En su condición de accionista minoritario de la Sociedad Periodística La Nación S.A. y ex miembro del directorio, Luis Eduardo Thayer acudió a la junta extraordinaria convocada por el fisco, que ayer acordó la disolución y liquidación de la empresa. Ahí, a nombre de los privados, rechazó la medida y denunció la ilegalidad del procedimiento, dejando abierta la puerta a acciones legales para invalidarla.

"La pretensión de los directores del accionista mayoritario de disolver y liquidar La Nación sin una causa ni objeto lícito que lo justifiquen es caprichosa, totalitaria y antijurídica. Esta arbitrariedad irrogará un grave daño a todos los accionistas de la empresa, incluso el fisco, por ser el que posee la mayoría de las acciones (69%). De estos perjuicios serán responsables con su patrimonio no sólo los directores elegidos por el Estado, sino también quien representa las acciones ordinarias y podría alcanzar hasta el propio ministro secretario general de Gobierno, que por decreto del 4 de septiembre pasado designó a quien provocó la realización de esta junta", sostiene el abogado DC.

-¿Ustedes no reconocen validez a esta junta para haber adoptado acuerdos de algún tipo?

-Esta junta extraordinaria estaba insanablemente viciada, porque la propuesta en la que se basó la citación no fue fruto de un acuerdo de directorio, como corresponde legal y estatutariamente, sino que se hizo con el voto en contra de los directores elegidos por las acciones preferentes. Además, no hubo acuerdo para disolver la empresa, porque más del 75% de las acciones preferentes estuvo por el rechazo. Si desconocen eso, es una situación de hecho y deben afrontar su responsabilidad. Quienes sigan adelante con esa ejecución responderán con su patrimonio.

-¿Qué razones, a su juicio, estarían detrás de esta decisión?

-Impedir que un futuro gobierno, que no sea de derecha, pueda volver a editar algún medio de prensa, sea diario, semanario o revista. Con la liquidación de La Nación S.A. se haría imposible que un nuevo gobierno cree una nueva editorial e imprenta, dadas las restricciones de la Ley del Estado Empresario.

-¿Cómo se llegó en esta junta a la decisión de disolver y liquidar la sociedad que ustedes impugnan?

-A la junta asistieron representantes de cinco accionistas: el fisco, representado por el señor (Juan Francisco) Asenjo; el abogado Raúl Tavolari, por Colliguay; yo en nombre mío y de Raimundo Valenzuela; Enrique Alcalde y el presidente del Sindicato Uno. En el primer punto de la tabla se planteó la disolución y liquidación de la empresa, donde surgió una discusión que el fisco trató de justificar afirmando que tiene pérdidas. Pero resulta que a junio pasado tenía como $ 1.300 millones de utilidades en el balance auditado y el año pasado repartió sobre $ 2 mil millones, o sea, es una empresa que funciona bien.

-Pero las ganancias vienen por el Diario Oficial.

-Que los ingresos importantes sean por el Diario Oficial viene desde 1933, así quedó establecido en el pacto societario del fisco con los privados. Para convenir otra cosa se requiere el acuerdo de las acciones preferentes de los particulares.

-Según el fisco, las preferencias de sus acciones se extinguieron en 1985.

-Si fueran nulas tendría que declararlo así un juez, no una junta de accionistas ni el Ministerio del Interior.

"Rebaja de tarifas del Diario Oficial pone a la empresa en grave inestabilidad"

-¿Cómo se hicieron ustedes de esas acciones preferentes?

-Esta empresa era deficitaria el año 1990, cuando tenía un patrimonio negativo de $ 2 mil millones de pesos y era una caja pagadora. Las acciones privadas las adquirió Enrique Alcalde y ofreció una parte a algunas personas; yo compré después, cuando me gané el Loto. Con el tiempo se hizo una buena gestión y se equilibró la empresa.

-El déficit se compensaba con las utilidades del Diario Oficial, que ahora se redujo con la reforma legal que asegura gratuidad a publicaciones en ese medio.

-Promover la gratuidad o rebaja de las tarifas del Diario Oficial se aparta del objeto societario y pone a la empresa en una condición de grave inestabilidad. Esto llevó a que la empresa demandara al fisco en mayo pasado, ante el 12° juzgado civil de Santiago, por el acto expropiatorio que ello significó. A la luz de esto, resulta vergonzoso que el fisco, demandado por una empresa de la que es socio mayoritario, persiga ahora hacerla desaparecer sin causa para liberarse de las responsabilidades e indemnizaciones reclamadas.

-¿Es lícito que particulares se vean beneficiados por el cobro de tarifas del Diario Oficial?

-Desde 1933 que la Sociedad Periodística La Nación S.A. es concesionaria legal del Diario Oficial, y sólo cuando la empresa tiene por primera vez resultados positivos empieza a cuestionarse eso. ¿Es legal que los privados ganen plata distribuyendo el agua, cuando se supone que el agua es una concesión que entrega el Estado?

-Se ha cuestionado la forma poco transparente en que ustedes se hicieron de las acciones preferentes.

-Esta cosa "oscura" se empieza a plantear desde que la empresa comienza a tener utilidades, porque aquí plata pueden ganar unos pocos no más. Nunca se cuestionó cuando esto era un hoyo.