Ministros limeños apostaron por no incluir en la declaración final la necesidad de que su país ajuste sus normas marítimas a la legislación internacional. El tema era clave para Santiago, que puso en duda la viabilidad de los acuerdos si no se acogía dicho asunto.
A esa hora -cuando las únicas luces encendidas del edificio Carrera eran las del piso 17, donde se desarrolló el encuentro- los cuatro secretarios de Estado dejaron la Cancillería por una puerta lateral, para subirse a unos automóviles que los habían esperado toda la jornada, al igual que numerosa prensa apostada en calle Teatinos.
Minutos antes de que los ministros llegaran a Palacio, un asesor retiró de la mesa dispuesta para la rueda de prensa los cuatro lápices con que -se suponía- suscribirían el acta de la cita. "¿Qué, no acordaron nada?", bromeó un diplomático limeño.
Tras la lectura de la declaración conjunta, un par de diplomáticos peruanos -entre ellos el embajador Carlos Pareja- comenzaron a aplaudir. Algunas sillas a la izquierda, el jefe de la misión chilena en Lima, Fabio Vio, se mantuvo serio.
Una de las preguntas más recurrentes realizadas al canciller chileno apuntó a lo extenso de la reunión. El ministro sólo ha dicho que los puntos a discutir eran varios y complejos técnicamente.
Según fuentes diplomáticas chilenas, varios fueron los puntos que extendieron la cita. Uno de ellos, la petición "sorpresiva" -como la califican en el edificio Carrera- de liberar a los pescadores tacneños detenidos en Arica por haber entrado en aguas chilenas durante los días previos a la sentencia de La Haya. Esta solicitud obligó a Hinzpeter a realizar intensa y numerosas consultas antes de garantizar que la Capitanía de Puerto de Arica pediría a la corte local dejar sin efecto las medidas cautelares.
Otro asunto que también complicó el rápido término de la cita fue el delicado trabajo técnico para establecer un cronograma que definiera las labores necesarias para la nueva delimitación en el mar. Así, el plazo final para tener acordada la nueva frontera quedó para el 24 y 25 de marzo, cuando en una nueva versión del "2+2", esta vez en Lima, ambos países refrenden los trabajos de los organismos técnicos.
Además, Lima pidió que dos de sus naves -una de investigación y otra de patrullaje- pudieran acceder a la brevedad al área que hasta antes del fallo era chilena, en una decisión que fue cuestionada por parlamentarios y un ex canciller chileno.
Sin embargo, el principal nudo estuvo en la que era la principal aspiración chilena: que Perú dejara por escrito que adecuará sus normas internas al derecho internacional del mar y, específicamente, a la Convención del Mar.
Hasta ahora, las normas limeñas incluyen el concepto de "dominio marítimo", que implica la soberanía exclusiva desde las costas hasta las 200 millas. Esto impide la libre navegación y aeronavegación de naves extranjeras, como establecen las normas internacionales y -argumento central para Santiago- pide respetar el fallo de La Haya.
Pese a esto, Rivas y Cateriano plantearon al inicio de las conversaciones una posición durísima: no estaban disponibles para que se incluyera en el acta alguna referencia a la necesidad de que su país debiese adecuar normativa interna para aplicar el fallo.
Tres eran los argumentos de la delegación peruana. Primero, esto era entendido como que Chile estaba poniendo condiciones para viabilizar la implementación del fallo, lo que era inaceptable. Segundo, pedir modificaciones de cuerpos normativos era inmiscuirse en asuntos internos peruanos. Y tercero, señalaron los representantes peruanos, "no era necesario" incluir una mención expresa a eventuales cambios de disposiciones, pues el fallo de La Haya ya decía que las normas internas de ambos países debían adecuarse al derecho internacional.
La respuesta de Moreno y Hinzpeter fue enérgica, dicen las mismas fuentes: Santiago no estaba disponible para firmar ningún documento si Lima no se allanaba a realizar un compromiso explícito de cumplir esta parte de la sentencia del tribunal internacional. Esto afectaría, a su vez, el principal objetivo limeño: obtener un detallado cronograma sobre las labores técnicas para establecer las coordenadas específicas del nuevo límite marítimo.
La discusión sobre el eventual cambio de legislación y su adecuación a las normas internacionales se radicó en la comisión "jurídica", una de las tres instancias que funcionaron este jueves en el marco del "2+2". En este grupo participó el director jurídico de la Cancillería chilena, Hernán Salinas, y su homólogo limeño, José Ruda. Sin embargo, ante lo entrampado del diálogo, el debate pasó rápido a la sala en que estaban reunidos Moreno, Hinzpeter, Rivas y Cateriano.
Tras un intenso debate, los representantes peruanos se allanaron a revisar distintas fórmulas para incluir el asunto en la declaración. Así comenzó una segunda negociación: cómo quedaría redactado el párrafo.
Las propuestas chilenas ponían énfasis en que Perú ratificara de manera explícita los principios y directrices de la Convención del Mar, firmada en 1982, y que incluye los derechos de libre navegación y aeronavegación defendidos por Santiago. Lima, sin embargo, optó por una redacción mucho más suave.
Tras horas de conversaciones, finalmente quedaron dos párrafos relativos al tema. "Conforme a lo dispuesto por la Corte Internacional de Justicia en el párrafo 178 del Fallo, el Perú ejercerá sus derechos y obligaciones en toda su zona marítima, en forma consistente con el Derecho Internacional como se encuentra reflejado en la Convención de 1982, tanto respecto de Chile como frente a terceros Estados. Chile declara, a su vez, que continuará ejerciendo sus derechos y obligaciones en toda su zona marítima conforme a la Convención de 1982", dice el texto.
