Servicio sostiene que ilícitos fueron cometidos entre el 2011 y 2012 en operaciones relacionadas con la extracción y comercialización de yodo.
Esta última, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, apunta a que se les investigue por delitos como la rebaja indebida de impuestos y la obtención irregular de devoluciones de impuesto al valor agregado (IVA). Todo lo anterior, en el marco de operaciones relacionadas con la extracción, comercialización y exportación de yodo.
De acuerdo a lo informado oficialmente por el SII, la querella apunta a los responsables de Atacama Chemical S.A.; Cidef Comercial S.A.; Inmobiliaria y Constructora Nacional S.A.; Frater and Holding S.A., Holding and Trading S.A, y la Sociedad Contractual Minera Compañía de Salitre y Yodo Cala Cala S.A., conocida como Minera Cosayach.
Impuestos Internos aclaró que busca que "se investigue y sancione a todos los involucrados por su participación en la elaboración y ejecución de un plan que tuvo por fin burlar el pago de tributos y obtener devoluciones de IVA Exportador a las que no tenían derecho".
Y detalló que las normas del Código Tributario que se habrían infringido "se refieren a la presentación de declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda, y al que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra fraudulenta, obtenga devoluciones de impuestos indebidas".
Las pesquisas del SII detectaron que entre los métodos de los querellados figuraron la "participación artificiosa" de las firmas en la intermediación de comercialización de yodo, compraventas simuladas, aumento ficticio de precios y otras.
Además, Atacama Chemical S.A. "emitió facturas de exportación falsas, a un supuesto cliente en el extranjero, maniobra que, sumada a las anteriormente descritas, posibilitó la obtención fraudulenta de devoluciones de IVA Exportador".
Estos delitos, según el SII, fueron cometidos entre enero de 2011 y marzo del 2012. Los querellados arriesgan penas de prisión de hasta 15 años, y multas que podrían llegar al 400% de lo defraudado.
De las seis empresas -varias de Errázuriz y, además, relacionadas entre sí-, Minera Cosayach ha sido condenada anteriormente. El 2011 la Corte Suprema sentenció que la firma causó daño medioambiental al extraer ilegalmente aguas subterráneas en la Pampa del Tamarugal y la condenó a clausurar los pozos y a medidas reparatorias. Y en mayo último, un tribunal de Pozo Almonte condenó a Errázuriz y a un grupo de gerentes de la empresa por extracción ilegal de agua a través de 38 pozos. El empresario y otros dos ejecutivos aceptaron la suspensión del procedimiento propuesto por la fiscalía; un gerente fue condenado a 61 días de cárcel.