Tras los hechos de violencia registrados en los siete meses de conflicto estudiantil -especialmente ayer, en la segunda jornada de paro convocada por la Confech, la CUT y los secundarios-, el Gobierno salió a apuntar a los jueces de garantía por el bajo número de violentistas presos.

"Hoy día esos detenidos están en los juzgados de garantía para el control de su detención. Vamos a ver qué ocurre en los tribunales porque hasta el momento salen y salen y salen en libertad", dijo el ministro vocero Andrés Chadwick a Chilevisión. Y agregó que "Carabineros hace un trabajo fuerte, detiene a muchas personas, llegan a los controles de detención y la inmensa mayoría, por no decir casi la totalidad, son dejados en libertad".

En el Gobierno la evaluación es que en los jueces de garantía radica la principal razón por la que los procesos contra los violentistas detenidos no prosperan. De ahí que la subsecretaría del Interior -encabezada por Rodrigo Ubilla- decidiera reforzar su equipo jurídico y crear una unidad de seguimiento, a fin de monitorear cada caso desde que se realiza control de detención hasta que llega a la fiscalía. El primero, a cargo de Ximena Risco, consta de 5 abogados y ha estado a cargo de presentar las querellas e ir a las audiencias respectivas. Incluso han apelado a una serie de resoluciones de los jueces de garantía, con dos resultados emblemáticos: el de los jóvenes Cristóbal Bravo Franke y Gonzalo Zapata, por la agresión a un carabinero el 11 de septiembre pasado en el Cementerio General; y el de Francisco Moreno Orellana, imputado por arrojar una bomba molotov a la embajada de Brasil en julio pasado.

El segundo equipo, a cargo del seguimiento, depende del ex fiscal Alejandro Peña. A la cabeza está la abogada Silvia Salgado, quien se incorporó para seguir los procesos. "Era una caja negra lo que ocurría entre la reducción y la detención", dijo Ubilla.

El subsecretario afirmó que "hemos ido logrando efectos prácticos pero son procesos largos, de difícil prueba. Lo que pretendemos es destrabar una máquina que hasta agosto no había mostrado resultados".

En el tema de las pruebas, Chadwick enfatizó que "se dice que faltó una formalidad en una prueba aquí, que no se puede, que el testimonio allá. Bueno, aquí (en la TV, los medios) están todas las imágenes. El proyecto de ley que hemos presentado (es) para que los jueces de garantía puedan actuar como pensamos que debieran actuar. Una de las normas es pedir de inmediato a los medios de comunicación, ya sea voluntariamente o a través de tribunales, entreguen las imágenes como testimonio".

UDI pide aplicar invocada Ley de Seguridad

En tanto, esta mañana el secretario general UDI, Víctor Pérez, se reunió con Chadwick para pedirle que el Ejecutivo aplicar la Ley de Seguridad del Estado ante los desmanes de los últimos días, norma invocada por el Ministerio del Interior anteayer.

"Frente a la violencia y los actos de delincuencia le hemos pedido al gobierno la máxima rigurosidad en la aplicación de la ley. No hay duda de que el orden público es una prioridad. Mantener el orden público no significa para nada mirar de otra manera los problemas educacionales", dijo.

"Es muy importante respaldar la acción del gobierno en el sentido de invocar la Ley de Seguridad del Estado, pero creo que también es muy significativo aplicarla", comentó Pérez a la salida del encuentro.

"Hay que separar lo que son las movilizaciones estudiantiles de los saqueos y la delincuencia, y para que el país pueda seguir viviendo una democracia sólida hay que perseguirlos y sancionarlos con rigor", afirmó el senador.

Debido a una serie de críticas planteadas en RN al sistema procesal penal, la tienda encargó al ex embajador Miguel Otero crear una comisión sobre el tema. "La idea es hacer un estudio académico científico sobre lo que habría que ver y las modificaciones a introducir al código para mejorar el funcionamiento del ministerio público y la operatividad de las policías", señaló Otero.

El abogado RN explicó que la comisión la integrarán personas "de alto nivel académico", entre los que se cuentan el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Roberto Nahum, más los profesores de la misma casa de estudios Raúl Tavolari, Jean Pierre Matus y el presidente del Instituto chileno de Derecho Procesal, José Pedro Silva. A ellos se suman el ex general director de Carabineros, Fernando Cordero, y el ex director general de la PDI, Arturo Herrera.

El secretario general de RN, Mario Desbordes, dijo que "el informe de esta comisión será presentado como proyecto en el Congreso para concretar los cambios".