Juicio de cuentas de Contraloría apunta a su labor como intendente entre 2008 y 2010.
El subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea.
$813.208.962 es el monto que se arriesga a tener que reintegrar a las arcas fiscales el actual subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea Ocón, según el juicio de cuentas iniciado en su contra por la Contraloría General. Lo anterior, luego de que este organismo detectara nueve tipos de irregularidades, en la entrega de bonos a los damnificados por la erupción del volcán Chaitén, la madrugada del 2 de mayo de 2008.
El proceso de carácter administrativo -no penal- persigue su responsabilidad pecuniaria como ex intendente de la Región de Los Lagos, en cuya calidad debía firmar las resoluciones con el dinero a repartir, durante la segunda mitad del primer gobierno de Bachelet.
La existencia misma de las irregularidades no está en cuestión. Para el organismo fiscalizador están a firme hechos como la entrega de dinero a muertos o a funcionarios de las Fuerzas Armadas que fueron redestinados, por lo que obviamente no necesitaban arrendar una casa para seguir viviendo en la región.
La decisión de que tenga que devolver al erario nacional de su bolsillo las platas mal gastadas está en manos de la jueza del Tribunal de Cuentas, la subcontralora Patricia Arriagada, quien en su escritorio tiene un informe técnico de la fiscal Ruth Israel López, totalmente contrario a los intereses de Galilea.
Si Arriagada concuerda con Israel y "acoge el reparo" (algo así como la condena en derecho civil), a Galilea sólo le quedará la posibilidad de acudir al tribunal de segunda instancia, conformado por un juez y dos abogados integrantes. Estos últimos son escogidos cada tres años por el o la Presidenta de la República, de ternas elaboradas por el contralor de turno.
Quienes conocen ese proceso revelan que la actual autoridad, Ramiro Mendoza, tiene como costumbre presentar dos ternas por separado: "una con tres nombres afines a la Concertación o actual Nueva Mayoría, y otra con tres nombre afines a la Alianza, de tal forma que si los abogados integrantes quisieran fallar de manera política, siempre definirá el juez, que no es otro que el mismo Mendoza".
El crítico informe que hoy tiene Patricia Arriagada (la jueza de primera instancia), llamado oficialmente "vista fiscal", repara en nueve aspectos que se detallan a continuación.
$44.700.000 fueron pagados a 84 beneficiarios, con el fin de que arrendaran casas, luego de ser trasladados, con motivo de la erupción. Sin embargo, "ya contaban con una vivienda asignada por el Estado" a través de subsidios habitacionales. Estos dineros fueron repartidos hasta el 2 de enero de 2010.
El caso es similar al anterior y se trata de $7.200.000 objetados por ser otorgado a "cuatro funcionarios públicos, los cuales, sin embargo, ya tenían asignado el beneficio de vivienda fiscal en fecha posterior al 2 de mayo de 2008... (fueron) simultáneamente beneficiados con el bono y con el beneficio de vivienda fiscal", señala el documento.
$50.000.000 fueron repartidos a 14 personas "respecto de las cuales se comprobó que se encontraban fallecidas al momento de efectuarse el giro en su favor". Los pagos fueron entre 2008 y 2010.
Diez beneficiarios recibieron un total de $ 20.400.000 a través de bonos por $ 150.000 cada uno, a pesar de que el Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt informó que "tenían inscritos inmuebles a su nombre en dicha comuna, al momento de efectuarse el giro de los recursos a su favor".
Por el concepto de "cargas familiares" se pagaron bonos de $20.000 cada uno a 18 personas, pero "no existían carpetas con antecedentes que acreditaran dichas cargas" o "el pago resultó duplicado". Se estimó un perjuicio fiscal de $7.580.000 por esta irregularidad.
En un comienzo, la Contraloría Regional objetó el pago de más de $380 millones por 46 casos de personas, que "fueron originalmente rechazadas por no calificar para el beneficio", pero que apelaron y lograron que se les pagara el bono, a pesar de que en las carpetas de sus casos no estaban los respaldos de los requisitos para ser beneficiarios. En terreno, Contraloría logró recabar más datos y la cantidad rechazada bajó a $100.920.000.
78 funcionarios públicos fueron redestinados de manera permanente. El informe reprocha que "no se configuraba respecto de ellos la condición de ubicación transitoria", como para haberle pagado bonos que tienen que ver con arriendo de vivienda y otros costos de vida con motivo de la emergencia.
Por ejemplo, 56 miembros del Ejército fueron redestinados y lo mismo sucedió con otros dependientes de Carabineros, la Armada, Indap, Corfo, DGAC..., quienes fueron beneficiados con $507.690.000.
Se supone que los pagos gruesos van al jefe o (no "y") jefa de familia, pero Contraloría detectó "duplicidad de bonos tanto al jefe de familia como a la cónyuge o pareja de aquel". Todo, por $36.950.000.
Otras dos personas postularon a los bonos y fueron rechazadas por no cumplir los requisitos para recibirlos. Apelaron y, nuevamente, sus solicitudes fueron rechazadas. Pero igual el intendente les otorgó el beneficio y el fisco desembolsó $10.140.000.
La vista fiscal también recomienda sancionar a otros tres funcionarios y ex funcionarios de la alta jerarquía de la Intendencia de la X Región, quienes de manera "solidaria" tendrían que devolver el dinero, si es que se acoge el "reparo".
Se trata del ex jefe del Departamento de Finanzas y Presupuestos, Jorge Barrientos Vargas; del jefe subrogante de ese mismo departamento, Harald Peláez Villalobos, y del ex jefe de Administración, Ramón García Rodríguez.
Contraloría les reprocha haber firmado documentos sin chequear y ellos retrucan que los beneficiarios que entregaron antecedentes errados serían los responsables.
