Como en un cuento de Borges o una novela de Eco…

Un hombre, en Madrid, busca, afanado, entre los papeles de un inmenso archivo, el del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. De pronto, sonríe. Ha encontrado algo: una carta del embajador peninsular en Lima dando cuenta de la discusión en el Congreso peruano de la Declaración de Santiago, de 1952. En la nota, el diplomático reporta cómo, durante ese debate, una figura destacada de la política del Rímac, el congresista Juan Manuel Peña Prado, explicaba a sus pares que dicha declaración, junto a los convenios de Lima, de 1954, tenía entre sus objetivos “establecer las fronteras marítimas entre los países firmantes”. ¡Una prueba más!

La historia de cómo Chile preparó su defensa ante La Haya abunda en escenas como esa, de búsquedas obsesivas de documentos, pero también en complejos análisis políticos, jugadas estratégicas y citas reservadas.

Una saga extendida por más de una década y cuyos resultados empezaron a conocerse la semana pasada, al hacerse públicas las cientos de páginas con las presentaciones escritas realizadas por nuestro país en la Corte Internacional de Justicia y, luego, los alegatos del equipo jurídico destinados a demostrar que, más allá del reclamo peruano, ambos países convinieron en los 50 una frontera marítima que han respetado por 60 años.

Si se ha de fijar una fecha para el inicio de este relato, debiera ser noviembre de 2000, cuando, a través de una nota diplomática, el declinante régimen de Alberto Fujimori cuestionó la carta náutica presentada por nuestro país ante la ONU y aseguró que no existía una delimitación oceánica acordada. Fue el primer aviso. No era claro hasta dónde estaba dispuesto Perú a jugar sus cartas, menos cuando su compleja situación interna —caída de Fujimori, gobierno interino de Valentín Paniagua, triunfo de Alejandro Toledo— parecía relegar a segundo plano los temas bilaterales.

Aun así, las alertas en Santiago habían sido encendidas. Por eso, la Cancillería —encabezada por Soledad Alvear— encargó a la Dirección de Fronteras y Límites, liderada por la especialista en derecho internacional María Teresa Infante, asumir el tema, con el apoyo de la Dirección Jurídica, con el abogado Claudio Troncoso al frente. La idea era ir acumulando antecedentes. “Estar preparados”, fue la consigna.
«Halcones» de Torre Tagle se imponen

Si en los primeros años el destino de esa labor era incierto, las cosas cambiaron en 2004. Al cauteloso Allan Wagner sucedió como canciller en Perú un Manuel Rodríguez Cuadros decidido a reavivar el tema. Tanto, como para enviar a Chile ese año una nota diplomática invitando a iniciar negociaciones para definir una frontera marítima que Lima consideraba inexistente. Ello, fijando un plazo de respuesta de 60 días. Ya empezaba a hacerse claro: lo del 2000 no quedaría como un acto aislado, sino como el inicio de una ofensiva en que los halcones de Torre Tagle (la Cancillería peruana) irían imponiendo sus tesis. Por eso la contestación de la nota debía ser cuidadosa. Fue la primera vez en este caso que se pidió asesoría a abogados extranjeros. Su consejo: responder de modo directo y sobrio. Chile no tenía nada que negociar.

Pero nuestro país no fue el único en consultar a juristas foráneos. Siempre en 2004, representantes chilenos coincidieron en un seminario en Hamburgo al que también asistían los diplomáticos peruanos Jorge Chávez (actual coagente en el juicio en La Haya), Marisol Agüero (coordinadora del equipo jurídico) y el fallecido Fernando Pardo. Indirecta  mente, la Cancillería se enteró ahí de que Perú ya estaba reuniéndose con abogados internacionales.

Las señales se multiplicaban: ese mismo año, Lima formó un grupo de trabajo para establecer sus “líneas de base” para la definición de su dominio marítimo. Fue poco después, en 2005, cuando, no de modo formal, pero sí vía gestiones diplomáticas, Perú exploró una propuesta. Por esa época se negociaba el acuerdo pesquero de Galápagos, tema de particular interés para esa industria en Chile. El documento ya había sido firmado por Lima pero faltaba su ratificación. Los peruanos dieron una señal: ratificarían si nuestro país se comprometía a su vez a no objetar el resultado de la comisión de líneas de base. Para Santiago, la fórmula era inaceptable.

Se avanzaba así a un punto de no retorno. Por una parte, Torre Tagle consultaba a Chile respecto de la tesis del “mar presencial” (lanzada una década antes por el almirante Jorge Martínez Busch) y señalaba que ésta interfería con sus derechos en alta mar: era la génesis de su reclamo por el “triángulo exterior”, luego incluido en la demanda de La Haya; por otro lado, la comisión de líneas de base concluía su labor. Entonces, el gobierno de Toledo puso pie en el acelerador, envió al Congreso el 28 de octubre una ley para consagrar dichas líneas y consiguió su aprobación express el 3 de noviembre.

