Mientras la defensa de Pablo Alcalde se la juega por alargar el plazo de la investigación, tres ex ejecutivos de la multitienda optan por aceptar los hechos ya recopilados por la Fiscalía para evitar cumplir una pena efectiva en prisión.
Los nueve imputados por el caso La Polar ya cuentan los días para enfrentar la fase crítica que viene, luego del término del plazo de investigación previsto para el próximo 2 de octubre. Pero lo están haciendo de manera aislada, sin ninguna coordinación y muy lejos del sentido de equipo que tuvieron en los años dorados de la multitienda, cuando mantenían una férrea estrategia, en torno de su líder Pablo Alcalde.
"Son las vueltas de la vida, porque ahora estos ex ejecutivos se las están arreglando por vías separadas y en tales condiciones algunos podrían salir más perjudicados que otros, porque aparte de lidiar con los más de 500 querellantes, ahora se enfrentan entre sí", dijo a la abogada Bárbara Salinas, quien representa a los accionistas minoritarios.
Tres de los nueve imputados, Nicolás Ramírez, Julián Moreno y Pablo Fuenzalida, han dado señales de que no quieren formar parte del grupo que iría al juicio oral. Ramírez ya solicitó y llegó a un acuerdo con el fiscal José Morales, para ir a un juicio abreviado. "La audiencia ya fue fijada para el próximo 3 de septiembre, en el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago y allí se resolverá sobre si se acepta o se rechaza esta solicitud", informó el abogado de Ramírez (ex gerente general de la multitienda), Cedric Bragado.
De ser aceptada la solicitud de Ramírez, el proceso tendría un punto de inflexión que podría conducirlo por un camino menos pedregoso que el actual y, por lo tanto, le imprimiría un poco más de velocidad, sostienen los entendidos.
El ex gerente de Informática de La Polar, Pablo Fuenzalida, y el ex gerente de Productos Financieros, Julián Moreno, ya pidieron informes presentenciales, considerados como el primer paso para luego solicitar un juicio abreviado para cada uno. Un informe de este tipo, previo a la dictación de una sentencia, busca anticiparse a los problemas que podría enfrentar el imputado, si es condenado a una pena efectiva de cárcel. En el caso particular de Moreno, "debieran considerarse las delicadas condiciones de salud que padece", dijo una fuente cercana. Los informes presentenciales son encargados por el tribunal a profesionales expertos en materias de salud, sicológicas y sociales, que dependen de Gendarmería.
El informe presentencial solicitado por Nicolás Ramírez fue entregado el 24 de julio pasado y en él se recomienda como eficaz la alternativa de que este sea condenado a libertad vigilada.
"Considerando los antecedentes psicosociales del imputado, que reportan una baja existencia de factores de riesgo en general y nula existencia de factores nocivos de responsividad ( sic ), el Consejo Técnico de este Centro de Reinserción Social, estima que la inclusión del imputado a las penas sustitutivas de libertad vigilada o libertad vigilada intensiva, sería eficaz", sostiene el documento suscrito por Óscar Merino, presidente del mencionado Consejo de Gendarmería.
En el mismo documento, se reitera que Ramírez está formalizado por el delito de estafa y que reconoce su participación en los hechos que conformaron el fraude en La Polar, señalando que incurrió en este delito por tratarse de "una persona confiada y no ser capaz de poner límites ante las decisiones tomadas por el equipo que conformaba su directorio y quienes también forman parte de la causa".
Ramírez reconoce que se ha visto emocionalmente afectado por su situación procesal, lo que ha repercutido en su entorno familiar y social, señalando también la pérdida de contacto con los otros ocho ex ejecutivos procesados. A pesar de todo, se consigna que Ramírez ha mantenido su matrimonio, que suma 21 años y cinco hijos, y que su tiempo libre lo dedica a jugar fútbol y tenis.
Echando mano a su profesión de ingeniero comercial, Nicolás Ramírez ha iniciado actividades laborales por cuenta propia, dedicándose a la venta de estructuras metálicas camufladas para antenas de telefonía celular, y al negocio inmobiliario, vendiendo casas en Peñalolén.
Los otros imputados también trabajan de manera independiente, iniciando negocios con sus propios ahorros o con ayuda de familiares. Así, por ejemplo, Julián Moreno se instaló con una lechería en las inmediaciones de Puerto Montt, y Pablo Alcalde dedica gran parte de su tiempo a supervisar las inversiones familiares, a jugar polo y a estudiar los pormenores judiciales para su defensa.
No obstante, se dice que Alcalde no quiere ir a juicio abreviado porque quiere demostrar su inocencia, ya que sostiene que no estuvo al tanto de la maquinaria de repactaciones y que el principal responsable de ésta fue Julián Moreno.
La principal ventaja del juicio abreviado es que el imputado podría recibir una sentencia máxima de cinco años de cárcel, lo cual significa cumplir esta en libertad vigilada, sometiéndose tan sólo a controles rutinarios por parte de la justicia. Pero si un imputado recibe una sentencia igual o superior a cinco años y un día, debe cumplir al menos parte de ese tiempo en un centro penitenciario.
Bragado manifestó su confianza en que el tribunal acceda al juicio abreviado para Ramírez, "atendiendo a su irreprochable conducta anterior y a su actitud de sustancial colaboración que ha prestado a la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Centro Norte de Santiago".
Mientras tanto, los factores que la defensa de Julián Moreno esgrime para que este no vaya a la cárcel, es que padece de enfisema pulmonar, debido a su acentuado tabaquismo y, por lo tanto, de insuficiencia respiratoria. Además, padecería de una fuerte depresión "que lo ha llevado a un notorio debilitamiento físico y a la pérdida de peso", agregó la fuente.
En tanto, Nicolás Ramírez se encuentra en buenas condiciones físicas y sicológicas, "pero está pidiendo el juicio abreviado porque no quiere enfrentar el alto costo del juicio oral, que puede significar un desgaste emocional muy fuerte y un mayor daño económico, ya que este proceso podría prolongarse hasta por diez meses", explicó el penalista Bragado.
Agregó que "esta es una decisión personal, que se traduce en una renuncia del imputado a seguir defendiendo su posición, al mismo tiempo que opta por aceptar las imputaciones que levanta el fiscal, lo que a su vez puede ayudar a despejar el camino para solucionar un problema judicial complejo, como es el caso La Polar".
Bragado sostuvo que a mayor número de imputados en un mismo caso, aumenta la complejidad y el tiempo que se toma el tribunal en resolver el caso.
Por lo pronto, no existe claridad sobre lo que puede ocurrir después de que concluya el plazo de investigación, contado desde el 3 de febrero pasado cuando se ordenó su reapertura. Esto, porque alguna de las partes podría solicitar una nueva ampliación y el tribunal, acceder.
De hecho, se sostiene que la defensa de Alcalde estaría interesada en alargar lo que más pueda la fase de investigación, que por estos días ya supera los tres años. A comienzos de este año, el equipo liderado por el abogado Jorge Bofill, solicitó una serie de nuevas diligencias, varias de las cuales no estarían completadas. Entre otras, la comparación de la base de datos que ha tomado en cuenta la Fiscalía, con la contenida en el computador gemelo en que se almacenaba la información de los millones de registros de repactaciones que se aplicaron al millón de clientes de La Polar, quienes fueron sometidos a esta práctica sin su consentimiento.
De no solicitarse una ampliación de este plazo, o bien si ésta se pide y el tribunal no la concede, el Ministerio Público, deberá -en un plazo de diez días- formular los cargos y después iniciar la fase preparatoria del juicio oral.
