El emplazamiento exacto de la línea equidistante que la Corte fijó como frontera marítima deberá ser precisado de común acuerdo por Santiago y Lima. Se estima que implementación debería estar lista en un año.
Puesto de observación chileno en inmediaciones del hito 1.
Con la larga incógnita del dictamen de La Haya zanjada, a contar de este lunes las relaciones bilaterales entre Santiago y Lima se volcarán rápidamente a la cuestión de la implementación del mismo. Y ahí estará el nervio central de cómo evolucione dicha agenda, donde en los últimos meses previos al fallo las autoridades peruanas insistieron en el discurso de que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia no solamente se acatan, sino que se cumplen, pero especialmente demandando que su ejecución sea inmediata o lo más rápidamente posible. Dado que la postura de Chile ya ha advertido que ésta será "gradual", cómo se aborde el proceso será crucial.
¿Cuánto es el tiempo razonable para implementar el fallo sin que provoque roces de fondo entre ambos países? No hay fecha rigurosamente establecida, ni tampoco la corte entrega plazos definidos. Además, dependerá de variables como la complejidad del fallo -cuántas normas hay que cambiar, crear o eliminar- y del diseño que zanje la Presidenta electa, Michelle Bachelet, con su nuevo canciller Heraldo Muñoz con miras a la relación que quiere impulsar con su par Ollanta Humala.
De todas maneras, ante la inexistencia de plazos específicos, sí hay hitos más políticos que, de manera más general, pueden servir de referencia. Uno es la próxima versión del «2+2», como se le conoce a las reuniones de los cancilleres y ministros de Defensa de ambos países. Dichas cumbres son leídas como indicadores del estado de las relaciones bilaterales, yChile las suspendió precisamente después de que Perú interpusiera la demanda marítima fallada esta mañana.
Por lo mismo, generalmente ambos países no suelen fijarlas con una fecha específica. Pero sí lo hicieron respecto a la próxima, agendada para el 7 de febrero del 2015, es decir en exactamente un año y once días más . Para que no queden dudas, la fecha coincide con un nuevo aniversario del combate naval de Abtao (1866) , en medio de la guerra en que Chile y Perú libraron juntos contra España: en dicha batalla pelearon del mismo lado Arturo Prat -a bordo de la recién capturada goleta "Covadonga"- y Miguel Grau, comandando la corbeta "Unión". Todo, trece años antes del estallido de la Guerra del Pacífico.
Otro hito es que el Consejo de Integración Social bilateral, en el que participan ocho ministros por cada país, en mayo pasado convino reunirse "el primer semestre de 2015". Además, se espera que durante el resto de este año comience a operar el sistema de control fronterizo integrado, que apunta a unir los trámites de inmigración y aduaneros de los puntos de Chacalluta, por el lado chileno, y Santa Rosa, por el peruano.
La Corte fue clara en fijar pautas de la implementación del fallo: ambos países deberían comenzar por consensuar las coordenadas exactas por las que pasará la línea equidistante definida por la Corte, comprendida entre las 80 y las 200 millas marítimas.
Ello implica que, probablemente, Santiago y Lima deban conformar una comisión conjunta para zanjar el punto. Y una vez que ello ocurra, ambos países deberán configurar una cartografía que no deje lugar a dudas del nuevo límite marítimo, que dejó a Chile sin parte de su zona económica exclusiva.
Al no pronunciarse sobre una modificación al límite terrestre -argumentando que ello ya fue zanjado en el Tratado de 1929-, la Corte no acogió uno de los aspectos más delicados de la demanda limeña. Y que en cierta forma es, para Chile, un resultado más auspicioso que si hubiese avalado la pretensión limeña de fijar el Punto Concordia o Punto 266 como el último punto de la frontera terrestre más cercano a la costa.
Pero el hecho de que el fallo deje pendiente dicho asunto abre cierto grado de incógnita. En rigor, el Tratado del 1929 deja a EE.UU. como postrera instancia para zanjar desavenencias. Pero aún ambos países deberán definir qué curso de acción toman, lo que incluye pronunciarse sobre una eventual negociación bilateral.
Y es ahí donde parecen cobrar sentido las palabras que dijera el miércoles de la semana pasada el Presidente Sebastián Piñera, cuando hizo notar que "la forma más inteligente de implementar este fallo es en base al diálogo y la búsqueda de acuerdos". De seguirse esta vía, ambos países deberían, por ejemplo, conformar una o más comisiones.
Una de las razones para que Chile opte por este camino es la intención del gobierno de que el fallo se convierta en el último capítulo de las controversias limítrofes con Perú, y que no vuelvan a plantearse nuevos conflictos. Si ello no fuera posible, ya sea por la negativa de Lima a negociar con Santiago, o si dichas tratativas no prosperan, quedaría como opción recurrir a Washington. Pero por lo general la óptica chilena es tratar de evitar que EE.UU. tenga un rol de peso en un asunto como éste.
Crucial será saber si ahora Lima, sabiendo que obtuvo al menos parte de su demanda, desiste o no de su punto respecto del Tratado de 1929.
Como la corte confirmó el paralelo que pasa por el Hito 1 -en sus primeras 80 millas marítimas- como la frontera marítima, desestimando esa parte de la demanda peruana, dicho país debería modificar las leyes y documentos en las que fijó dicha frontera dentro de lo que hasta esta mañana era la zona en disputa. Entre éstas podría encontrarse su Ley de Líneas Base, la misma que ubicó su límite marítimo más al sur.
Pero como desde la milla 80 en adelante la Corte fijó como nuevo límite la línea equidistante, ello se debería traducir en una serie de cambios legales y de otra índole en Chile, más allá de la mera delimitación cartográfica. Falta por precisar si esto afectará en los términos actuales de la Ley de Pesca y otras.
Lo anterior implicará que deban presentarse reformas a algunas de dichas normas en el Congreso, con lo que -a menos que el Ejecutivo y el Legislativo decidan tramitarlas con la mayor celeridad posible- el impacto político y mediático se extenderá a otro frente y seguirá vigente en la agenda por al menos algunas semanas. Y dependiendo de qué tan recargada esté la actividad parlamentaria con el programa de gobierno de Michelle Bachelet.
En cualquier caso, que parte de la implementación del fallo depende de la tramitación legislativa impone de por sí otro punto. El discurso de afrontar el proceso con "unidad" y como "política de Estado" tendrá que pasar la prueba de que los parlamentarios aprueben las modificaciones legales con unanimidad, o al menos mayoría muy amplia.
