Ministerio de Educación realizó 35 indicaciones tras reunión con senadores de la Nueva Mayoría. Gobierno espera que se aprueben en enero.
Eyzaguirre junto a los parlamentarios de la Nueva Mayoría.
Foto Alejandro Balart
Después de un último esfuerzo por llegar a un acuerdo con los senadores de la Nueva Mayoría, el ministro Nicolás Eyzaguirre apuntó que "hemos trazado un camino común con bastantes coincidencias, lo que nos tiene esperanzados".
Consultado sobre si las indicaciones transformarán el fondo de la reforma, Eyzaguirre indicó que "tendremos la oportunidad de conversar los elementos técnicos. Hemos procurado tener un balance, entre no someter a los sostenedores a un presión excesiva en su tránsito hacia las sociedades sin fines de lucro, con la debida firmeza en términos de que, terminada la transición, efectivamente el sistema esté a prueba de discriminación y que sea objetivamente un sistema inclusivo, lo que supone terminar con todas aquellas prácticas que segregan, como es el copago, la selección y el lucro".
El detalle de algunas de las 35 indicaciones realizadas por el Ejecutivo apunta, por ejemplo, a cómo serán sancionados el lucro y el retiro de utilidades, uno de los puntos más discutidos.
"En lo que había resistencia era a generar nuevas figuras legales en torno a alguna figura penal para el caso de los sostenedores de los colegios particulares subvencionados", indicó Eyzaguirre. "No hemos innovado en materia legal, sino que simplemente hemos dejado claro que si hay un uso de los fondos para fines distintos de los que están explicitados en el artículo 3 de la ley -fines educativos-, esos recursos deben ser retornados al establecimiento. Y si eso no ocurre, obviamente se configura de acuerdo a la situación legal actual, una figura de apropiación indebida de fondos. Por tanto, se ha precisado cuáles son los caminos para asegurarnos que no van a ser desviados los fondos, dentro del marco legislativo actual y eso ha sido aceptado por todos".
Los liceos emblemáticos tendrán un período (dependiendo de su región) de entre cinco o más años para ir poco a poco dejando de seleccionar, con saltos de 15% por año. Esto, sin embargo, no quita que alguno pueda apelar como una "circunstancia excepcionalísima" por tener un proyecto educativo que, por su exigencia académica, pueda limitar los cupos de admisión.
También se plantea que sólo un tercio de la matrícula de entrada para colegios con proyectos educativos específicos -como artísticos y deportivos- pueda ser seleccionada sobre la base de algún examen de aptitudes.
Además, se establece que los recursos de subvención se consideran como fondos públicos y quedan sujetos al análisis de Impuestos Internos -que tendrá un órgano especial para ello- y la Superintendencia de Educación. También se contempla la creación de un fondo de 50 millones de dólares para fortalecer la educación pública.
En el tema del arriendo de colegios se estableció que se permitirá, pero entre partes relacionadas para establecimientos que tengan menos de 400 alumnos, por un plazo de seis años y luego se pasará a un contrato por uso. Para los colegios más grandes, el plazo será de tres años.
La Alianza también presentó sus indicaciones, con el fin de que el proyecto conserve la libertad de elegir de padres y apoderados. Son cerca de 100 precisiones según los senadores Juan Antonio Coloma y Andrés Allamand, quien volvió a criticar al Gobierno. "Hemos visto algo casi sin precedentes en una reforma de esta naturaleza, que el Gobierno llegue a última hora trayendo indicaciones, vamos ya en el tercer proyecto. Se cambió en la Cámara, y ahora se vuelve a cambiar a última hora, lo que refleja cuál ha sido la improvisación".
El proyecto comenzará a ser visto desde este martes por las comisiones de Educación y de Hacienda, que por reglamento serán presididas por el titular de este última, Ricardo Lagos Weber (PPD).
"Esperamos que la próxima semana cuando se reanude el trabajo parlamentario se avance en la aprobación de esta iniciativa y como Gobierno estamos trabajando junto con los parlamentarios para que sea aprobada en el mes de enero", indicó el vocero Alvaro Elizalde.