A renglón seguido, la declaración señala que "cada país asume el compromiso de efectuar la identificación de su normativa interna que pudiere ser inconsistente con el Fallo, teniendo en cuenta lo antes expresado, y procederá a adecuar dicha normativa de conformidad con dicho Fallo. Sin perjuicio de lo anterior, Chile y el Perú coinciden en que el Fallo prevalece sobre su normativa interna".
Algunos parlamentarios chilenos criticaron esta parte del acuerdo y plantearon que las garantías entregadas por Perú son escasas.
Sin embargo, la mañana de este viernes el canciller Moreno valoró lo acordado. En radio Cooperativa, el ministro señaló que "el acuerdo obliga a Perú a que su normativa interna debe ser plenamente consistente con lo que señala la Convemar. El compromiso es que ambos países vamos a revisar la legislación interna de manera tal de adecuarla y ponerla en forma consistente en lo que establece dicha legislación. Y que mientras tanto, en todo caso, prevalece la norma internacional por sobre cualquier normativa interna. Por eso desde este momento no hay traba ninguna para la libre navegación, la aeronavegación, el traslado y ubicación de cables, en fin, todas las libertades que establece la Convemar".
Moreno también señaló que, durante las conversaciones con los ministros peruanos, se mantuvo permanente contacto con los secretarios de Estado nombrados por Bachelet: Heraldo Muñoz (RR.EE.) y Jorge Burgos (Defensa).
Ambas delegaciones, además, mantuvieron este jueves permanente contacto con sus respectivos mandatarios, Sebastián Piñera y Ollanta Humala.
La falta de compromisos expresos por parte de Perú en la declaración conjunta de la cumbre "2+2" despertó este viernes las primeras críticas al acuerdo en el mundo político. Si bien el ex canciller Juan Gabriel Valdés (PS) valoró "la expresión de voluntad de ambos gobiernos para buscar la ejecución del fallo con rapidez", calificó como una "tensión que no se comprende" el por qué Lima "se compromete a cumplir las normas de la Convemar, pero sin adherir a ella".
"Hubiese preferido que las actividades de ejecución efectiva de la sentencia, como el ingreso de naves peruanas a las aguas que fueron chilenas y que la corte entregó a Lima, se hubieran registrado una vez que estuvieran concluidas las tareas de delimitación y la nueva cartografía". Y añadió que "espero poder conversar con el canciller Moreno para interiorizarme de los acuerdos".
"Preocupantes los acuerdos", advirtió a su vez el senador UDI Hernán Larraín. "No hay un compromiso claro de Perú de adoptar la Convemar y de asumir el Derecho del Mar en todas sus consecuencias", y que "no se haya esclarecido la situación del triángulo terrestre, que es absurda y que Chile no puede aceptar", fueron sus principales cuestionamientos. "El acuerdo puede ser modificado en el futuro. Está bien que sea de buena fe, pero faltaron garantías", remató.
También aludió al asunto del triángulo terrestre el diputado PPD Jorge Tarud, quien además criticó que Perú aceptara "adecuar su legislación a la Convemar, pero sin adherir a ella ni modificar su Constitución". Y añadió que "es demasiado prematuro que antes de que esté lista la cartografía se autorice a naves peruanas a navegar por el mar que, hasta que no se realice el nuevo mapa, es nuestra Zona Económica Exclusiva".
Los cuestionamientos al acuerdo suscrito vienen de cierta forma a coronar las que quizás sean las dos semanas más tensas en la relación entre los gobiernos de Sebastián Piñera y Ollanta Humala, y las más delicadas en la relación bilateral en varios años. En las dos semanas que han seguido a la sentencia, Perú no sólo lanzó una fuerte ofensiva comunicacional para instalar la idea de que el cambio en el límite marítimo había sido un triunfo -pese a que había pedido una superficie marítima mayor a la que obtuvo-, mientras Chile acató pero criticó abiertamente el fallo. A ello se sumó la sorda discusión sobre el asunto del triángulo terrestre y una serie de gestos políticos y públicos que hicieron escalar la controversia.
Pese a lo enrarecido del clima bilateral, ambas cancillerías apostaron por administrar las tensiones y evitar medidas explícitas de protestas, las que se concretaron sólo en diálogos privados.
Así ocurrió durante el encuentro bilateral en La Habana, el miércoles 26, cuando la canciller peruana Eda Rivas le reclamó a Alfredo Moreno por haberle dicho a la Cámara de Diputados, la tarde anterior, que Lima debía modificar sus leyes para aplicar el fallo. "Pero yo no he señalado explícitamente que tienen que cambiar la Constitución", se defendió el ministro chileno, llegando a mostrarle la transcripción de sus palabras.
En la misma ocasión, Piñera protestó ante Humala por la estudiada puesta en escena que había realizado la noche del martes, cuando a través de una radio dirigió -desde el Palacio Pizarro y posando para las cámaras- la incursión de naves de su país al llamado "triángulo externo", zona que la corte internacional había entregado a Lima en su nueva delimitación.
Aunque Piñera dijo entender que no podía prohibir la incursión peruana a aguas internacionales, le pidió a Humala -compromiso que éste aceptó- garantías de que no pasarían a la zona marítima que hasta ese lunes estaba bajo control de Santiago y que tras el fallo era de Perú, al sur del paralelo del Hito 1.
La tensión con Lima, además, escaló en la medida que su canciller mantuvo vocerías en la que rechazaba abordar con Chile el asunto del triángulo terrestre. Además se divulgaron videos en que se celebraba el fallo y mapas mostrando la versión peruana de la frontera terrestre.
