A requerimiento de la Contraloría General de la República, la Subsecretaría del Interior inició una investigación sumaria a la directora ejecutiva del Programa de Derechos Humanos de dicha repartición por presuntas faltas a la probidad.

La situación afecta a la abogada Rossy Lama , a quien la Contraloría le imputó presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento de jornada laboral y gastos excesivos en telefonía móvil, además de permisos laborales y vacaciones improcedentes otorgados a personas contratadas bajo régimen de honorarios.

El ente contralor emitió un dictamen a solicitud del diputado José Pérez (PRSD), con fecha 25 de enero, donde confirma que Lama gastó un total de $ 5.769.186 en el uso de un celular institucional durante un viaje a Estados Unidos a un curso, entre el 24 de agosto y el 16 de septiembre de 2012.

El informe añade que a la profesional se le habían asignado seis celulares entre marzo de 2010 y septiembre de 2012 , siendo el último un iPhone sin tope de minutos, porque los anteriores habían sido inutilizados o robados.

Asimismo, la abogada dejó de realizar desde agosto del año pasado el registro biométrico de asistencia , haciéndolo en lugar de ello a través de una forma manual en una planilla (presuntamente a raíz de una lesión en la pierna que le impidió acercarse al dispositivo), lo que impidió un control efectivo de asistencia.

La Contraloría objetó igualmente que a tres funcionarios del programa de DD.HH. se les concediera prerrogativas como días administrativos, licencias médicas y vacaciones en circunstancias que no resultaban procedentes por tratarse de personal a honorarios . Al respecto, se ordenó los respectivos reintegros de las sumas percibidas indebidamente en los días que se hicieron uso de los beneficios descritos.

A raíz de las irregularidades administrativas consignadas en el informe, la Subsecretaría del Interior informó que en la misma fecha de recepción del documento de Contraloría, "se decretó el inicio de un procedimiento disciplinario con el objeto de esclarecer los hechos, designándose como fiscal a un abogado de la dirección jurídica".