Entre Salud y Economía.
Entrampado por una pugna técnica y política al interior del Gobierno se encuentra el reglamento de la Ley de Etiquetado de Alimentos a un mes que venza el plazo establecido por el Ministerio de Salud -31 de diciembre-, para que el documento sea visado por la Presidenta Bachelet y la Contraloría, para su entrada en vigencia en junio del próximo año.
La nueva normativa -que está siendo revisada y discutida por los equipos técnicos de las subsecretarias de Salud y Economía- establece límites máximos para el contenido de sodio, grasa, azúcar y calorías en los productos.
Aquellos que excedan las cantidades fijadas deberán ser rotulados con un disco pare que alertará el "exceso de" nutrientes críticos.
Estas estrictas disposiciones generaron duras críticas por parte de la industria, quien según el senador Guido Girardi (PPD) demandará al gobierno ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Ayer, en un congreso internacional de la FAO, Girardi acusó presiones de la industria al gobierno y calificó de "pedófilos del siglo XXI" a cuatro empresas transnacionales.
El conflicto está radicado dentro del propio gobierno. Mientras Salud aboga por mantener una estricta normativa, en Economía están a favor de flexibilizar el reglamento.
Para bajar la tensión, la Secretaria General de la Presidencia asumió la coordinación de esta mesa técnica, generando una propuesta de consenso que fijó en 4 años la entrada en vigencia del reglamento (2 años más de lo propuesto por Salud).
"Desgraciadamente después de ocho meses de asumir el gobierno, se deroga el reglamento anterior para sustituirlo por otro que es complaciente con la industria alimentaria. Fue una triste sorpresa, porque en vez de mejorar los indicadores, primaron los intereses comerciales sobre los sanitarios", dijo el diputado Juan Luis Castro (PS).
Agregó que "sin motivo alguno se incorporó la subsecretaría de Economía en esta discusión, siendo que el tema es del ministerio de Salud, lo que produjo grandes discrepancias internas".
El quiebre al interior del Ejecutivo fue ratificado además por el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez.
"Es entendible la posición de la industria alimentaria, pero llama la atención el lugar (subsecretaria de Economía) donde estos intereses se expresan, lo que es impropio", dice.
Y agrega que "Existe un bando, de quienes queremos proteger la salud pública, y otro, que quieren representar otros intereses. Si fuera por la subsecretaria de Economía, no se haría nada y se mantendrían las normas alimentarias tal como están hoy".
Pero el impasse no termina ahí, porque el Ministerio de Salud no contaría tampoco con el respaldo de la Comisión de la Cámara de Diputados si apoya la propuesta de reglamento realizado por el ministerio de Economía que flexibiliza la norma.