Dos hechos molestaron de sobremanera esta semana al Gobierno.
Uno, que el fiscal regional Raúl Guzmán se hubiera ido de vacaciones al Caribe justo la semana más compleja del año en materia de bombas (se dice, incluso, que no avisó que se ausentaría y que desde el viernes pasado se le había intentado ubicar sin resultados para pedirle reportes). La misma semana, además, en la cual se sabía que la justicia se pronunciaría definitivamente en la causa por el asalto al Banco Secutity.
El otro hecho fue que el Ministerio Público haya parecido quejarse de que el Ejecutivo no había liberado los dineros comprometidos para potenciar la investigación tras la bomba de Los Dominicos. Desde La Moneda aseguran que los fondos habían sido liberados ya antes de la explosión de Escuela Militar, que eso había sido informado a Finanzas de la Fiscalía Nacional y que incluso podrían haber usado los dineros antes, pues estaban comprometidos. Desde la Fiscalía insisten en que no podían gastar algo que no tenían seguro que se iba a entregar en su totalidad.
Se trata de un gasto único de 63 millones 932 mil pesos que serán destinados a viáticos, pasajes, adquisición de software especializado y habilitación de "una oficina especial y separada de la Fiscalía Sur -dicen en el Ministerio Público-, donde se pueda trabajar con tranquilidad y efectuar las reuniones conjuntas en el caso". A eso se suma un gasto permanente de 181 millones 835 mil pesos (el dinero solicitado cubría los cinco últimos meses de este año y debía pedirse una cifra proporcional para los períodos siguientes), que se destinarán a sueldos de abogados, asistentes y técnicos que se requieren incorporar al trabajo investigativo del caso o para hacerse cargo de las causas que el fiscal Christian Toledo debió dejar tras su nombramiento como exclusivo.