Autoridad pidió a las empresas mejorar la capacitación de vigilantes. Incluso se cambió su forma de entrenar con armas.
Habían sido dos semanas de tranquilidad, sin ningún camión de valores atacado.
Pero anoche eso cambió, cuando una audaz banda logró llevarse $ 530 millones desde un vehículo de la firma Prosegur que estaba fuera del mall Plaza Sur, en San Bernardo.
Sin embargo, el mediodía de este lunes hubo un nuevo atraco, el cual sería uno de los mayores realizados hasta ahora. Delincuentes robaron más de 2.400 millones de pesos desde un camión de valores de la empresa Brinks desde el centro cívico de Santiago y que luego abandonaron en Conchalí.
De acuerdo a fuentes policiales, en el vehículo había unos 170 millones de pesos en dólares y al momento de la huida de los delincuentes quedaron esparcidos 200 millones de pesos en el suelo de la maestranza donde llevaron la máquina pára descerrajarla con el sistema oxicorte.
Los delitos de este domingo y lunes elevaron a 18 los asaltos de este tipo (cinco frustrados) en lo que va del año, superando los 15 que se registraron en 2013, y demostrando que se trata de un importante problema de seguridad pública, junto con los robos a cajeros automáticos.
Incluso descontando el inédito botín de $ 6 mil millones a un camión Brink's en agosto en el aeropuerto de Santiago, el monto robado este año es muy superior a todo el 2013: $ 4.346 millones versus $ 1.355 millones del 2013.
La empresa más afectada en 2014 ha sido Brink's ($ 9.080 millones, considerando lo del aeropuerto), seguida por Prosegur ($ 808 millones). El año pasado fue Wagner ($ 484 millones).
Desde antes del histórico robo en el terminal aéreo, el Gobierno había formado una mesa público-privada. "Estos ilícitos se vienen presentando hace al menos un par de años y han llevado a la generación de iniciativas específicas con las empresas (de seguridad). Entendíamos que había una necesidad de trabajar con este sector, que traslada parte importante del efectivo que hay en el mercado", señala el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy.
Ahora la idea es llegar a una nueva normativa que eleve los estándares de seguridad y tecnología, como ocurre con los cajeros automáticos. "Los equipos jurídicos han estado relevando cuales son los estándares internacionales que se requieren", dice Aleuy.
Desde agosto rige un decreto que obliga a los supermercados a incrementar su seguridad y coordinarse mejor con las empresas de transporte de valores.
"Hemos pedido participación activa de los destinatarios del dinero", explica el general inspector Christian Fuenzalida, quien hasta ayer era director de Seguridad Privada y Control de Armas de Carabineros (hoy fue nombrado jefe de la zona metropolitana). Dentro de las obligaciones está que estos comercios cuenten con una zona segura o de estanco donde pueda llegar el vehículo con el dinero.
Otras medidas implementadas son aumentar la tripulación de tres a cuatro vigilantes y mejorar su capacitación. "Ya (los guardias) no sólo practican tiro fijo, ahora también están haciendo tiro en movimiento", dice Fuenzalida, atribuyendo a esto la rápida reacción en atracos recientes, como el del 3 de octubre, donde murió un asaltante. También los guardias lograron repeler, sin víctimas, otro asalto el viernes 10 de este mes.
Pero no siempre es así. Este año los delincuentes han quitado 15 armas a los vigilantes en siete asaltos.
Las empresas también han incorporado más tecnología, como cerraduras randómicas (que sólo se pueden abrir en coordinación con un operador en la central de la empresa) y cámaras para monitoreo y grabación en línea.
Para el general, el alza de estos delitos se explica porque "el nivel de osadía del delincuente es cada vez más alto y también su planificación. Las mismas empresas informan que son objeto de seguimientos".
"Lograr un botín es motivación para seguir con el mismo delito. Muchos se suman porque ven que hay éxito. Entonces, si no aparecen elementos disuasivos o no se logran a tiempo las detenciones, hay una doble consecuencia: la misma banda sigue en acción y actúa el factor de imitación".
Por eso, agrega Fuenzalida, es clave que las empresas "cumplan sus protocolos y vemos con preocupación que muchas veces no los ejecutan de la manera que han sido declarados a la autoridad fiscalizadora".
Antonio Montero, presidente de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores (Aseva), asegura: "Como industria no estamos exentos de los cambios en los modus operandi de los delincuentes, lo que representa un permanente desafío. Por ello tenemos la mayor disponibilidad para trabajar con el Gobierno y Carabineros, y así proteger a nuestros trabajadores, clientes y a la población en general".
Iván Salazar es consultor en seguridad privada y trabajó años con entidades militares y policiales. Afirma que las bandas, al contar con más tecnología y planificación, apuntan a blancos más lucrativos. "Con esta especialización, siguen considerando las entidades financieras y transportes de valores como un punto vulnerable", asegura.
Comparte la idea de modificaciones legales para "profesionalizar el sector" y apunta a crear una Academia Nacional de Seguridad. "En otras países hay una exigencia mucho más fuerte. Estas firmas deben entender que están exponiendo no sólo los valores asignados, sino la gente que interactúa, civiles que están transitando cercanos a estos centros de acopio de dinero, al desplazamiento de sus vehículos. Obviamente eso genera un blanco predilecto para la delincuencia".
