Sin embargo, Mertz y Fuenzalida coinciden en que son producto de la insatisfacción de la ciudadanía respecto del sistema procesal penal.
Aunque no existe una visión única entre los expertos respecto a la frecuencia con que ocurren casos de golpizas ciudadanos en contra de un presunto delincuente, coinciden en que estos actos son resultado de la insatisfacción y frustración que tienen los chilenos respecto al sistema judicial.
La directora ejecutiva de la Fundación Paz Ciudadana, Catalina Mertz, dijo que por el momento es imposible determinar la frecuencia de casos en nuestro país.
"Este tipo de hecho, que llaman la atención por ser dados a conocer por los medios de comunicación, sólo son una proporción de lo que ocurre en el país, porque no existen estadísticas al respecto".
Según explica, "los casos varían según la época del año, los lugares (...). No existe un buen termómetro para medir la frecuencia real de estas situaciones".
A juicio de Mertz, "los linchamientos pueden ser resultado del bajo nivel de satisfacción que tiene la ciudadanía respecto del sistema procesal penal, por considerar que tiene escasos resultados frente a delitos frecuentes".
Sin embargo, aclara que "el Código Penal establece que Carabineros es el llamado a realizar las detenciones y la ciudadanía sólo puede subsidiariamente retener a una persona. En estas situaciones, al igual que las policías, la gente esta sujeta sólo a usar fuerza proporcional y no afectar los derechos y garantías del detenido, para ponerlo a disposición de la autoridad".
Una visión opuesta tiene el presidente de la ONG Víctimas de la Delincuencia, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), quien dice que "hoy es habitual que ocurran ajusticiamientos populares en Chile. En el último tiempo hemos sido testigos de innumerables detenciones. Advierte que "no es correcto que las personas tengan que detener a quienes cometen delitos y que el gobierno permita que la ciudadanía se exponga de esta manera, lo lógico es que lo haga Carabineros".
Sin embargo, sostiene que "es entendible que la gente reaccione con indignación y tome la justicia en sus manos ante la percepción que existe de que en el sistema judicial no entrega los resultados esperados, porque para que un delincuente reciba una pena de 60 días de cárcel es necesario probar su reincidencia". Fuenzalida dice que "esto genera frustración y la sensación de que no existe una acción persecutoria eficaz".
