Llegó en 2002. Mientras que el sueño de los vecinos es que se mude a la precordillera, los estudiantes se dicen víctimas de un estigma.
La Academia lleva 14 años en calle Condell.
La universidad ha sido nefasta para nuestra calidad de vida", se quejó el presidente de la Junta de Vecinos N° 14, Claudio Araya, al referirse a los doce años que la Universidad Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) lleva en la calle Condell, un barrio tradicional de Providencia.
Su inquietud acentuó esta semana, luego de que el lunes siete encapuchados con overoles blancos atacaron con molotov el cuartel de la Brigada de Homicios de la PDI, a pasos de la entrada de la universidad. Un vehículo estacionado en la puerta resultó quemado. Tras el ataque, los detectives allanaron la UAHC, porque los atacantes huyeron hacia allá.
Tanto para residentes como policías es apenas el último episodio que involucra a un vecino que se ha vuelto cada vez más problemático (ver línea de tiempo). Varios recuerdan que fue en esta universidad donde Francisco Solar y Rodolfo Retamales Leiva, ambos absueltos en el caso bombas, dijeron haberse conocido.
Según Araya, todos los años se ha producido algún hecho violento: "Empezó en la época de la revolución pingüina, en 2006. Cada vez que hay una marcha en Plaza Italia, aquí ocurren desórdenes. Se van rayando y destruyendo. También ocupan las plazas para tomar y fumar marihuana". Espera que la universidad se vaya a la precordillera. "Es un sueño", dijo.
El representante vecinal dijo que el tema lo han conversado en las reuniones de residentes, pero que aún no se ha planteado de manera formal a la municipalidad. Otros vecinos, en cambio, señalaron que cada vez que pueden plantean el problema a las autoridades de la comuna.
En la municipalidad indicaron que carecen de estadísticas con quejas en este sector por hechos relativos a la UAHC.
La preocupación de los residentes es refrendada por el mayor de la 19 Comisaría de Carabineros, Eduardo Yuseff, quien añadió que sólo este año ha habido diez denuncias ante la fiscalía por incidentes como el del lunes. "Son estudiantes, se encapuchan, salen a manifestar, rompen letreros, cortan el tránsito y queman cosas", aseguró. La comisaría está en Miguel Claro, a menos de diez calles de donde ocurren los problemas.
"No se ha detenido a nadie este año. Siempre se refugian al interior de la universidad", señaló. Agregó que lo ocurrido esta semana los tomó por sorpresa: "Cada vez están actuando con más violencia". Según él, a estas alturas los desórdenes se han hecho "habituales".
La agudización del problema se puede atribuir a falta de acción de las autoridades internas de la universidad, afirma el abogado de DD.HH. Héctor Salazar, quien fue director de la Escuela de Derecho y hoy sigue haciendo clases en la UAHC. "No se le ha puesto atajo a ciertas cosas. Hay consumo de alcohol y marihuana. La violencia se ha apoderado de grupos pequeños de alumnos y la autoridad no ha sido clara, lo ha permitido y esto escaló ahora a niveles más graves".
Según Salazar -fue uno de los creadores de la carrera de Derecho, en la antigua sede en el barrio Brasil- "los estudiantes y el rector dicen que los autores de estos hechos no son de la universidad, pero ¿cómo lo saben?".
Transformada en casa de estudios en 1988, la UAHC cuenta hoy con 3 mil alumnos distribuidos en 23 carreras diurnas y vespertinas. Es controlada por un grupo de ONGs de centro izquierda o defensores de los DD.HH., entre los que destacan el Fasic, el Cerc o el PET. La universidad recién obtuvo su acreditación por los próximos tres años.
El rector, José Bengoa, declinó hablar con «La Segunda».
El ex ministro de Mideplan Roberto Pizarro, quien dejó la rectoría poco después de asumir en 2010 por diferencias con el directorio, defiende a la institución. "Es un aporte a la sociedad chilena. Recibe estudiantes de bajo ingreso familiar (el 57% estudia con crédito con aval del Estado). El costo de estudiar en la universidad es más bajo que en otras instituciones y los puntajes PSU son también bajos", dice.
Pizarro fue testigo de la violencia. Durante su gestión hubo un "episodio desagrable. Un grupo minoritario de estudiantes -7 u 8- intentó tomarse el local principal de la universidad. Fue sorprendido in fraganti por carabineros. Impedí el ingreso a la universidad de los infractores hasta que el tribunal de penalidades adoptara las sanciones. Se dictaminaron expulsiones y suspensiones".
Los estudiantes no tienen federación, porque rechazan una organización vertical. Eso les impide sumarse a la Confech. Lo que tienen para organizarse se llama la «Interescuela UAHC». Esta semana rechazaron lo que calificaron de estigmatización. La vocera Ivette Martínez dice que "no somos terroristas, y exigimos que el intendente Orrego, que ha actuado como cómplice de la PDI, se retracte de sus afirmaciones". De hecho, ayer se fueron caminando desde Condell hasta la Intendencia para entregar una carta, exigiendo clarificar la situación.
La apoyó el presidente de la última federación que tuvo la UAHC, Luis Santibáñez, en 2012. Este militante del colectivo Hijos de Mafalda entregó una hipótesis de quién podría estar detrás del ataque del lunes. "Se produjo justo cuando los estudiantes discuten hacer elecciones de la federación", indicó. "Siempre creí que había grupos externos que ocupaban a la universidad como centro para atacar. Nunca los vinculé a la izquierda, sino a grupos de ultraderecha".
Ante el ataque a la Brigada de Homicidios, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, dijo que "existe una activación de grupos anarquistas que no tienen una estructura determinada, sino acciones de «solidaridad», por lo que ha sido complejo poder imputarles delitos determinados". Explicó que "es un fenómeno reciente y así quedó demostrado en la investigación por los atentados en la estación del Metro Los Dominicos, en el subcentro de la Escuela Militar y en la Primera Comisaría de Santiago, donde hay dos personas privadas de libertad. El nivel de involucramiento de estos grupos en organizaciones sociales es algo que por supuesto siempre evaluamos".
Aleuy justificó que en este último hecho del que fue víctima la PDI no invoque la ley antiterrorista porque si bien "es enteramente grave, no consideramos -con los antecedentes que hoy poseemos- que estemos en presencia de un delito terrorista, que tiene una finalidad en la actual ley específica".
Agregó que "los hechos constituyen una severa alteración del orden público y se encuadran en el delito por el que nos hemos querellado. Adicionalmente, invocamos la ley de porte de artefactos incendiarios, incendio y maltrato a la autoridad, que podrían asegurar una alta condena a quienes arrojaron bombas incendiarias en dependencias de la PDI, sumando más de 25 años. No sacamos nada con invocar leyes, cuyos estándares son muy altos. Lo que buscamos es eficiencia judicial".
- ¿Es una muestra de debilidad de la autoridad el retiro precisamente ahora de la Brigada de Homicidios del sector y la llegada de la Brigada de DD.HH.?
- La modernización y localización de las sedes de trabajo de ambas policías refiere a un proceso de larga planificación y logística. Y este caso no es una excepción.
