por:  Upi

miércoles, 11 de julio de 2012

Santiago.- Poner término a la "facilidad con la que salen en libertad" las personas imputadas por delitos de acción sexual contra menores, es el principal objetivo que persigue el proyecto de ley que este miércoles ingresaron a trámite los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Joel Rosales, Andrea Molina, Arturo Squella y Edmundo Eluchans.

La iniciativa establece el deber de los jueces de garantía de exigir el perfil psicológico del imputado para evaluar si su libertad provisional constituye un peligro social.

Al respecto, Rosales expresó que "lamentablemente, hemos sido testigos de la facilidad con que los sujetos imputados por estos ilícitos salen en libertad, lo que hace necesario regular de forma más rigurosa esta situación, y para lo cual proponemos que el Servicio Médico Legal deba entregar un informe médico psiquiátrico para que los jueces determinen, en el menor tiempo posible, si la persona puede o no salir en libertad".

"Para establecer con mediana certeza técnica y profesional si un imputado o formalizado por delitos de acción sexual contra menores representa o no un peligro, se hace necesario recurrir a la ciencia médica", agregó.

Por su parte, Molina subrayó el "factor humano" detrás de este tipo de delitos, pues se trata de casos que afectan a familias completas y que requieren de una consideración especial por la sensibilidad que implican, dijo.

"Acá hay un tema humano. Estamos hablando de mamás, de papás, de familias completas que se ven afectadas cuando uno de sus hijos es víctima de un delito sexual. Por tanto, creemos que debe haber mayores herramientas para limitar la libertad de quienes cometen estos delitos y que así no vuelvan a suceder", acotó.

El texto legal sostiene que para establecer si la libertad del imputado por delitos sexuales contra menores representa o no un peligro para la seguridad social, el juez deberá exigir el pronunciamiento del Servicio Médico Legal, a fin de determinar el perfil psicológico del imputado, en relación con la conducta o hecho investigado. En el intertanto, el juez podrá disponer de la prisión preventiva del imputado.