Tiene un año de vida y una discreta presencia en la opinión pública, pero lo cierto es que el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) se asemeja a un ministerio "en las sombras". La entidad gremial opera con un gobierno colegiado, en el que participan ex ministros, académicos y profesionales de diversos sectores políticos, coordinados por su secretario ejecutivo, Carlos Cruz Lorenzen.

"Nos une el afán de contribuir al desarrollo con una mirada de largo plazo, pero con la urgencia de impulsar la ejecución de la infraestructura pública que requiere Chile para, precisamente, permitir ese desarrollo", explica el ex ministro de Obras Públicas y de Transportes del gobierno de Ricardo Lagos. Cruz -quien por estos días ha vuelto a la palestra luego que la Corte de Apelaciones confirmara una condena por fraude al fisco en el caso MOP-Gate (ver recuadro)- cuenta que la principal tarea de este Consejo es "darle estabilidad en el largo plazo a las políticas y al orden institucional en que se diseñan y se ejecutan las obras de infraestructura pública".

Y sostiene que "sin estabilidad en las reglas del juego, no se puede asegurar que estas obras se ejecuten con normalidad, en los plazos que requiere el país para acelerar su desarrollo económico y social".

Según Cruz, este trabajo se realiza a partir del diagnóstico que sostiene que "parte de los problemas que tiene el país en infraestructura tienen que ver con la discontinuidad de las políticas públicas", cosa que se habría hecho evidente, dice, a mediados de la década pasada.

"Revisamos la cartera de proyectos y detectamos varios obstáculos que a la larga han impedido la concreción de éstos, generándose al mismo tiempo un clima de desconfianza entre el mundo público y el mundo privado", sostiene. ¿Conclusión? "Si no tenemos un clima de confianza, no podemos sentar las bases para desarrollar inversiones de largo plazo, que caracterizan a las obras de infraestructura, las cuales comienzan a ser rentables después de varias décadas".

-¿Son discontinuidades administrativas y políticas?

-Esencialmente son discontinuidades políticas, lo cual ha puesto en tela de juicio la mirada que, como país, debemos tener para impulsar el desarrollo de la infraestructura pública.

Una de nuestras misiones como Consejo es hacer visible que la infraestructura tiene un impacto directo en la calidad de vida de los chilenos y nos permite alcanzar objetivos altamente valorados, como la integración social y el acceso equitativo y no discriminatorio a los beneficios que nos aporta el desarrollo. Concretamente, una adecuada infraestructura de uso público mejora la calidad de vida, disminuye las desigualdades, facilita la integración social y acelera el progreso de las regiones.

-¿Qué opina de los anuncios del Gobierno para reimpulsar las inversiones en infraestructura pública?

-Fue muy positivo y nos lleva a creer que podríamos retomar el camino de seguir aumentando la participación de la infraestructura en el desarrollo del país, con aportes del Estado y del sector privado.

La Presidenta lanzó el desafío de aumentar la inversión en infraestructura pública a 3,5% del PIB y hoy estamos en 2,5%. Esta meta nos pone varios desafíos simultáneos: uno, el desarrollo de proyectos; dos, la puesta a punto de la institucionalidad para hacerlos realidad en el menor tiempo posible; y tres, la búsqueda de recursos para financiar esos proyectos.

Para avanzar al 3,5% del PIB, en los próximos tres años, debiéramos elevar la inversión en infraestructura a entre US$9.000 millones y US$11.000 millones al año.

-¿De dónde podrían salir más recursos?

-Chile tiene más de US$200.000 millones en recursos ahorrados, fundamentalmente como ahorro previsional y se da el caso de que constantemente las AFP tienen el problema de dónde invertir para hacer rentables estos ahorros. Lo que tenemos que hacer es trasladar parte de esos ahorros a inversión en infraestructura.

Entre otras cosas, en esta tarea estamos en CPI. No sabemos exactamente cómo se podría hacer, a través de mecanismos especiales, como la emisión de bonos, o la creación de un mecanismo especial de concesiones, pero algo se puede hacer, sin perder de vista el doble objetivo de invertir bien los fondos de las AFP, con seguridad y rentabilidad y, al mismo tiempo, aumentar las inversiones en infraestructura.

-Las platas extras de la reforma tributaria, irán prioritariamente a educación. ¿Eso implica que queda un mayor campo para las concesiones?

-Con o sin reforma tributaria, el Estado por sí solo no es capaz de abordar los requerimientos de infraestructura que necesita el país, en el menor tiempo posible.