Dice que la Cámara Alta aumentó, fuera de sus atribuciones, el gasto fiscal en US$ 35 millones. Y defiende la “iniciativa exclusiva del Presidente” en materia de administración financiera.
Tres semanas después del anuncio oficial —el lunes 30 de mayo en La Moneda—, el Gobierno ingresó finalmente ayer ante el Tribunal Constitucional el requerimiento que impugna la actuación del Senado en el proyecto de ley sobre posnatal, a fin de defender la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materia de gasto fiscal. Esto, luego de los legisladores de la Concertación, mediante la división de la votación de un artículo, aprobaran extender en tres meses el permiso parental, pero no así el tope de 30 UF de subsidio que establecía el Gobierno para esa segunda etapa.
El documento de 50 páginas, es suscrito por Sebastián Piñera, junto al ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet, y patrocinado por el abogado Teodoro Ribera (RN), quien representará al Jefe de Estado en los alegatos.
En texto señala que “el Senado vulneró diversas disposiciones constitucionales que se vinculan directamente con el ámbito de materias reservado a la iniciativa exclusiva del Presidente”. Centra sus argumentos en el artículo 65 de la Constitución y solicita “que se deje sin efecto esa actuación y se restablezca el imperio del derecho”.
Remarca que uno de los elementos centrales del presidencialismo son las atribuciones en materia de administración financiera del Presidente, configuradas, entre otros instrumentos, a través de su “iniciativa exclusiva”, a lo que se suma la limitación para el Congreso de sólo aceptar, disminuir o rechazar los servicios, empleos, emolumentos, préstamos, beneficios, gastos e iniciativas sobre la materia que proponga el Presidente.
Cita a Boeninger y Arellano
Junto con enfatizar que el mismo tribunal ha sentado precedentes en esta línea y que en concepto del constituyente el control básico de estos temas por parte del Ejecutivo es indispensable, cita a figuras de la Concertación, como el ex ministro de Estado, Edgardo Boeninger, quien “manifestó que la iniciativa exclusiva del Ejecutivo en diversas materias legislativas y su dominio de la agenda gubernativa han sido determinantes en el Chile posterior a 1990 para asegurar la gobernabilidad”; o el ex ministro José Pablo Arellano, quien “ha sostenido que la iniciativa exclusiva del Presidente es el principal factor que explica el éxito en materia fiscal”.
El texto enfatiza que el Gobierno no busca dejar sin efecto la extensión del posnatal, ni desconocer legítimas atribuciones del Congreso como colegislador, sino respetar el ordenamiento constitucional, pues el Parlamento aumentó el gasto fiscal fuera de sus atribuciones, lo que cuantificó en US$ 35 millones.
