Política
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La trastienda de una acusación constitucional que tiene difícil pronóstico

Aunque pocos abrigan esperanzas de que el mecanismo prospere y termine con la destitución del ministro de Educación Harald Beyer, en la oposición estiman que abortarla puede significar mayores costos políticos en vísperas de nuevas movilizaciones estudiantiles y el esperado regreso de Michelle Bachelet a Chile.

por:  La Segunda
viernes, 22 de marzo de 2013

El ministro Beyer, en la comisión de Educación de la Cámara.


La primera movilización convocada por los universitarios para el próximo 11 de abril, y el esperado regreso de Michelle Bachelet al país la semana venidera, son dos de los factores políticos principales que primaron en la decisión de los partidos de oposición para llevar adelante la acusación constitucional contra el ministro Harald Beyer.

Aunque, como ha quedado en evidencia en estos días, la acusación ha generado visiones encontradas al interior del bloque opositor, los partidos dieron luz verde a la iniciativa de sus diputados de presentar el libelo contra el titular de Educación porque estimaron que abortarla podía significar mayores costos políticos en momentos que los estudiantes reinician sus movilizaciones y el tema volverá a adquirir renovada visibilidad.

"A lo mejor no se le puede destituir (al ministro) pero sí se establecerá su responsabilidad política y moral", señaló esta mañana el presidente del Senado, Jorge Pizarro , resumiendo las escasas expectativas que se abrigan en los círculos políticos opositores de que la acusación sea finalmente aprobada.

Votos no alcanzarían para aprobar «cuestión previa»

En La Moneda han sacado cuentas y concluyen que no alcanzan los votos ni siquiera para que el libelo pase la primera barrera de admisibilidad, la llamada "cuestión previa".

En el Congreso no se hacen cálculos muy distintos, aunque los propios diputados opositores críticos a la acusación han advertido que sí aprobarán la "cuestión previa" para que se entre al fondo del tema y por esa vía se enjuicie la gestión educacional del gobierno del Presidente Piñera y su postura frente al lucro.

Pocos recuerdan que la génesis de esta acción constitucional se remonta al fallido trabajo de la comisión investigadora del lucro en la educación superior, que presidió en su momento la diputada ex PRI Alejandra Sepúlveda y cuyo informe final terminó rechazado en la sala de la Cámara.

Sin resignarse a la derrota, Sepúlveda y los diputados PPD más críticos del ministro Beyer, Rodrigo González y Cristina Girardi, entregaron el informe al Fiscal Nacional e iniciaron gestiones para presentar una acusación al secretario de Estado. El tema quedó pendiente en enero ante la llegada del receso parlamentario y se reactivó en los primeros días de marzo.

La voz cantante la asumieron nuevamente la diputada Sepúlveda y los diputados PPD, quienes contaron con la ayuda del activo lobby de los dirigentes de la CONFECH -que estuvieron operando esta semana en los pasillos de la Cámara- para terminar convenciendo a las bancadas del PPD y el PS, además de la DC, aunque esta última con mayores reticencias.

Efecto "bumeran"

En los debates internos en las bancadas de oposición surgieron voces críticas respecto a la oportunidad de esta acción y sobre todo advirtiendo sobre el "efecto bumeran" que podría tener el libelo al facilitar que los propios ministros de Educación de la Concertación pasarán también a acompañar a Beyer al banquillo de los acusados responsabilizados de no haber hecho nada por impedir el lucro en las universidades privadas.

Tras arduas discusiones, al final primó el criterio de justificar la acusación como parte del ejercicio de las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados y que había que mantenerse en sintonía con la posición de la Confech , cuyos dirigentes planean acudir al Congreso el día que se vote el libelo en el hemiciclo.

También estuvo presente en los análisis de los partidos y las bancadas la acusación que en su momento significó la destitución de la ministra Yasna Provoste, que terminó inhabilitándola por cinco años para postular a un cargo de elección popular. Aunque se mantengan dudas sobre su viabilidad, en la DC apoyan esta suerte de "vuelta de mano" ante lo que consideraron una acusación arbitraria contra la ex ministra.

Finalmente, no estuvo ausente el "factor Bachelet" en los análisis políticos de las fuerzas opositoras, sobre todo en el PS y el PPD. En este punto, la mayoría coincidió en que abortar la acusación habría creado la imagen de una "operación política" de los sectores bacheletistas para evitar el juzgamiento a la gestión educacional del gobierno de la ex mandataria, activando con ello la hostilidad del movimiento estudiantil.

Lo que no estaba en los cálculos, fue la salida de libreto del presidente del PPD, Jaime Quintana, y sus cuestionamientos a la presentación del libelo, que generaron molestia en el PS. Y que evidencian a una oposición dividida justo cuando Bachelet está a punto de llegar.

Un dirigente PS asegura que Quintana "nos disparó en el pie", porque abrió un espacio para que el gobierno y los partidos oficialistas salieran a cuestionar a Bachelet.

Por ello, en las últimas horas se ha intentado "silenciar" las críticas al interior del bloque y retomar las conversaciones en las bancadas de diputados.

Girardi defiende a Quintana

En tanto, una defensa a Jaime Quintana realizó el senador PPD Guido Girardi , luego que el timonel del PS, Osvaldo Andrade, calificara de "impertinente" sus declaraciones contra los fundamentos de la acusación.

En una muestra más que este tema ha dividido a la oposición, Girardi dijo que "Jaime tiene derecho a tener opiniones propias también. Yo defiendo su derecho a discrepar, aun cuando no comparto su punto de vista".

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