Dentro de las próximas 24 horas la Corte Suprema debería zanjar si acoge o desestima la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, de dejar en libertad al ex agente de la DINA Nelson Paz Bustamante.

El caso fue analizado esta mañana ante la segunda sala del máximo tribunal, donde el abogado Juan Carlos Manríquez -en representación del Ministerio de Justicia-, expuso los argumentos para revertir la resolución de la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Según el jurista, el 20 de diciembre de 2014 se acogió un recurso de amparo en favor del condenado, quien quedó en libertad pese a estar recluido en Punta Peuco por una serie de secuestros y participar en la Operación Colombo (ver recuadro).

Pero este caso ha dejado al descubierto un problema mayor.

Y es que si la Suprema confirma la libertad de Paz Bustamante, unos 300 internos de alta peligrosidad podrían seguir sus pasos y quedar en libertad.

Todo radica en una soterrada disputa que comenzó el año pasado entre el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial, por la interpretación de la Ley 19.856 que creó un sistema de reinserción social de los condenados sobre la base de la observación de buena conducta.

En este contexto, las comisiones de rebaja de condenas y el Ejecutivo (a través de las secretarías regionales ministeriales de Justicia) se han visto enfrentadas a la hora de dar curso a las peticiones de los condenados que obtendrían calificación de buena conducta en sus respectivos penales.

Ello porque a juicio de algunas Cortes de Apelaciones del país, una vez acordados los beneficios no podrían ser revisados ni negados por las autoridades, algo con lo que el Ministerio de Justicia no está de acuerdo.

El punto es que con este sistema ya han logrado la libertad condenados por delitos graves como violación de menores, sodomía con resultado de muerte, asaltos y robos con violencia, entre otros.

Ex subversivos y casos bomba

Pero lo más complejo, dice el abogado Manríquez, son los otros internos que podrían acceder a la rebaja de penas presentando recursos de amparo.

Entre ellos ex subversivos, indagados por delitos terroristas y condenados por instalación de artefactos explosivos.

Además, se han detectado casos de sujetos que han obtenido beneficios pese a no cumplir con los requisitos legales o que habían cometido delitos especialmente excluidos, como Nelson Paz Bustamante.

Según Manríquez "la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago está fuera del marco legal y reglamentario que rige el procedimiento de petición y obtención de beneficios de rebaja de condena, porque su caso está 'excluido por ley' ya que los violadores de derechos humanos no pueden obtener privilegios en ningún caso".

Asimismo, explica el abogado, casos como el de Nelson Paz están siempre sujetos al deber que emana del derecho internacional "y de la obligación asumida por el Estado chileno de dar integro cumplimiento a la pena impuesta en virtud de los Tratados Internacionales ratificados y vigentes en dicha materia".

El tema es complejo, comenta Manríquez, ya que de no sentar jurisprudencia en el caso de Nelson Paz (es decir, que la Corte Suprema no se revierta su libertad) podría comenzar una discusión a otro nivel.

Ello llevaría a que el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial se enfrenten en el Senado para zanjar un tema de competencia.

Sin embargo, Manríquez confía en que el tema se solucionará pronto y que no habrá necesidad de trasladar la discusión al Congreso.