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Senado: Las historias detrás de la sumaria aprobación de dos ministros del TC

Critican acuerdo UDI-PS y acusan a nuevos magistrados de plagio y de homofobia.  

por:  Claudio Salinas M.
sábado, 10 de enero de 2015
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El fallido lobby de Novoa con bancada UDI para imponer a su candidato

Una poco conocida "arista política" tuvo también el caso Penta en la nominación en el Senado de los dos nuevos magistrados del TC.

Ello porque hasta la semana pasada era otro el nombre que se perfilaba en la UDI para proponer como su carta al Tribunal Constitucional: el abogado Juan Jorge Lazo, hombre cercano al ex senador Jovino Novoa y quien contaba con su activo concurso en la búsqueda de apoyos dentro de la bancada de senadores gremialistas -Juan Antonio Coloma y Ena von Baer eran sus principales sostenedores-, además del propio presidente del partido, Ernesto Silva.

Sin embargo, las recientes revelaciones que comprometían gravemente a Novoa con el financiamiento irregular de campañas, entre ellas la de Von Baer, debilitaron los respaldos a la opción de Lazo y favorecieron la alternativa del ex diputado Cristián Letelier, quien renunció a la UDI después de que se le privara de la posibilidad de postular para renovar su sillón parlamentario y se entregara su cupo a Juan Antonio Coloma Alamos, hijo del senador Coloma.

La situación quedó zanjada en un almuerzo sostenido el martes por Silva y los senadores de la UDI, en la que no estuvieron Moreira ni Von Baer.

"Voté en contra por el procedimiento, el acuerdo entre la UDI y el PS me tiene chato", manifestó el senador del MAS Alejandro Navarro, al justificar su solitario voto en contra de la propuesta del Senado para que los abogados Nelson Pozo Silva y Cristián Letelier Aguilar se incorporen como nuevos ministros del Tribunal Constitucional.

La votación se realizó en la sesión ordinaria del miércoles de manera sumaria, sin debate, en medio de la discusión de una abultada tabla de proyectos.

El senador Navarro acusa que se buscó abreviar el trámite para que no se cuestionara un acuerdo entre el PS y la UDI, en medio del caso Penta, para poner a hombres de sus filas en el TC y de esa manera continuar con el procedimiento de aplicar "la lógica del binominal" en los nombramientos institucionales . La situación, en todo caso, no sólo lo molestó a él. También provocó la contrariedad del senador PPD Felipe Harboe, presidente de la comisión de Constitución del Senado, quien optó por marginarse de la votación debido a que no se tuvo la deferencia de que la proposición fuera previamente analizada en dicha instancia.

Los dos nombres fueron ratificados con 31 votos a favor y uno en contra, cifra que superó con holgura los 2/3 de los senadores en ejercicio (25) que exige la Constitución para refrendar estos nombramientos. Sin embargo, la expresiva votación y lo sumario del proceso no lograron ocultar diversos cuestionamientos que han surgido, tanto al procedimiento mismo como a la idoneidad de los dos juristas aprobados, quienes jurarán el próximo lunes como nuevos magistrados constitucionales en reemplazo de Raúl Bertelsen y Hernán Vodanovic, quienes cumplieron su período de ocho años el pasado 3 de enero.

Estos movimientos y reemplazos en la composición del Tribunal Constitucional concitan especial interés en los círculos políticos y parlamentarios, debido a que la entidad es visualizada como el último campo de batalla en la disputa por las reformas estructurales que impulsa el gobierno. De hecho, la más emblemática hasta ahora, la llamada ley de inclusión escolar, ya fue objeto de reservas de constitucionalidad en algunas de sus normas de parte de los diputados de la Alianza y se espera que otro tanto ocurra en el Senado.

Estos dos cupos vacantes en el TC correspondían a los que designa el Senado y, en el entendido de que Bertelsen y Vodanovic representaban las sensibilidades de la UDI y el PS, respectivamente, se esperaba que las respectivas bancadas consensuaran sus nombres y los propusieran a los comités parlamentarios. El proceso resultó más complejo debido a que en ambos sectores se disputaban la vacante a lo menos dos candidatos. En la UDI, Cristián Letelier finalmente se impuso sobre el abogado Juan Jorge Lazo (ver recuadro) y en el PS Nelson Pozo aventajó a Eric Palma.

Como no se trataba de una propuesta del Ejecutivo, el reglamento del Senado no prevé que los nominados concurrieran a exponer a la Comisión de Constitución, procedimiento habitual en los casos de magistrados de la Corte Suprema o el fiscal nacional. Esa "falta de deferencia" disgustó al senador Harboe, quien se ausentó de la votación en la sala y, en declaraciones a este diario, denunció que "con estos nombramientos sólo se busca presencia política en el tribunal, algunos con el propósito de parapetarse para bloquear las iniciativas del Congreso. Además, se trata de dos personas cuya especialización es el derecho penal y no el derecho constitucional, como corresponde a la labor de esta magistratura".

Críticas a designados


La dedicación profesional no fue el único cuestionamiento de que están siendo objeto los futuros ministros del TC.

Apenas aprobada su nominación, el presidente de la Fundación Iguales, Luis Larraín, a través de su cuenta de Twitter, acusó a Letelier de haber llamado "desviados" a los homosexuales, recordando una presentación que hicieron en 2013 en contra del entonces diputado de la UDI ante la comisión de Ética de la Cámara, luego de que Letelier cuestionara públicamente la representación que se hizo de Jaime Guzmán en la película "El tío", donde en su opinión se mostraba al fundador de la UDI "como un desviado desde el punto de vista de su intimidad".

"Ministro @jagomez, ¿por qué el gobierno propone a ministro del Tribunal Constitucional que considera que los homosexuales somos "desviados"?", seña uno de los tuits.

En el otro caso, el sitio electrónico "ellibero" publicó que al abogado y académico Nelson Pozo se le acusa de haber plagiado un libro de derecho. En la nota se reproducen páginas del libro "Las nulidades procesales" que Pozo publicó en 1986, que incluyen numerosos párrafos donde se trascriben citas idénticas de una publicación jurídica argentina de 1980.

El abogado negó el plagio y en torno a estas versiones opinó que "hay detrás un afán político".

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