Política
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Gobierno inicia reparación a jueza Atala y se reactiva debate por acto público

Hoy se publicó un extracto del dictamen de febrero, y está pendiente un acto de reconocimiento. Mientras vocero dijo que ceremonia reparatoria "tiene que hacerse de común acuerdo" con la afectada, su par de Justicia fue tajante en que "no hay obligación" para el Estado.  

por:  La Segunda
lunes, 10 de septiembre de 2012

 

"No hay obligación del Estado de Chile de llegar a acuerdo con la jueza Atala. Lo que debe procurarse es tratar de realizar el acto en términos tales que se resguarde la finalidad del mismo, que es un acto público, y donde por tanto el Estado reconoce su responsabilidad". Así precisó esta mañana el ministro de Justicia, Teodoro Ribera , la postura de su cartera respecto al acto reparatorio que el gobierno debe realizar como parte de las compensaciones que fijó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la jueza Karen Atala.

El debate se reabrió esta mañana, luego que el Ejecutivo dispusiera concretar la primera de las medidas reparatorias: publicar en un diario de circulación nacional -en este caso "El Mercurio"- un extracto del dictamen emitido el 24 de febrero de este año.

Entre las obligaciones fijadas por la sentencia figuran, reza el extracto, "realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso" . Dicha ceremonia debe realizarse a más tardar el próximo 24 de febrero.

Estas y otras acciones de reparación "ya se están trabajando con los abogados de la familia de la jueza Atala", puntualizó esta mañana, al ser consultado, el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick.

Las conversaciones, trascendió, las lleva a cabo la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez -en coordinación con la Segegob-, con los representantes legales de Atala, entre los que figuran los abogados Iván Harasic y Jorge Contesse. Sin embargo, dado que el dictamen no especifica al detalle las circunstancias y características de la ceremonia, ello ha abierto un debate interno y una negociación entre las partes.

Chadwick: Se hará "de común acuerdo"

Así, esta mañana en el gobierno hubo dos visiones respecto del acto reparatorio pendiente. Por una parte, el ministro Chadwick fue claro en señalar que "el fallo establece que este acto de reparación pública tiene que hacerse de común acuerdo con la persona agraviada, en este caso la jueza Atala" , y que las conversaciones apuntan a "poder convenir el acto reparatorio público, que haríamos en una fecha hacia fines de año" .

Y añadió que las conversaciones entre el Ejecutivo y Atala apuntan a "determinar las formas y circunstancias del acto, quiénes van a participar y en qué fecha lo vamos a hacer".

Ribera: "No hay obligación"

Sin embargo, el ministro Ribera expresó otra posición, aunque comenzó aclarando que "hemos tenido plena disposición a darle completo cumplimiento al fallo, aún cuando no compartimos su fundamento".

Pero al ser consultado respecto a si se llegará a un acuerdo con la jueza Atala en torno al acto reparatorio, sostuvo que "procuraremos de buena fe buscarlo", pero fue tajante en que "no hay obligación del Estado de Chile de llegar a acuerdo con la jueza Atala" . Sí se buscará, dijo "tratar de realizar el acto en términos tales que se resguarde la finalidad del mismo, que es un acto público, y donde por tanto el Estado reconoce su responsabilidad".

Anteriormente había trascendido que Atala habría rechazado propuestas como que el acto se efectuara en la Plaza de la Constitución, y que en cambio habría planteado que tenga lugar en el Palacio de Tribunales. Ante ello, Ribera aclaró que "no es una obligación ni de la Corte, ni del Estado acoger los planteamientos que ella formule, por el hecho de formularlo".

Y junto con añadir que los abogados de Atala "interpusieron un recurso de rectificación, pidieron un aumento de las indemnizaciones y eso la corte tiene que fallarlo", aclaró que "esto lo vemos sin drama alguno".

Eso sí, puso en duda que sea su cartera la que organice el acto reparatorio, ya que es "un tema de coordinación interna del gobierno" resolver si ello le corresponde a la Cancillería, ya que "ésta es la que representa internacionalmente al Estado. Habrá que ver quién lo cumple en el derecho interno".

 
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