Se lo recordó a algunos de sus colaboradores en el Comité Político, con quienes ayer por la tarde -en la primera sesión de vuelta de sus vacaciones- analizó el caso. Enterado el pasado viernes 25 de enero que Carabineros había detenido a tres soldados bolivianos que se internaron armados en territorio chileno, al Presidente Sebastián Piñera le apremiaba que de inmediato se les expulsara del país. Y que eso se concretara antes de que al día siguiente llegara a Santiago su par Evo Morales, para participar en la Cumbre CELAC-UE.

"¡Yo quería que los sacaran antes de que llegara Evo!" es la versión que hoy relatan en La Moneda: para el gobernante -aun cuando ese día tenía su agenda más que recargada ante el masivo arribo de dignatarios extranjeros- era urgente que el asunto se resolviera de esa forma y así lo instruyó entonces. Debió haberse hecho, dicen, en cosa de horas... para así evitar lo que terminó pasando: que lo que comenzó como un incidente fronterizo tensionara un fin de semana largamente planificado para que fuera un rotundo éxito.

Y que además fuera amplificado por la dura intervención del presidente Morales en el foro -retrucada con no menos energía por Piñera-, para luego escalar durante febrero y tomarse mediáticamente la agenda internacional de Chile. Impacto que no previeron en Palacio.

A estas alturas La Moneda está convencida de que Morales jugó sus cartas para mantener encendida la polémica por dos vías. Una, sus constantes declaraciones culpando a Santiago de lo ocurrido, y dos, la estrategia de la defensa de los tres militares de dilatar todo lo posible el caso.

Por eso es que en los últimos días la ya extensa polémica abrió la insistente interrogante -y crítica- de por qué Santiago no cerró el episodio expulsando a los militares rápidamente. Tal como lo pidió el Presidente ese viernes y tal como se había hecho en incidentes anteriores.

El episodio de 2011

Es lo que pasó, por ejemplo, en junio del 2011 , cuando en un delicado operativo, carabineros detuvo a 14 soldados bolivianos, sorprendidos en suelo chileno a bordo de vehículos robados. El incidente -que motivó una nota de protesta diplomática- se registró el 16 de ese mes, y tres días después, el 19, la fiscalía suspendió el proceso y se procedió a la expulsión. Es el caso más recordado porque Morales lo cerró ascendiéndolos de grado y condecorándolos .

Para algunos, el gobierno no quería que se repitiera esa misma escena y que La Paz lo ocupara a su favor, lo que explicaría que no se les expulsara de inmediato. Pero esta semana La Moneda ha insistido en que si no se procedió así no es porque no se quiso, sino porque legalmente no se podía. Una cadena de explicaciones jurídicas ha sido el argumento central.

Entre lcercanos a Piñera sostienen que hay diferencias con el episodio del 2011. Que ahora los soldados ingresaran con un fusil FAL -armamento de guerra- elevaba las penas a 5 años y un día según la Ley de Control de Armas. Otro punto, dicen, es que en 2011 el caso quedó en manos de la fiscalía militar, pero debía haber sido tramitado por el Ministerio Público. Es lo que se hizo ahora, pero apenas eso ocurrió -y en eso insisten en La Moneda- quedó bloqueada la vía para la expulsión administrativa, que firma Interior.

¿Hubo margen de tiempo entre la detención de los soldados y la entrada en escena de la fiscalía? En el gobierno dicen que muy poco o nada. ¿Se alcanzó a tramitar el decreto de expulsión? Si es que se llegó a hacer, señalan, lo hizo la intendenta de Tarapacá, Luz Ebensperger .

Pero el asunto del decreto cayó en una confusa maraña de testimonios luego que ayer la prensa boliviana afirmara que tales documentos estaban listos para ejecutarlos apenas se cierre el caso.

Todo este conflicto podría cerrarse de una vez si, por ejemplo, la justicia chilena desistiera del caso o lo sobreseyera, y así se les pudiera expulsar. Pero La Moneda no está dispuesta a mostrar debilidad y sentar precedente para que el incidente se repita.

Ello, porque -cuentan- los incursores ya habían penetrado casi 20 kilómetros en suelo chileno (no dos, como trascendió el mismo día del hecho) y que es imposible que no se percataran que habían cruzado la frontera: el relato recogido por el fiscal indica que los bolivianos se bajaron del auto con las manos en alto apenas fueron interceptados. "El gobierno no va a permitir que este tipo de cosas pasen", se reafirma con fuerza, añadiendo que todo indica que los uniformados participan en el aparato de contrabando de vehículos.

La otra posibilidad de un desenlace inmediato, el juicio abreviado, ya está descartada: para eso los soldados deberían "colaborar" (hasta ahora sólo ha declarado uno de ellos, y su defensa ha presentado recursos de amparo, que retrasan la causa), y además el abogado Roberto Celedón ya se negó de plano.

En último caso, se hace ver, la expulsión podría quedar en manos de la justicia y no de Interior, ya que recientemente el Congreso aprobó una ley -que si bien no ha entrado en vigencia sí se ha comenzado a aplicar- que permite echar mano a normas prorreo que sustituyen la prisión por la salida del país. Pero eso, nuevamente, depende de la 'colaboración'.

De momento, las gestiones diplomáticas por destrabar el caso han estado en manos del Canciller Alfredo Moreno , quien ha conversado con su par David Choquehuanca ... pero sin resultados. Piñera, se afirma, no ha hablado con Morales .

Con todo, en La Moneda creen que así como el conflicto es políticamente rentable para el mandatario altiplánico, algo parecido debiera ocurrir con el gobernante chileno. El concepto de la defensa de la soberanía suele ser apreciado y es una de las áreas fuertes del Presidente en el campo de la opinión pública.

Mayores certezas en ese punto están por verse: el impacto de los hechos más recientes aún no es medido en detalle por las encuestas internas del gobierno.