Una amplia ofensiva fiscalizadora sobre las fundaciones vinculadas y dependientes del cargo de la Primera Dama -hoy Cecilia Morel de Piñera- decretó a comienzos de julio el Consejo de la Transparencia, luego de tres casos anteriores en que algunas de dichas entidades se negaron a entregar información que había sido solicitada por particulares, al amparo de la ley de transparencia.

La decisión de la entidad que preside Jorge Jaraquemada Roblero fue adoptada, trascendió, por la unanimidad de sus consejeros. Y se materializó a través de un oficio enviado el pasado 15 de julio a siete de dichas organizaciones: Fundación Chileenter, Fundación Artesanías de Chile, Fundación Tiempos Nuevos y Fundación Orquestas Juveniles de Chile, y también a Fundación Integra, Fundación para la Familia y Fundación Prodemu.

A todas ellas se les requiere perentoriamente publicar en sus respectivos sitios web una serie de antecedentes que hasta ahora no se encuentra a disposición del público.

El documento sostiene que el consejo "ha resuelto requerir a usted que incorpore en la página web de la entidad de su representación, de manera completa y actualizada, toda la información a que se refiere el artículo 7 de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento y las Instrucciones Generales 4, 7 y 9 de este Consejo".

El artículo 7 de la norma establece que los órganos de la administración afectos a ella deberán tener publicados en sus sitios electrónicos -y actualizados una vez al mes, por lo menos- datos como su personal de planta, contratos y honorarios, con sus sueldos; las contrataciones de asesorías, consultorías y estudios, con sus contratistas detalladamente identificados; las transferencias de fondos públicos que efectúen, y los montos asignados a programas de subsidios y otros beneficios que se entreguen. Lo anterior, entre varias otras exigencias.

El mismo oficio advierte explícitamente que el cumplimiento de lo anterior "será verificado por la Dirección de Fiscalización de este Consejo en el proceso de fiscalización que se realizará en el próximo mes de octubre" .

El caso Integra y la respuesta de Morel

La decisión del consejo se adoptó luego que en al menos tres ocasiones anteriores, otras fundaciones dependientes de la Primera Dama denegaran antecedentes solicitados por particulares a través de la ley de transparencia. En dichos casos, uno de los argumentos principales que se esgrimieron fue que la naturaleza de dichas entidades no las obligaba a cumplir con las mismas exigencias a las que están sujetos otros organismos de la administración del Estado.

En todos ellos (Fundaciones Integra, Para la Familia y Prodemu), el Consejo ganó los respectivos recursos ante la Corte de Apelaciones -máxima instancia en estos casos- que determinó que los antecedentes fueran entregados a quienes los requerían.

Uno de los primeros casos se remonta a abril del 2011, cuando el concejal PS por Calera de Tango, Marco Antonio Jofré, pidió a Fundación Integra acceso a la información sobre tres puntos: detalles sobre la planta de personal y remuneraciones, "los gastos realizados con la donación de US$3 millones entregados por el gobierno australiano", en 2010, y el destino de US$100 mil "entregados por el Sr. Ricardo Arjona para la reconstrucción del Jardín Infantil Chacra Alicia de la localidad de Dichato".

Entonces Integra denegó la petición, argumentando que es "una institución de derecho privado, sin fines de lucro", y que por tanto no le son aplicables las normas de la Ley de Transparencia. Además sostuvo que estaba obligada a mantener la privacidad de datos de terceros. El consejo, entonces presidido por el ex diputado RN Raúl Urrutia , desestimó lo anterior y ordenó cumplir con lo pedido, ante lo cual Integra recurrió de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, instancia en la que perdió.

Dicho caso en su momento provocó molestia en La Moneda y fue uno de varios que gravitaron para que el gobierno decidiera no renovar el mandato de Urrutia y del entonces consejero Juan Pablo Olmedo.

Además, fue la única vez que la Primera Dama se ha referido al asunto. El 6 de octubre de 2011 fue consultada a la salida de una liturgia ecuménica en Palacio, ante lo cual contestó que "se está aclarando, porque justamente las fundaciones no está sometidas a las leyes de los otros organismos del Estado. Pero nosotros no tenemos ningún problema en, voluntariamente, mostrar y abrir nuestros registros para poder ver qué se hicieron las donaciones, qué se construyó, y las agradecemos. No sólo de Ricardo Arjona, sino también del gobierno australiano y otras empresas que nos permitieron reconstruir todos los jardines dañados".

Ante la pregunta de si entonces se entregarían los antecedentes pedidos, Morel contestó que "no estoy metida en el detalle, pero nosotros no tendríamos problemas en mostrar esos antecedentes".

Un caso similar fue el de la Fundación Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu). En abril de 2013 Rosario Correa Gómez presentó un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa, ya que en el website sólo se encontraba su organigrama. Prodemu se defendió en sus descargos de que no estaba sujeta a la ley, y que "la mera transferencia de fondos no convierte a una persona jurídica de derecho privado en un órgano o servicio público". Pese a ello, el desenlace fue similar.

El oficio enviado por el Consejo de Transparencia cita estos tres casos para justificar su requerimiento fiscalizador sobre las siete fundaciones, señalando que en los tres primeros casos "estas organizaciones son sujetos obligados por la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información del Estado", y que "por las mismas razones, esta conclusión es plenamente aplicable" a las otras cuatro entidades.

Qué información exhiben hoy

Al menos hasta hoy en la mañana, Fundación Chileenter no disponía en su web del enlace a transparencia activa ni tampoco de información relevante en ese sentido. Fundación Artesanías de Chile, en tanto, tampoco dispone del enlace en cuestión, aunque sí de un apartado titulado "Transparencia Voluntaria".

Respecto a la Fundación Tiempos Nuevos, en el website del Museo Interactivo Mirador se lee que "Fundación Tiempos Nuevos no está obligada a cumplir con el principio de transparencia activa que dispone la Ley de Acceso a la Información Pública Nº 20.285 ni su respectivo reglamento, sin perjuicio de lo cual ha decidido voluntariamente entregar la siguiente información", luego de lo cual se listan antecedentes como personal contratado y contratos vigentes, entre otros antecedentes.

Fundación Orquestas Juveniles, en tanto, no dispone en su website de ningún enlace ni información individualizada explícitamente como "transparencia", ni antecedentes internos de la entidad.