Una clara señal de que el Gobierno flexibilizó su postura respecto al proyecto de Reforma Educacional -presentado en el Congreso- y que se ha abierto a un diálogo más constructivo con los diversos sectores educacionales que cuestionan el fin al copago, al lucro y la selección. Así fueron interpretadas por ex ministros de Estado las declaraciones formuladas este jueves por el secretario ejecutivo de la Comisión Reforma Educacional, Andrés Palma, en el encuentro que sostuvo sostenedores, profesores, padres y alumnos en el colegio María Auxiliadora, en Iquique.

"Si hoy día aplicamos la ley tal como está, el proyecto ingresado al Congreso, terminamos con la educación publica; porque todo el mundo sabe que va a haber una estampida a la educación particular", dijo Palma.

La ex ministra de Educación, Mariana Aylwin (DC) -quien participó de esta cita y ha sido una de las mayores críticas al proyecto- manifestó hoy: "Interpreto las palabras de Palma como un reconocimiento del Gobierno de que el proyecto tiene problemas y efectos no deseados. Se reconoce el riesgo que existe respecto a la eliminación del copago. Si esto ocurre y no mejora la educación municipal, va a haber una migración de estudiantes del sector público al privado, porque, por ejemplo, establecimientos que hoy tienen un copago de $25 mil, si pasan a ser gratuitos, será un incentivo para los padres cambiar a sus hijos a los particulares pagados".

Agregó que "esto ratifica la voluntad de diálogo de la autoridad de aprobar una reforma que sea sustentable en el tiempo, y su apertura a discutir el tema en un clima distinto, donde las advertencias realizadas no sean descalificadas, sino recogidas".

En la misma sintonía, el ex ministro José Joaquín Brunner (PPD ) consideró que "las declaraciones de Palma son correctas y positivas, porque valoran lo que hemos venido diciendo hace más de 60 días, de que las prioridades de la reforma, tal como fueron propuestas inicialmente, generan, como efecto, que un mayor número de jóvenes que hoy están en educación municipalizada se vaya al sector privado tan pronto disminuya el copago".

Dijo que "la postura inicial del Gobierno resultaba una paradoja, porque decían que la reforma tenía por objetivo fortalecer la educación estatal municipal, pero ésta se iba a ver perjudicada".

Y reconoció: "Esto es una especie de reflexión autocrítica por parte del ejecutivo, que deja clara su intención de introducir modificaciones a la propuesta enviada al Congreso, y refuerza la línea mostrada por el ministro Eyzaguirre en las últimas semanas".

Sin embargo, advirtió que hay que esperar a ver qué pasa en las próximas horas y días: "Este tipo de declaraciones suelen ser desmentidas, posteriormente, por otras autoridades de Gobierno. A veces el ministro Eyzaguirre dice voy en tal dirección y después se corrige. Entonces, no se sabe a que atenerse. Por eso, es mejor esperar si el ejecutivo sale a desmentir a Palma".

Tanto Brunner como Aylwin coinciden en que si el gobierno muestra una real disposición a modificar aspectos sustanciales del proyecto, como es la calidad, tiene grandes posibilidades de articular acuerdos con diversos sectores políticos y sociales. Esto, a su juicio, permitiría poner en marcha la nueva etapa de la reforma de manera más rápida.

Según los cálculos de la autoridad, una vez que comience a operar la Reforma Educacional, los recursos destinados a educación inicial, básica y media, se incrementarán en un 50%; es decir, unos US$ 5 mil millones, los que recaudará la Reforma Tributaria.