Desde diciembre, intentan sin éxito continuar sus carreras académicas, truncadas por un intríngulis burocrático que nadie resuelve.
Esta semana la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (Conicyt) recibió con expectación al académico Francisco Brieva como presidente titular. Entre los temas que le corresponderá resolver está el de los "inhabilitados por Conicyt".
La historia empezó el 23 de diciembre, cuando becarios que concluyeron exitosamente sus estudios de magíster y postulaban a becas de doctorado recibieron dos noticias demoledoras: estaban inhabilitados para postular a becas que -en más de un caso- previamente se les anunciaron concedidas, y deberían devolver el financiamiento de los estudios ya realizados, a riesgo de ser perseguidos por el Consejo de Defensa del Estado, por montos no inferiores a 14 millones de pesos. ¿La razón?: demoras en titularse por retrasos en la investigación de sus respectivas tesis, o entrega fuera de plazo de la documentación que acreditaba que se titularon en el plazo estipulado. Se trata de profesionales de distintas universidades, licenciados en distintas disciplinas.
"Fue inútil explicar que en todos los casos esos retrasos se informaron oportunamente a Conicyt -señala el becario Leonardo Bazzurro (30)- y que obedecieron a razones académicas que contribuyeron a elevar la calidad de las tesis de magíster. O a la producción de publicaciones que prestigian al país. Paradójicamente, muchas de las tesis de quienes fuimos inhabilitados están hoy en la web de Conicyt, como muestra de una gestión exitosa".
En otros casos, el incumplimiento de los plazos se debió a enfermedades o partos.
En los 10 meses que lleva el conflicto, a favor de los afectados han intervenido sin éxito autoridades académicas de distintas universidades, el Comité de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), el Presidente del Consejo de Sociedades Científicas, Jorge Babul; la Asociación de Investigadores de Post Grado (ANIP); las Federaciones de Estudiantes de las Universidades de Chile y Católica; parlamentarios como Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Yasna Provoste, Maya Fernández y Carlos Montes.
Además, hay un dictamen de Contraloría favorable a dos becarios.
Tras gestiones oficiales de todo tipo y una manifestación pública de protesta que interrumpió en enero la inauguración del nuevo edificio de Conicyt en el centro de Santiago, en abril la página web de la institución estatal anunció la suspensión de los cobros y señaló: "(...) en conjunto con el Ministerio de Educación se está trabajando en la modificación del decreto N° 335/2010 que rige las Becas de Posgrado Nacional, con el fin de flexibilizar algunas obligaciones que actualmente dejan en situación de incumplimiento a quienes han sido beneficiados con una beca para estudios de posgrado en Chile por entrega del grado académico fuera de plazo".
Desde entonces, reclaman los inhabilitados, no hay avances. La suspensión de los cobros -dicen- no implica la eliminación de éstos "y mientras estén vigentes -afirma el becario Julio Aguilar (30)- no podemos postular a nuevas becas para avanzar al doctorado. Ni obtener cargos académicos de planta en las universidades. La deuda pendiente con el Estado nos inhabilita para firmar proyectos de investigación que postulen a Conicyt, única fuente de financiamiento para ciencia y tecnología en Chile. Esta sanción equivale a un decreto de muerte académica para quienes elegimos enseñar y crear conocimiento como un proyecto de vida".
La medida se aplicó a quienes, tras completar su magíster, postulan a becas para doctorarse dentro o fuera del país. Se les notificó que su postulación estaba "fuera de bases".
Los notificados se organizaron a través de Facebook, en el grupo cerrado "Inhabilitados por Conycit". La institución no da cifras oficiales, pero los afectados estiman que en esta situación deben estar alrededor de 1.300 personas.
Eso, a juicio de expertos, traerá consecuencias. Impactará en el codiciado "capital humano" formado en los últimos años. O en la pérdida de potencial en conocimiento avanzado, derivada de aquellos que ya optaron por abandonar la carrera académica o la continuarán fuera de Chile, sin volver al país al terminar su formación, compromiso que exigen como retribución las becas Conicyt.
Beneficiarios de los programas nacionales y de Becas Chile, que ofrecen formación en universidades extranjeras, han criticado a Conicyt por retraso en los pagos de becas y la alta rotación del personal que vincula la institución con los becarios, lo cual implica información insuficiente o contradictoria, o falta de seguimiento, que dejan a los postulantes fuera de bases por razones ajenas a su control.
Denise Saint Jean, directora del Programa de Capital Humano Avanzado de Conicyt, se comprometió a una entrevista previo envío de un cuestionario. Pero suspendió la entrevista el mismo día en que debió realizarse.
Francisco Martínez, director de la División de Educación Superior del Mineduc -ministerio del cual depende Conicyt-, también requirió por escrito las consultas. Hasta el cierre de esta edición no fijó fecha para la entrevista.
María Teresa Marshall, directora ejecutiva del CRUCh, señala que "desde el 2009 hemos solicitado un consejo asesor para la formulación de programas de becas. Buscamos evitar que los concursos tengan dificultades que traban el proceso. No lo hemos logrado".
-Las becas Conicyt deben reembolsarse en caso de incumplimiento, lo que las convierte en créditos condonables. ¿Es usual este método en el mundo académico?
-Una beca es un premio. Hay criterios estrictos para asignarla y criterios de retribución del beneficiario al país. No es un préstamo y por eso -salvo situaciones muy excepcionales- no corresponde imponer su devolución
-¿Cuál es la solución que Ud. vislumbra a este conflicto?
-Que académicos de alto nivel revisen la situación actual. Y se considere la opinión de académicos en la nueva redacción del decreto 335, origen del problema. No tiene sentido resolver lo actual y dejar abiertas nuevas brechas.
Dirigentes sindicales de Conicyt llevan a cifras lo que los becarios han calificado como una lenta e ineficiente labor de acompañamiento y seguimiento. Arturo Pino, presdente del sindicato, y Javier Beltrán, secretario, muestran que en un espacio reducido del nuevo edificio de la institución hay apenas 18 profesionales que se encargan de la atención de más de 7.000 becarios. Es la misma planta de funcionarios desde 1967, año de creación de la institución, pese a que el presupuesto ha aumentado cerca de un 300%.
