"Al Teo se le pasó la mano..." es una de las frases que más repiten en La Moneda al recapitular el impacto que desató en la Corte Suprema la advertencia hecha el pasado viernes 21 por el titular de Justicia, Teodoro Ribera (RN). Esa vez, dijo que el gobierno considerará sus fallos cuando un juez postule a un ascenso.

Ese día, las críticas contra los llamados jueces "garantistas" se potenciaron tras conocerse que de los 1.713 detenidos durante los desmanes de los últimos meses sólo 12 permanecían presos. Ribera, entrevistado en radio ADN, negó conocer eventuales listas de estos magistrados en manos de Interior, y sentenció que "un juez tiene que tener un adecuado equilibrio de la norma interpretativa". Pocas horas después, añadió que en el tema de los jueces "también participan otros poderes del Estado; por eso, quien quiere llegar a la Corte de Apelaciones o a la Corte Suprema, obviamente tiene que ser un magistrado que sepa considerar adecuadamente los intereses individuales y colectivos".

En Palacio varios personeros desaprobaron las palabras de Ribera y se le corrigió en público y en privado : pese a ello, en sus intervenciones posteriores (incluyendo un comunicado que declaraba su respeto por la independencia de los jueces), el ministro reforzó la idea, y hoy volvió a la carga: "¡Jamás! ¡Nunca! ¡No estoy arrepentido!", dijo a un diario. Ello llevó a un duro pronunciamiento de la Corte Suprema (ver pág. 94).

Si bien desde el Presidente Piñera para abajo se había reclamado varias veces en público a los fiscales y jueces de garantía por el alto número de detenidos en marchas y protestas que luego quedan libres, Ribera llevó la ofensiva a otro nivel. Con ello, explican, abrió un inesperado e inoportuno flanco con una Suprema ante la cual el Ejecutivo venía invirtiendo en dejar atrás los ripios que marcaron el inicio del Gobierno, y que ahora acusaba "una presión a los jueces", como dijo su presidente, Milton Juica . Y además reveló las distintas posturas en la apuesta por descomprimir las críticas internas por el manejo del orden público y la lucha por la delincuencia, ítemes cruciales ante la opinión pública.

Consultas en Palacio

Aun cuando algunos sostienen que el ministro intervino por su cuenta, otras autoridades aseveran que el viernes tenía "luz verde" del Presidente para remarcar los cuestionamientos a los jueces (las encuestas internas de Palacio indican que un alto porcentaje percibe a los jueces como "permisivos", se afirma), pero no al punto de advertirles que sus carreras dependían de su conducta. Y se recuerda que esa misma mañana el vocero Andrés Chadwick dijo que hay "una dificultad importante con los jueces de garantía por la forma en que interpretan la ley y evalúan las pruebas y testimonios que se les entregan".

Según esta versión, la decisión política de involucrar a Ribera se tomó luego de una ronda de consultas del Presidente con ministros y otros personeros, pero recalcando que "no fue unánime", y que al menos uno de los involucrados se manifestó en desacuerdo. Aquí algunos apuntan al titular de Interior, Rodrigo Hinzpeter , quien ya habría expresado un parecer similar el pasado domingo 2 de octubre, después de firmar junto al Presidente el proyecto de ley que endurece penas contra desórdenes públicos. Allí Piñera llamó a jueces y fiscales a revisar sus criterios: "Piensen en la responsabilidad que asumen si un presunto delincuente vuelve a cometer delitos".

Esa misma tarde, el Mandatario y sus ministros políticos conversaron respecto de si ello podría ser interpretado como una intervención sobre otro poder del Estado, ante lo cual Hinzpeter le habría comentado que no, pero que se estaba al límite. Piñera pidió que le hicieran llegar la transcricpión de sus palabras.

Sin embargo, en el entorno del Jefe de Estado hay quienes aseguran que Hinzpeter sí estaba de acuerdo con la ofensiva en el frente judicial: instalar la idea de que las libertades de los encapuchados son responsabilidad de los magistrados (y no del gobierno) permitiría aliviar las críticas que ha enfrentado por el manejo del orden público.

Más allá de ello, en La Moneda explican que la razón de fondo para apuntar a la judicatura fue (además de un reclamo que "genuino") responder a la "fuerte presión" del votante de derecha por un mejor manejo en la seguridad pública, ítem mal evaluado en las últimas encuestas. Dicho punto es considerado clave para remontar en los números, ya que un reencantamiento del electorado propio -que no perdona señales débiles ni este ámbito ni el manejo económico, se subraya- permite reconstruir un "piso" y a su vez comenzar ganar terreno.

El flanco con la Suprema

Pero hubo otro motivo: la firme convicción de varias altas autoridades de que la conducta "garantista" que se le imputa a la judicatura está ligada a la formación de varios magistrados, recelo que también se extiende a la Corte Suprema, donde la coalición no cuenta con una mayoría afín: el actual gobierno ha nombrado a dos de los siete integrantes del máximo tribunal que designará en su período, mientras que la administración Bachelet nombró a trece.

Ello, sumado a la molestia por el actuar de los jueces de garantía -en Santiago, el titular del Séptimo Juzgado es visto como un verdadero escollo- es uno de los argumentos de quienes en el Ejecutivo, lejos de condenar a Ribera, destacan que "se le haya entregado un mensaje" a un sector al que sienten distante. No se olvida la recordada molestia que provocó en el mandatario que el presidente del máximo tribunal, Milton Juica -férreo crítico de la tesis de la "puerta giratoria", a la que calificó como un " slogan político"- no felicitara a Piñera tras haber ganado la elección presidencial. Y otros recuerdan que en 1998 la derecha rechazó en el Senado su primera nominación para la Suprema.

Ante ello, el antecesor de Ribera, Felipe Bulnes , se había jugado por construir una buena relación con Juica, con quien almorzaba cada 15 días, alternando los despachos de cada uno. Ribera "heredó" dicha práctica, pero tanto en el Poder Judicial como en el gobierno coinciden en que la subsecretaria de Justicia, Patricia Pérez , tiene mejores nexos con los altos magistrados.

En Palacio están concientes de que el episodio arriesga resentir las relaciones con el Poder Judicial: desde el episodio del viernes pasado, Ribera y Juica no han vuelto a conversar , pese a que el primero ha intentado en más de una ocasión comunicarse con el segundo. Y el martes de esta semana, el subsecretario de Prevención del Delito, Cristóbal Lira -quien también ha criticado el actuar de los jueces- canceló una reunión que tenía con el magistrado.

A lo anterior se suma el tajante rechazo de la Suprema a implementar el servicio de antelación al juicio, que el propio Lira impulsaba por encargo de Hinzpeter. La idea era crear una suerte de comité técnico en los tribunales de garantía para asesorar a los jueces a resolver medidas cautelares, y para octubre se pensaba iniciar un plan piloto en Puente Alto y Concepción. Hinzpeter justificó la medida ante la Cámara de Diputados el pasado martes 2 de agosto, en una sesión especial sobre el aumento de la delincuencia. Argumentando que "el sistema de control de medidas cautelares no existe", el ministro anunció entonces que "hemos concordado con el Poder Judicial en crear un servicio de antelación al juicio, donde las personas sean controladas cuando se les otorga una medida cautelar". Sin embargo, el 3 de octubre el pleno de la Suprema rechazó por unanimidad el proyecto, por estimar "que es contrario a la estructura del Poder Judicial y que podría producir algún tipo de presión indebida", según explicó el ministro Hugo Dolmestch.