Diputados de la Nueva Mayoría aseguran que hubo irregularidades durante la anterior administración. En la Alianza, que proyectos se recibieron con errores.
En dos informes se plasmarán los resultados de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados sobre hospitales, donde han declarado más de 30 personas, incluyendo al Contralor General de la República, el ex ministro Jaime Mañalich y la actual titular de Salud, Helia Molina.
Los parlamentarios de la Nueva Mayoría (8) y la Alianza (5) no alcanzaron acuerdo después de tres meses y medio de trabajo donde analizaron los problemas en la construcción de hospitales.
Según adelantó a La Segunda el presidente de la comisión, Juan Luis Castro (PS), el documento preliminar del oficialismo acusa gruesas irregularidades en la licitación, adjudicación y construcción de hospitales durante el gobierno pasado, así como retrasos en la construcción de los edificados vía recursos públicos. Adjudica responsabilidades políticas a ex autoridades del Ministerio de Salud.
-Hubo gran complacencia en la relación del gobierno de Piñera y el Ministerio de Salud de esa época con el sector privado. (Existía el objetivo de) darles todas las facilidades, incluso fuera de la ley, para que no hubiera multas por los atrasos en las construcciones de hospitales y recintos asistenciales.
Desde la Alianza, preparan otro documento en el que se exime de responsabilidad al gobierno de Piñera.
Según la diputada de Amplitud, Karla Rubilar, se basa fundamentalmente en el mal estado en que recibieron los proyectos de hospitales en construcción y en la defensa del modelo de concesiones como la alternativa más conveniente y económica para el Estado para construir recintos de alta complejidad.
Para la también médico, "esta comisión se creó sin tener sustento. Primero correspondía presentar una denuncia al Consejo de Defensa del Estado, para luego formar esta instancia. Ningún parlamentario lo hizo, pero igual se constituyó. Esto demuestra que las concesiones hospitalarias son un tema 100% político, debido a la presión que ejercen los gremios (de salud) en contra del modelo".
"Por eso, recalcó, vamos a hacer una férrea defensa de este modelo (concesión). Hay hospitales de baja y mediana complejidad que no es necesario concesionar, pero sí los grandes recintos. La diferencia de precios con los construidos vía fondos públicos sólo es de 2,5%".
El otro argumento que utilizará la oposición son las declaraciones del Contralor Ramiro Mendoza, ante la comisión investigadora. "El Contralor fue muy claro al explicar que el Ministerio de Salud no tenía la capacidad para diseñar proyectos de esta envergadura (vía recursos públicos), generándose problemas en sus construcciones. Estos recintos presentan graves problemas, hasta de cálculo de costos, que terminan al final elevando el valor".
De hecho, anticipa, "vamos a entregar un catastro del estado en que estaban los proyectos cuando el ex Presidente los recibió. Los hospitales de Puerto Montt, Calama y Rancagua ya venían con retrasos en su ejecución. Son cuestionados por el oficialismo, pero fueron gestionados por la administración anterior de Bachelet".
Ante la comisión, Luis Castillo, ex subsecretario de Redes Asistenciales, dijo que "al repasar las obras y estructuras visualizamos la potente serie de informes de Contraloría que daban cuenta de la existencia de desajustes entre el diseño y la ejecución de obras (hospitalarias)".
Hoy se efectuará la última sesión de la comisión, y este viernes serán entregados los dos informes, para que sean votados el 23 en la comisión y finalmente en la Sala.
En el preinforme oficialista también se critica la celeridad con que se habrían tramitado las concesiones hospitalarias en el gobierno de Sebastián Piñera.
Según dijo el presidente de la comisión, Juan Luis Castro, en los dos primeros recintos concesionados, Maipú y La Florida, el tiempo entre la apertura de las bases de licitación y la fecha del decreto supremo de adjudicación fue 452 días. En Antofagasta, 403 días; en El Salvador, 119 días, y en el Félix Bulnes, 97.
Según Castro, hay "responsabilidades políticas en la última cartera de inversión que se modificó, que corresponde a la Red Sur (Chillán, Linares y Talca) y Quinta Cordillera (Biprovincial Quillota-Petorca y Marga-Marga), que en menos de siete días terminaron y aprobaron los proyectos. Esto nunca antes había ocurrido".
Para la diputada Rubilar, estas acusaciones sólo "demuestran la falta de conocimientos del oficialismo respecto del proceso de concesiones. Desde el hospital de Antofagasta, los estudios y trabajos de preinversión comenzaron en 2012 entre el Ministerio de Salud y la Contraloría, organismo que estandarizó los criterios de licitación. Entonces, cuando llega el momento de analizar las propuestas, lo único que hay que evaluar son temas numéricos, como el subsidio fijo a la operación y a la construcción, y gana la más económica".
"Para esto no se requiere más de una semana, si es sólo comparar que diez era más caro que ocho".
