículos.
Estaban bien organizados: actuaban cerca del anochecer, lo que les permitiría una huida protegida por la oscuridad; tres de ellos portaban armas de fuego y los otros tres botellas plásticas de dos litros con combustible , cantidad típica en este tipo de atentados, pues, como explica una fuente de inteligencia, permite recorrer largas distancias a pie, se pueden descartar rápidamente y su contenido es legal.
El jefe de familia se mostró reticente a dejar su fuente de trabajo, por lo que, según consta en el expediente, "no descendió del camión con la suficiente rapidez exigida por los atacantes, frente a lo cual uno de los agresores, sin mediar mayor provocación, le disparó ".
Los proyectiles impactaron la cara del hombre, quien cayó gravemente herido a metros de su hijo. Sin embargo, quedó consciente. Los criminales huyeron, dejando a Boisër Toro solo y sin ayuda para trasladar a su progenitor al hospital.
Más aún, quemaron los camiones antes de arrancar, dejando al par abandonado a su destino.
Las alarmas se encendieron en la gobernación de Arauco, y la primera acción de la entonces máxima autoridad de la zona, Rodrigo Peñailillo, fue interponer una querella por homicidio calificado en grado de frustrado, incendio y daños, contra quienes resulten responsables. Eso fue el 17 de abril de 2002, dos días después del atentado.
" El herido no falleció por circunstancias que escapan al control de sus atacantes ", concluyó en su escrito, donde además mostró preocupación por " una conmoción e inseguridad inusitada ".
Poco después, Boisër hijo reconoció a uno de los implicados en el caso, debido a que para cubrirse el rostro utilizaron gorros, pero también pañoletas, las que tapaban parcialmente la cara. "Parecía ser el jefe... aquel que ordenaba al que me encañonaba que disparara si no me bajaba ; aquel que cuando mi padre se acercó con su camión corrió al encuentro y aquel que luego de haber escuchado el disparo pasó corriendo por mi lado ".
Al momento de la ronda de reconocimiento no lo nombró, pues no sabía cómo se llamaba. Luego se enteró: se trataba del ex FPMR y fundador de la CAM, Héctor Llaitul .
Hoy el padre no puede trabajar como chofer: el incidente le costó un ojo y el trauma de haber visto peligrar la vida de su hijo, cuando un desconocido puso la escopeta en sus costillas.
Durante los primeros meses, el Juzgado del Crimen de Cañete procesó a Llaitul. Sin embargo, la Corte de Apelaciones consideró que faltaban diligencias y derribó la acción.
En enero de 2004, ambas víctimas volvieron a la carga con una estrategia más agresiva, al interponer una querella criminal por " delito de conductas terroristas", argumentando que la investigación estaba lo suficientemente avanzada como para encausar a Llaitul.
"Esta acción tiene como finalidad producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, ya que obedece a un plan premeditadode atentar contra una categoría o grupo determinado de personas y, por lo demás, las personas se han concertado para cometer estos hechos delictivos", señalaron en su escrito.
Agregaron que "no es una acción aislada y única" y ejemplificaron con hechos similares en Traiguén, Lumaco, Collipulli, Ercilla, Victoria, Galvarino, Purén, Vilcún, Padre las Casas, Temuco, Lautaro, Nueva Imperial y Carahue.
E insistieron que " la finalidad (es) de infundir terror y atacar a agricultores, pequeños propietarios, empresas forestales y también a quienes les prestan servicios ... Todos los que prestan servicios de transportes a las forestales tienen temor".
Las víctimas fueron secundadas por el gobernador Peñailillo, quien para actuar en tribunales se sirvió del abogado Mario Elgueta Salinas , el mismo quien tras renunciar a la gobernación años después ingresó a las filas del Ministerio Público, quedando a cargo de investigar los hechos de violencia ligados a la causa mapuche .
Y el mismo, también, contra quien Llaitul planificó una emboscada en 2008, por la que fue apresado y condenado a 14 años (ver recuadro).
La aplicación de la ley antiterrorista ya era resistida en círculos de la Concertación, por ser considerada una herencia del régimen de Pinochet, quien la promulgó en 1984.
La ley además aumentaba en dos grados la pena asignada a igual delito, antes de ser considerado terrorista , por lo que fácilmente se podría haber llegado al presidio perpetuo (entonces 20 años ). Elcaso hubiese pasado a la justicia militar ... y sus procesados no podrían optar a libertad condicional .
El abogado de Peñailillo señaló en su escrito que "vengo en solicitar al tribunal, se someta a proceso como autor del delito de Conducta Terrorista, con resultado de daños y lesiones gravísimas, tipificado en el artículo 1 y 4 de la Ley 18.314... al ciudadano Héctor Llaitul Carillanca ".
"El sustento básico en la defensa de Llaitul es que a la fecha de producirse los hechos él se encontraba en la ciudad de Santiago, trabajando para una empresa contratista, que ni siquiera registra un domicilio conocido ... Esto hace imposible justificar su argumentación en estos testigos, que no han sido ubicables para testificar ", afirmaba.
"Con estos argumentos, esta parte querellante no concluye otra alternativa que aplicar la ley ... (a) Héctor Llaitul Carillanca le ha cabido una participación como autor", concluía.
Pero el caso quedó hasta ahí... Según informan en la Gobernación, Llaitul no se presentó al juicio en 2005 y no se insistió en el caso . Y es que de todas formas, el líder mapuche enfrenta 14 años de cárcel en Concepción.
