Establecen que la figura de "malversación de fondos" sea aplicable también a los sostenedores de los establecimientos. Etapa final de tramitación.
Foto RICARDO ABARCA
Penalizar como "malversación de fondos públicos" cualquier uso de subvenciones o aportes estatales con fines ajenos a los educacionales. Y que esta figura sea aplicable a todos los administradores de los establecimientos, es decir, los sostenedores.
Con este mecanismo, siete senadores de la Nueva Mayoría (encabezados por el PS Carlos Montes y el PPD Ricardo Lagos Weber) intentan reponer la penalización al lucro en el proyecto de ley sobre el tema que está en trámite en el Congreso.
La idea de penalizar el lucro no es nueva. Ya en la Cámara de Diputados se propuso cárcel para quien incurriera en esa acción, pero se perdió por un voto en la votación en la Sala y el Gobierno no lo patrocinó.
La propuesta de equiparar el lucro con la figura de malversación de recursos públicos es respaldada por gran parte de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, con reserva de algunos en la Democracia Cristiana que ven con preocupación que con ello se criminalice el sector.
Esta mañana la propuesta, junto a otras 32 indicaciones, fue entregada al ministro Nicolás Eyzaguirre en una nueva reunión que tuvo (en conjunto con la ministra Ximena Rincón) con doce senadores de la Nueva Mayoría para debatir las indicaciones que se deben presentar antes del 31 de diciembre.
El presidente de la DC, Ignacio Walker, señaló esta mañana que "tenemos plazo todavía para presentar indicaciones y estamos en conversaciones con la Nueva Mayoría y el Ministerio de Educación. Tengo mucha confianza de que vamos a poder acoger los distintos aporte de las comunidades educativas, expertos, parlamentarios y senadores, y que el Gobierno los recoja para mejorar un proyecto de ley que va en su tercera versión".
Adelantó que "nosotros también vamos a presentar indicaciones no solo como senadores DC, sino porque surge una gran transversalidad dentro de la NM entre lo senadores de los distintos partidos, quienes queremos perfeccionar y mejorar los mecanismos, instrumentos y modalidades de la reforma, salvaguardando los objetivos del proyecto, para llevar tranquilidad a las comunidades educativas y a la clase media".
-¿Hay riesgo de que no se alcance a aprobar antes del 31 de enero?
-No. Tenemos un compromiso de tratar de cumplir con el plazo del 31 de enero (para su total despacho) y las propias comunidades educativas y sostenedores nos piden tener las reglas del juego, que nos fijen un horizonte despejado. Por eso, va a favor de las comunidades educativas tratar de despachar este proyecto antes del 31 de enero.
La indicación sobre malversación de fondos es parte de una treintena de modificaciones que presentaron hoy los senadores Adriana Muñoz, Alonso de Urresti, Alejandro Guillier, Alejandro Navarro y Rabindranath Quinteros.
También plantean un régimen de transición de cambio para colegios menores a 400 alumnos (representan un 34% de la matrícula de colegios con lucro), pero manteniendo inalterable la normativa de prohibición y control de lucro de ellos.
Asimismo, proponen un mecanismo único de admisión "sin excepciones relevantes" que se aplicaría gradualmente en un plazo de seis años (partiendo el 2016 con un curso por nivel) y establecen un fondo anual de US$ 500 millones (desde 2016 a 2021) destinados a proyectos concretos de mejoramiento educativo.