El preinforme de la Nueva Mayoría también apunta a supuestas reuniones privadas -en el Ministerio de Salud- entre el ex subsecretario de Salud Luis Castillo y las empresas concesionarias. En ellas se habrían renegociado las multas por atrasos en los plazos de construcción.
"Aunque Mañalich y Castillo lo negaron ante la comisión investigadora, disponemos de intercambios de correos que demuestran estos hechos", dijo Castro.
En las reuniones, agregó, "las constructoras se comprometían a avanzar en ciertos tramos a cambio de que no se les aplicaran sanciones. La justificación era que si los multaban no podrían pagar los sueldos de sus trabajadores, debiendo paralizar la obra. Estas eran negociaciones incompatibles y con agentes del Estado por fuera del mandato legal".
En otros casos, comentó, "las ex autoridades judicializaban las multas para paralizar los pagos y ayudar a las constructoras".
Incluso para la Nueva Mayoría, "durante este proceso, (las ex autoridades) prefirieron privilegiar la compra de días cama al sector privado para darle más oxígeno a las obras en construcción", dijo Castro.
"Esto se refleja en las cifras de la División de Gestión de Redes (Minsal), donde nunca antes se había comprado un número de camas tan grande sin haber una razón epidemiológica que lo justificara. La lógica era clara, se construye menos y se compra más al privado".
Desde la Alianza, la diputada de Amplitud Karla Rubilar rebate cada punto. "El ex ministro Mañalich dijo que desconocía este tipo de reuniones y el ex subsecretario Luis Castillo aseguró que hizo todas las gestiones necesarias para sacar adelante los proyectos, nunca cometió ninguna ilegalidad". Por ejemplo, dijo, "en el caso del hospital de Rancagua, Castillo, instruyó la multa por el atraso, pero la empresa recurrió a la justicia".
Ante la comisión, el ex ministro Mañalich, aseguró que "no participé de estas reuniones", y explicó que "la subsecretaria de Redes Asistenciales tenía el mandato de vigilar el uso del presupuesto asignado". También dijo que "la responsabilidad de velar por la construcción de los recintos correspondía a los directores de servicios".
El aludido ex subsecretario Castillo, en la comisión aseveró que "a lo largo de casi cuatro años me junté con más de cinco mil personas, empresas nacionales, extranjeras, de construcción, gremios. Fuimos muchas veces a visitar aquellos lugares en los que hay edificios y obras de activos fijos de construcción e inversión pública Allí teníamos reuniones de coordinación y conocimiento con las autoridades locales".
El documento de la Nueva Mayoría denuncia que se cambiaron los contratos, con criterios distintos en cada caso, para construir los hospitales concesionados. Y las beneficiadas fueron las empresas constructoras.
Según Castro, en los recintos de Maipú y La Florida hay incentivos de hasta UF 5.825 y con una exigencia mínima de entre 94% y 97% por cumplimiento de contrato. Sin embargo, asegura, en el gobierno de Piñera se elevaron los incentivos hasta 43 mil UF (Antofagasta y otros recintos concesionados), con un nivel de exigencia de entre 85% y 91%.
También el informe oficialista denuncia que se redujo de 80% a 60% la exigencia de camas ocupadas por cada hospital para que el privado deba recibir un subsidio variable ($100.000 por cada cama adicional).
"Me sorprendente que el MOP aún no tenga la capacidad para decirle al Estado cuáles fueron las consideraciones técnicas y políticas que permitieron llevar a esos niveles de sobreprecio. Estas cifras son valores abusivos, dado que la tasa de ocupación promedio en este tipo de recintos nunca baja del 80%", afirmó Juan Luis Castro.
En la segunda sesión de la comisión investigadora, el jefe de la división de inversiones del Ministerio de Salud, Sergio Teke, explicó que bajo el nuevo esquema "si un concesionario cumple 85% del contrato recibe 11 mil UF semestrales".
Del otro lado, la parlamentaria de Amplitud, Karla Rubilar, afirmó: "Cuando un hospital entra recién en funcionamiento, nunca está ocupado al 80%. Entonces, rebajando el subsidio fijo a 60%, el Estado paga menos".
Respecto de los premios por cumplimiento de contrato, explicó que "se aumentaron porque las quejas eran que los incentivos eran muy pocos. La idea fue que más concesionarios participaran en las licitaciones y existiera mayor competencia. Pero, además, se aumentaron las exigencias para el cumplimiento de estas metas de contrato, en relación con lo estipulado para los hospitales de La Florida y Maipú".
Por ejemplo, dijo "en Maipú, la alimentación a los pacientes puede retrasarse hasta 10 minutos. Con el modelo de incentivos, sólo se permite una demora de cinco minutos. Entonces, es más complejo para las concesionarias llegar a cumplir estas metas".
