La Presidenta Michelle Bachelet promulgó esta mañana la ley que crea la figura del administrador provisional en las universidades que caigan en crisis financieras, con el fin de resguardar los derechos de los estudiantes

La iniciativa, considerada uno de los pilares de la reforma educacional, busca fiscalizar a las universidades y asegurar el derecho de los estudiantes a continuar estudiando en caso de que su universidad no pueda otorgarle esa opción.

Además, la ley permite que el Ministerio de Educación tenga más herramientas frente a los establecimientos que presenten irregularidades, ya que hasta hoy sólo puede cerrarlos, perjudicando a los estudiantes matriculados.

Sin embargo, con esta nueva ley se tendrá la facultad de intervenir y ver qué opciones tiene la casa de estudios, dado el contexto en el que se encuentre.

"Cuando está en riesgo la continuidad de los estudios, el Estado tiene el deber de intervenir,” afirmó Bachelet durante el acto de promulgación, celebrado en La Moneda.

"Hemos creado una ley para proteger a los estudiantes de abusos y situaciones injustas” (...) esta no es una promesa ni un anuncio, es un paso concreto,” remarcó.

"No se trata de cuestionar la autonomía de los establecimientos. La iniciativa busca garantizar la viabilidad y la continuidad de sus proyectos en situaciones críticas", dijo Bachelet al firmar el proyecto. Agregó que "es obligación del Estado y de las instituciones ofrecer soluciones".

El administrador provisional se encargará de investigar en los planteles educacionales en crisis, establecerá los posibles incumplimientos y creará un plan de recuperación para evitar que los alumnos se vean afectados.

El administrador provisional tendrá el gobierno y administración de la institución afectada, como titular de un conjunto de atribuciones legales para solucionar los problemas detectados en una investigación previa.

De ser subsanadas las deficiencias, la administración volverá a los órganos respectivos de la institución afectada, aunque también podrá decidir el cierre de la universidad, con la obligación de garantizar la continuidad de estudios y la respectiva titulación.

"Esta ley evitará que muchos jóvenes de clase media vean sus sueños rotos,” dijo Bachelet. “No queremos ver casos de universidades que quiebran y los estudiantes quedan abandonados a su suerte,” manifestó.