"Cajero detonado, cajero multado". El nuevo criterio, anunciado este lunes por el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, tras una reunión con Carabineros para analizar los robos y ataques a los dispensadores de dinero, generó inmediatas reacciones.

Aunque han evitado referirse oficialmente al tema por ahora, en la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) admiten sorpresa, con lo que fue interpretado como una "salida de molde".

El decreto 222, emitido el 30 de octubre del año pasado por el gobierno de Sebastián Piñera, establece una serie de medidas de seguridad que deberán cumplir los bancos en sus cajeros automáticos.

De ellas, a la fecha está vigente la obligación de contar con alarmas y cámaras monitoreadas y de alta definición, tanto aparatos nuevos como antiguos.

Recién el 30 de octubre próximo, los bancos deberán tener implementado en el 30% de sus cajeros anteriores al decreto -y en todos los nuevos- las demás medidas, que son anclaje y otra adicional, entre empotrado, blindaje o entintado de billetes. Gradualmente, en un plazo de cinco años, el decreto establece que se llegará al 100%.

"Lo que partía la semana pasada era la fiscalización de esas medidas", dice una fuente cercana a la ABIF, que descarta que el gobierno pueda "acelerar" las fechas.

"Una verdad a medias"

Por su parte, el diputado RN, Gonzalo Fuenzalida afirma categórico que "lo que dice el subsecretario es una verdad a medias, porque las multas hoy sólo se pueden basar en si los cajeros tienen alarmas o grabación de alta definición, por una cámara externa. Pero no por el anclaje o las otras medidas".

El parlamentario es miembro de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara y fue además asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito durante la administración pasada y trabajo en la elaboración del decreto. Advierte que "lo preocupante acá es que lo que se establece en el decreto son medidas de prevención, que disuadan y desincentiven este delito, pero no es la verdadera solución al robo de cajeros".

A su juicio, "decir lo que dice el subsecretario, que se producen robos porque los bancos no cumplen las medidas, es no entender mucho el problema. Debe haber un trabajo coordinado con fiscalía y policías, monitoreado por el gobierno, para detener a las bandas, que son especializadas, no son muchas y burlan estos elementos", dice.

"Lo otro la verdad es culpar a la víctima. Mañana le vamos a poner una multa al Metro por que le ponen una bomba o a las víctimas que asaltan sus casas por no tener alarmas ni medidas de seguridad. No es la forma de enfrentar el problema", insiste Fuenzalida.

En la UDI también recibieron los dichos de Aleuy con sorpresa. El vicepresidente de la tienda gremialista, diputado Gustavo Hasbún, calificó la medida como "apresurada e inconsulta".

"Nos parece bastante preocupante que el gobierno esté deslindando en terceros la responsabilidad de la seguridad pública que le corresponde. En el fondo, poner a los privados a hacer la tarea que en este caso es del Ministerio del Interior".

"Lo que está haciendo el gobierno es lavarse las manos y dejar en los bancos la responsabilidad por los bombazos en los cajeros. Entonces la persecución judicial, ¿la van a hacer los bancos, no el gobierno?", cuestionó el legislador.

Por ello, dijo que la bancada UDI evalúa enviar un oficio a Contraloría, "para que se pronuncie por la legalidad de esto".

Respuesta de Aleuy

El subsecretario Mahmud Aleuy descartó este martes, en respuestas entregadas por mail, estar actuando sin respaldo legal.

"La regulación de seguridad de los cajeros automáticos define las medidas más apropiadas para limitar su vulnerabilidad. En este sentido, y en acuerdo con la Asociación de Bancos, se está fiscalizando el cumplimiento de estas medidas".

"Obviamente el cajero que no cumple con los requisitos y es explotado será multado. Ello no debería ser una sorpresa debido a la reglamentación existente y las facultades de Carabineros para realizar la fiscalización", dijo Aleuy.

Recalcó además que "adicionalmente, el Gobierno de la Presidenta Bachelet puso énfasis en que la seguridad de los cajeros no implica menor cobertura en las zonas vulnerables".

$40millones es el monto al que pueden llegar las multas a los bancos.