Fuertemente crítico de las medidas adoptadas por el gobierno para enfrentar la violencia en La Araucanía, el diputado PS Marcelo Schilling tiene experiencia a la hora de enfrentar la acción de grupos armados, y así lo acredita su rol a comienzos de los años noventa como encargado de «La Oficina», entidad que creó el ex Presidente Aylwin, tras el asesinato del senador Jaime Guzmán, con la misión de desmantelar a organizaciones violentistas como el Frente Manuel Rodríguez y el Mapu-Lautaro.

Schilling asegura que tiene un lado familiar de origen mapuche que viene de su abuela materna, y no duda en calificar el asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay como "un crimen atroz que si hubiera sido cometido durante el gobierno de Aylwin, no le quepa duda que habría sido perseguido con el mismo rigor que fueron perseguidos los crímenes del FPMR y el Lautaro en su época".

Al concluir su período como jefe de bancada del PS, y tras quedar fuera del Comité Central que definirá a la nueva directiva de su partido, Schilling entrega su visión del llamado conflicto mapuche y cómo debe ser abordado.

-Un columnista señaló el fin de semana que el crimen de Vilcún es el hecho de violencia política más grave desde el asesinato de Jaime Guzmán. ¿Está de acuerdo?

-Sí, porque lo que estamos viendo con la reacción del gobierno de acentuar la presencia policial y judicializar en extremo el conflicto, revela un cambio en la situación, similar a lo que pasó con el asesinato del senador Guzmán. Al inicio de la transición hubo hechos de violencia, pero nunca se pensó que pusieran en jaque la estabilidad del país, y lo de Guzmán cambió la situación. El conflicto en La Araucanía ha adquirido ribetes de violencia política con el accionar de grupos armados, y el asesinato de los Luchsinger MacKay cambia cualitativamente la situación llevándola a otro nivel. Pero el gobierno ha equivocado el camino.

-¿Por qué?

-Alguna experiencia tengo en esto de enfrentar la violencia política de los grupos armados, y quiero decir que si en su oportunidad no se hubiesen tomado medidas como llevar adelante el Informe Rettig, hacer las leyes de reparación y levantar las limitaciones que imponía la ley de Amnistía, todo eso se habría convertido en bandera de lucha de los grupos violentistas. Hoy día, lo primero que debió hacerse es buscar un acuerdo de todas las fuerzas políticas del país para llevar adelante medidas que eliminen todo pretexto de legitimidad para estos grupos. Eso significa consagrar el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche, poner en aplicación efectiva el convenio 169 de la OIT y, en mi opinión, derogar la Ley Antiterrorista, que se ha convertido en una ley anti-mapuche. Ni a Pitronello le aplicaron esa ley y eso claramente es una discriminación.

"La represión empeora las cosas"

-¿Tampoco debió aumentarse la dotación policial en la zona?

-La exacerbación de las medidas puramente policiales y la represión empeora las cosas porque cada nueva víctima mapuche añade más leña a la hoguera, y es una nueva bandera de lucha para estos grupos. El gran mérito que tuvo el Consejo Coordinador de Seguridad Pública, «La Oficina», es que hizo su labor con estricto apego a las libertades y garantías individuales y al Estado de Derecho, sin ninguna denuncia de violación a DD.HH., ni siquiera de maltrato.

-¿Con qué herramientas se combate entonces a estos grupos violentistas en democracia?

-Lo primero es aislar política, cultural y socialmente este fenómeno de la violencia. ¿Por qué? Porque finalmente la lucha de ellos es política, lo que buscan es la simpatía del pueblo y en la adhesión de una parte del mismo ellos encuentran apoyo logístico, encubrimiento, nexos, redes, en fin. Para privar de todo eso a estos movimientos hay que aislarlos, y si se les quiere aislar del pueblo mapuche, hay que responder a las cuestiones de fondo que ya dije.

-¿Ha habido también una deficiente labor de inteligencia?

-Creo que lleva demasiado tiempo el conflicto como para que no se hubiera logrado avances. Si esto es así parece que hay un problema con la capacidad de las policías.

-El brutal asesinato del matrimonio Luchsinger-MacKay muestra que no basta sólo con el aislamiento político de estos grupos.

-No necesita hacerme esa pregunta porque soy la prueba viviente de que no basta con medidas de aislamiento político, social y cultural. Yo lo hice. Pero también sé que hay que ser quirúrgico, porque si se tira al voleo y se producen más víctimas, al final la bola es más grande que la que se está tratando de detener.

"¿Para qué citar a la ANI con escándalo?"

-¿Qué fenómeno se vive, a su juicio, en La Araucanía: uno delictual o derechamente de insurgencia?

-Claramente son grupos con motivación política, sus reivindicaciones son políticas y tienen que ver con lo que ellos consideran las causas ancestrales del pueblo mapuche.

-¿Son grupos terroristas?

-No, porque el terrorismo está tipificado internacionalmente como una acción del Estado contra sus ciudadanos, no se trata de grupos de particulares contra otros. Si se piensa que aquí estamos frente a grupos terroristas algunos se van a tentar con medidas extremas, como aplicar estados de excepción; ése es un camino completamente equivocado y conduce al precipicio porque militariza la situación y da una imagen de un Estado policial y represivo.

-En La Araucanía la gente se queja de desamparo del Estado y le exigen a las autoridades mano dura.

-A la gente hay que proporcionarle lo que está obligado el Estado, que es orden y seguridad como bien público esencial. ¿Pero por qué esto tiene que ser con escándalo? La ANI citó a una reunión extraordinaria y hoy día todo Chile sabe dónde está la ANI y quiénes son los generales de inteligencia. Una idiotez completa, porque estas cosas se hacen en reserva. Nosotros también en su oportunidad nos desesperábamos con Mario Fernández y Jorge Burgos, porque a veces no avanzábamos en lo que teníamos que lograr, que era pacificar el país y terminar con estos grupos, pero no salimos a hacer estos escándalos.