por:  UPI

jueves, 30 de mayo de 2013

SANTIAGO.- La ministra secretaria general de Gobierno, Cecilia Pérez, anunció que pedirán que al Consejo de Defensa del Estado pronunciarse sobre los antecedentes del informe de la Contraloría General de la República que reveló que la Oficina de Exonerados Políticos habría emitido indebidamente la resolución que otorga la calidad de exonerado político a al menos tres mil postulantes entre los años 1998 y 2011.

Esta "máquina eventualmente armada para defraudar al fisco" en palabras de la ministra, permitió que se les entregaran más de 29 mil millones de pesos a personas que no debían haber accedido al beneficio para trabajadores exonerados.

"Estamos hablando para que la gente lo sepa, no solamente de la gravedad de esta máquina eventualmente armada para defraudar al fisco, sino que estamos hablando de recursos de todos los chilenos. 29 mil millones de pesos que hasta ahora tenemos calculados según el examen aleatorio que hizo la Contraloría General de la República, dinero que por ejemplo equivale a la construcción de dos hospitales, hospitales como hoy día por ejemplo necesitan y demandan los vecinos de Quellón", expuso la vocera de La Moneda.

"Queremos claridad, queremos la información que sirva para dar con los responsables y sus eventuales responsabilidades y queremos que aquellos que tuvieron la participación de cara al país asuman lo que hicieron", enfatizó Cecilia Pérez.

Responde a Lagos

Aludiendo dichos del ex presidente Ricardo Lagos, que comentó el tema planteando que una "teoría del empate" no le hace bien al país, Pérez resaltó que "no se puede empatar algo tan grave. En ese sentido más allá que buscar excusas, lo que corresponde es que se dé la información y se reconozcan los hechos".

Además la ministra explicó el caso de los certificados que emitió su par de Interior, Andrés Chadwick, cuando era senador por O'Higgins. Por ello pidió al diputado y timonel del PS, Osvaldo Andrade dejar "de falsear información".

"En ese entonces el senador Chadwick lo que hizo frente a la consulta de si una empresa de la sexta región había sido una empresa intervenida por el Estado, fue reconocer esa calidad. Muy distinto es haber emitido certificados individualizados señalando una condición laboral que no tenían personas ligadas particularmente personas ligadas a partidos como el Partido Socialista y el Partido Comunista", afirmó la secretaria de Estado.