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Luis Hermosilla y el caso exonerados: "Las responsabilidades hay que buscarlas en el Ejecutivo, no en el Legislativo"

"Tenemos que centrar la etapa inicial en las actuaciones de los funcionarios públicos (...). los parlamentarios simplemente emitieron un documento y no tenían capacidad resolutiva", señala el jurista que asesora a Interior. Responsabilidad de Lagos y Bachelet: "La figura presidencial está muy lejos de donde ocurren los hechos y las calificaciones".

por:  Sebastián Minay
viernes, 07 de junio de 2013

Foto ALEJANDRO BALART

A nombre del gobierno, junto con el abogado Juan Domingo Acosta, presentará la próxima semana una denuncia por presuntos ilícitos en la entrega de beneficios previsionales a exonerados políticos que no tendrían esa condición, escándalo que recobró actualidad a raíz de un informe de la Contraloría.

El penalista Luis Hermosilla -que se ha transformado en el abogado preferido del Ministerio del Interior haciéndose cargo de temas como "Plan Frontera Norte", la presunta manipulación de datos en el último censo por parte del INE y el asesinato del matrimonio Luchsinger MacKay- entró de lleno en el "caso exonerados" arremetiendo contra el Consejo de Defensa del Estado por su inacción frente a las irregularidades investigadas por la Contraloría y el Ministerio Público.

-Usted contrastó la rápida decisión de la Corte Suprema de designar una ministra en visita con la inactividad del Consejo de Defensa del Estado...

-Es evidente la inactividad del CDE en un caso donde están comprometidos cuantiosos dineros fiscales. Lo que sí ha hecho es trascendidos.

-Según los cuales, le habría advertido al gobierno que la causa no tenía ningún destino porque se trata de hechos prescritos.

-A mí me parece que un órgano público se tiene que expresar en forma pública y de manera responsable, a través de los canales que corresponde y dando la cara.

-¿El Ministerio del Interior está atado de manos en el plano penal si el CDE no actúa?

-El ministerio puede presentar denuncias y el IPS (Instituto de Previsión Social) deducir querella y es lo que vamos a hacer. La acción penal del gobierno consiste en poner en conocimiento de las autoridades que corresponda, sea el Ministerio Público o la ministra en visita, todos los antecedentes que tenga en relación con estos hechos y eso estamos haciendo.

-¿Qué diferencia hace que actúe o no el CDE?

-La frase de Lagos de que lo importante es que las instituciones funcionen es perfectamente aplicable a este caso. La Corte Suprema resolvió con celeridad la designación de un ministro en visita y la Contraloría revisó 9 mil casos, emitió un informe y ordenó sumario administrativo. Son instituciones que funcionan. El Ministerio Público lleva un tiempo más que prudencial y las actividades que ha realizado son escasas, aunque puede haber sobrecarga de trabajo así que no quiero hacerle una imputación a la fiscal, que ha tenido casos de alta connotación que le han requerido tiempo.

-¿El rol del CDE es decisivo para suspender los pagos o recuperar los beneficios indebidos?

-En materia patrimonial el rol del Consejo es esencial. El tema de recuperar fondos, si bien importante, no es lo más urgente hoy día. Lo urgente es tratar de impedir que se siga produciendo el egreso indebido de dineros mes a mes e investigar la existencia de posibles delitos. Atendido que el CDE no ha ejercido acciones en esa materia, el subsecretario del Interior va a presentar una denuncia y el IPS deducirá una querella.

-¿Cómo influye que el caso se dé en un año electoral y en medio de una campaña polarizada?

-Probablemente hace más difícil la investigación, pero no hay un invento en esto. Fue la Contraloría la que decidió autónomamente el 9 de mayo entregar el informe. Lo que ocurre a continuación es el cumplimiento de obligaciones.

-Una cosa es que se cumpla una obligación y otra que se genere una ofensiva política con emplazamientos y el gobierno tomando cartas.

-Esa es una consecuencia natural, cualquiera sea el signo político, atendida la magnitud del problema. Lo grave aquí es la magnitud del problema y que se haya aprovechado una iniciativa de absoluta justicia y contenido ético profundo como la reparación de los que sufrieron violaciones en sus derechos fundamentales durante la dictadura militar, para cometer fraudes.

-Hay dudas respecto a la prescripción.

-Lo importante es esclarecer los hechos, el tema de la prescripción se resolverá más adelante. La Corte Suprema designó ministra en visita en relación a casos que son anteriores al 2005.No está diciendo que está prescrito.

-¿Cuánto puede demorar un caso como éste?

-Por nosotros que sea lo menos posible. En mi opinión tenemos que centrar al menos la etapa inicial en las actuaciones de los funcionarios públicos involucrados en los hechos. Eso es menos que los miles de casos de particulares involucrados.

-¿Los parlamentarios que emitieron certificados deben ser objeto de alguna acción penal?

-Hay que distinguir. Una es la acción de los funcionarios públicos que calificaban a los supuestos exonerados. Tenemos que partir por ahí. Distinto es el caso de los parlamentarios, que simplemente emiten un documento que era un insumo más que tomaba en cuenta la comisión y no tenían la capacidad resolutiva que sí tenían los funcionarios que trabajaban en el tema de los exonerados en el poder ejecutivo. Aquí las responsabilidades hay que buscarlas en el Ejecutivo y no en el Legislativo.

-Hay tres instancias: la comisión, el subsecretario, y el Presidente. ¿Esa figura es intocable?

-No es que sea intocable. Me parece que la figura presidencial está muy lejos de donde ocurren los hechos y las calificaciones.

-¿O sea no se puede terminar llamando a declarar a Bachelet o Lagos?

-No son definiciones que tenga que tomar yo. Pero lo que quiero decir es que para que la investigación sea eficiente tiene que ser rápida, y centrarse en aquellas personas que tuvieron contacto directo con los antecedentes y que atribuyeron la condición de exonerados a quienes no lo eran. No hay que perder el tiempo en diluirse en otras autoridades o personalidades que si bien pueden haber tenido jurídicamente algo que ver con el sistema, no tenían que ver en los hechos con la materialidad de los documentos que se evaluaban.

-¿No hay que diluirse en esas autoridades aún cuando una de ellos sea la candidata de la Concertación?

-Me parece que eso es irrelevante, aquí no se están evaluando candidatos.

 
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