Los parlamentarios exigen urgencia legislativa al proyecto.
Un documento con quince propuestas concretas en favor de los consumidores y en busca de una mayor regulación en los mercados, entregaron hoy al ministro de Economía, Pablo Longueira, los diputados de la DC Fuad Chahín, Pablo Lorenzini y Patricio Vallespín.
La agenda pro consumidor contiene una batería de proyectos de ley ingresados por parlamentarios DC, por lo que se le solicitó al secretario de Estado poner urgencia en su discusión y un "un compromiso real en esta materia que se vea reflejado en nuevas leyes, especialmente en el caso de los abusos del retail y de la banca".
Al respecto, Chahín señaló que "el escándalo y los ilícitos de La Polar han sido el caso que mejor refleja el verdadero abuso de los grandes grupos económicos; pero hay mucho más. La indignación ciudadana frente a los reiterados abusos y verdaderos saqueos por parte de las grandes empresas y de mercados absolutamente poco transparentes aumenta día a día".
"La gran masa consumidora está abandonada actualmente a su suerte, porque los entes reguladores son, en muchos casos, ineficaces y sumisos al sistema”, añadió.
Por su parte, Lorenzini sostuvo que "si bien algunas normativas han sido perfeccionadas en los últimos años, claramente estamos muy lejos de una real defensa a los consumidores, especialmente en el área de la fiscalización, supervisión y sanciones contra quienes cometen los delitos de cuello y corbata".
"Le estamos pidiendo al Ministro Longueira que el Gobierno le de urgencia a estas iniciativas. Hemos ingresado una batería de proyectos en defensa de los consumidores, algunas ya han pasado al Senado. Se trata de iniciativas que no sólo buscan regular los mercados, sino terminar con cláusulas abusivas y con situaciones que dejan a la ciudadanía en una verdadera indefensión", aseguró el diputado Vallespín.
Entre las propuestas entregadas figuran el fortalecimiento institucional del Sernac; permitir la demanda de daño moral en juicios colectivos; fortalecimiento de la educación al consumidor; creación de la figura del Defensor del Consumidor; y, urgente modernización de la estructura de las Superintendencias, incorporando mayor independencia, mayor estabilidad en las decisiones y mayor rendición de cuentas.