La norma fijó legalmente la pretensión peruana: un nuevo límite marítimo. En Santiago, el entonces Presidente Ricardo Lagos reaccionó indignado. “Desde niño a mí me enseñaron que el mar de Chile se extendía por 200 millas”, dijo, al tiempo que mandató enviados a las cancillerías de la región para informarles de la situación.

La polémica Ley Arica y el fin de la luna de miel García-Bachelet

Al año siguiente, 2006, pareció volver la calma. Mientras en Chile iniciaba su gobierno Michelle Bachelet, en Perú era electo un Alan García que le prometía “engavetar” el tema. Al equipo de la Cancillería, esa tranquilidad le resultaba engañosa. Su análisis era que un paso como el dado con las líneas de base era demasiado definitivo como para que un país pudiera archivar sin más el tema. A ello se sumaba otro dato: Perú había también levantado sus reservas al Pacto de Bogotá, la norma según la cual una nación americana puede demandar unilateralmente a otra ante la Corte de La Haya para solucionar alguna diferencia. La conclusión: tarde o temprano, la demanda vendría.

El tiempo lo confirmó. A principios de 2007, el episodio de la Ley Arica —que incluyó una indicación sobre el límite de esa región que enardeció a Perú y que luego fue objetada por el Tribunal Constitucional, tras gestiones político-diplomáticas— puso fin al engavetamiento y a la luna de miel García-Bachelet.

No sólo eso. Hasta hoy, quienes participaron del último gobierno aprista aseguran que el impacto del episodio en Perú les hizo imposible seguir conteniendo el tema. En Chile algunos son más escépticos: la ley Arica sólo fue utilizada para sobrerreaccionar y construir el casus belli.

También difieren las versiones de Lima y Santiago respecto de cuándo los peruanos le adelantaron al ministerio de RR.EE. chileno que ya habían tomado la decisión de demandar. En Torre Tagle aseguran que el entonces canciller García Belaunde se lo dijo a su colega Alejandro Foxley en abril de 2007; en la contraparte, que ello fue apenas semanas antes de que formalizaran el paso. El punto es casi un detalle: ese 2007 pocos dudaban de que la presentación de Perú se concretaría sí o sí.

Se acercaba una nueva fase, donde el grupo que hasta entonces daba seguimiento al tema debería transformarse en un equipo de defensa.

El nombre clave: quién sería el agente chileno

Un punto clave pasó a ser la designación de quién asumiría como agente chileno después de que se presentara la demanda. El nombre del entonces subsecretario de RR.EE., Alberto van Klaveren, fue sometido a sondeos.

Tenía a su favor una buena relación con el Congreso y la oposición de la época lo consideró aceptable, elemento necesario para asegurar continuidad a su tarea. Pero además Van Klaveren tenía  otro activo. No sólo conocía el tema como vicecanciller, sino que desde antes: cuando todavía era embajador en Bruselas, en el gobierno de Lagos, María Teresa Infante le había enviado una carpeta con antecedentes y una invitación a reunirse en París. Desde ese momento había pasado a ser parte del equipo.

El 16 de enero de 2008, finalmente, Allan Wagner, embajador de Perú en los Países Bajos, llegó hasta el Palacio de la Paz, en La Haya, para formalizar la demanda. Poco después, en marzo, los representantes de Lima y Santiago se reunieron en la misma ciudad con la entonces presidenta de la Corte, Rosalyn Higgins, para fijar los plazos del juicio.

Perú pidió tiempo para entregar su memoria: después de Navidad, plantearon. ¿Por qué no antes?, les dijo la jueza, pero finalmente accedió y les otorgó un año.

Mientras los peruanos se dedicaban a su documento, en Chile se empezó a reforzar el equipo La Haya. El nuevo escenario no lo encontraba desprevenido. Al trabajo que la Difrol (incluido su director de Límites, Patricio Pozo) efectuaba hacía largo, se habían ido incorporado, además de especialistas como geógrafos e historiadores, un grupo de diplomáticos jóvenes —nombres como Javier Gorostegui, Nazhla Abad, Luis Martínez, Paula González o Paola Palma— que tuvo su verdadera graduación en el tema; muchos, tras salir destinados al exterior, siguieron a full en el plan La Haya.

Páginas arrancadas, lectores misteriosos...

Su labor no sólo fue de análisis. Junto a especialistas más antiguos de la Difrol, recorrieron los principales archivos del mundo buscando material para avalar la posición chilena. Desde mapas en publicaciones extranjeras hasta notas diplomáticas mencionando la autorización para el paso de aviones sobre el mar al sur del paralelo o discursos parlamentarios como el de Peña Prado: todo podía ser útil.

