Conferencia episcopal dice que su implementación "será un largo y complejo proceso".
La iniciativa -la más emblemática de la reforma al transformar la educación en un derecho social- fue aprobada tras 8 polémicos meses de tramitación legislativa.
"Lamentamos que no se logró que el proyecto incluyera temas relacionados directamente con la calidad de la educación. Tal vez porque no se generaron los necesarios espacios para una reflexión seria y profunda (...) Creemos que el país ha perdido una gran oportunidad", señalaron los obispos junto con poner en duda "si esta ley contribuirá en modo sustantivo a mejorar la educación chilena".
El presidente del área de Educación de la Conferencia, padre Héctor Vargas, agregó que "es una ley que ha terminado centrándose en modo tal en el tema fin al lucro, que con tal de evitar que este pueda producirse en lo más mínimo, se ha sobre regulado la gestión de los colegios, agregando nuevas sanciones, incluso penales".
Por ello, dijo, "se ha sobrecargado la normativa con una innecesaria cantidad de temas económicos, tributarios y patrimoniales, y con la creación de nuevas instancias administrativas y burocráticas que harán muy pesada, complicada y onerosa la gestión de las escuelas".
Agrega que "el apresuramiento legislativo ha hecho que algunos temas no se hayan reflexionado con la profundidad requerida, ni resuelto completamente; otros deberán esperar tiempos de prueba; otros esperarán varios años por no tener financiamiento".
Sostiene que "solo en el tiempo" se podrá saber si las normas eran adecuadas. "De hecho, incluso parlamentarios oficialistas antes de su promulgación, ya exigen hacer cambios. Tal premura legislativa injustificada, y la ausencia por ello de una mayor prolijidad en un tema tan delicado, ha dejado en la ley vacíos e interrogantes, algunos de los cuales en este momento no tienen una solución adecuada".
Y advierten "que la implementación de esta ley será un largo y complejo proceso, tanto para las escuelas como para los funcionarios públicos".