La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la British Library, los archivos españoles o la propia biblioteca del Palacio de la Paz estuvieron entre los lugares visitados. En una verdadera batalla por acceder primero a la información, abundan las historias de quienes se encontraron con documentos de los que se habían arrancado hojas claves o de quienes esperaron eternamente por textos que algún lector misterioso había pedido antes en cierta biblioteca internacional donde peruanos ocupaban puestos de responsabilidad. Aun así, la acumulación de evidencia fue inmensa. Los propios abogados de Lima lo hicieran notar esta semana en los alegatos, levantando el argumento de que, si Chile se había preocupado de reunir tanto dato, eso probaría que su postura es débil (sic).

La «guerra» de abogados

Y mientras transcurría la batalla bibliotecológica, se armaba otro frente de la defensa, la contratación de abogados habilitados para litigar ante la Corte. En Perú destacan que ya en el primer semestre de 2007 tenían enrolado a su jurista estrella, Alain Pellet. Chile siguió un camino distinto.

Decidió contratar a un bufete internacional (Freshsfields Bruckhaus Deringer, con sede en París, y al que pertenecen Jan Paulson y el griego Georgios Petrochilos, entre otros) para contar con una base en torno a la cual organizar el trabajo y estructurar la logística, pero siempre con la idea de que un gran nombre externo liderara el equipo, y de incorporar a figuras de distintas escuelas jurídicas. 

La primera opción fue Christopher Greenwood, pero se frustró con su nombramiento como miembro de la Corte (se inhabilitó para este caso); entonces surgió la idea de jugarse por el australiano James Crawford. La oportunidad fue un evento académico: la celebración de los 80 años de Eli Lauterpacht, una de las mayores eminencias de la Universidad de Cambridge en materia de derecho internacional. Al seminario conmemorativo estaba invitada Infante y allí le preguntó a Crawford su disposición. La respuesta positiva fue inmediata.

En la oficina de Miraflores

En Santiago, en tanto, durante 2008 se trabajaba en otras áreas. Para dar apoyo al equipo, se organizó un grupo jurídico técnico con especialistas de todas las sensibilidades, que en la última fase del proceso se reunió semanalmente; un más amplio comité asesor para el límite marítimo, y el consejo de ex cancilleres. Con ello se buscó no sólo asegurar la participación de los mejores expertos, sino también fortalecer el apoyo político a la tarea. Una fórmula que dos años más tarde ratificarían el Presidente Sebastián Piñera y su canciller, Alfredo Moreno, al optar por confirmar a los distintos responsables de la defensa chilena e incorporar aun nuevos nombres (como Enrique Barros y Andrés Jana) a los grupos de apoyo.

El equipo de La Haya, en tanto, dio en 2009 un paso clave, al constituirse ya como una unidad dentro de Cancillería e instalarse desde ese año en sede propia: la mítica oficina de Miraflores, en un edificio que, por coincidencia, alguna vez perteneciera a Piñera. Con una espectacular vista al cerro Santa Lucía y estrictas medidas de seguridad, allí trabajan en forma permanente unas 12 personas, encabezadas por Van Klaveren. Seguirán, al menos, hasta que la Corte dicte el fallo.

Tres borradores de la memoria

Con todas las estructuras andando, la presentación de su memoria por parte de Perú obligó a acelerar motores. El duro tono antichileno del prólogo del documento planteó una primera pregunta: ¿Se le respondería de la misma forma en la contramemoria? El punto fue analizado y descartado. La conclusión fue que “debíamos dar la batalla en nuestra propia cancha”, y no caer en el juego de la odiosidad. Entre septiembre de 2009 y febrero de 2010 (debía entregarse en marzo) hubo tres borradores del texto; el del medio fue revisado a fines de enero en París, párrafo por párrafo, por el agente y los abogados. Un Piñera recién electo y sus asesores en RR.EE. también pudieron conocerlo y formularle observaciones. 

Luego, tras la réplica peruana de noviembre de 2010, se preparó la dúplica de Chile; con un menor plazo (se presentó en julio de 2011), profundizó en los aspectos jurídicos y de práctica histórica, y nuevamente se revisó al detalle: los últimos ajustes concluyeron apenas 48 horas antes de presentarla, en La Haya.

Y fue en esta última ciudad donde se desarrolló, entre 2008 y 2012, uno de los frentes de trabajo menos conocidos en Chile. El coagente de nuestro país, Juan Martabit, fue también nombrado embajador en Holanda y la representación se reforzó con dos funcionarios. En un país cuyo puerto de Rotterdam es el principal punto de entrada de las exportaciones chilenas a Europa, la preparación del juicio pasó a ser prioridad. Así, la tarea de la embajada fue no sólo relacionarse formalmente con la Corte, sino interiorizarse de sus procedimientos, estilos y hasta de las personalidades y trayectorias de los jueces. Con ese objeto, personal de la representación diplomática ha asistido a todos los juicios que se han llevado a cabo en estos cuatro años, los ha analizado y sacado las conclusiones que pudieran ser útiles para nuestro país.

Antes del próximo receso veraniego en el Hemisferio norte —es decir, entre mayo y julio de 2013—, cuando el tribunal emita su fallo, todo ese trabajo tendrá su evaluación definitiva.