El sacerdote es acusado de abusos sexuales reiterados a dos menores.
La existencia de al menos cinco "dudas razonables"-conforme al artículo 340 del Código Procesal Penal- es la tesis central que la defensa, encabezada por el abogado Luis Hermosilla, planteará para probar la inocencia del sacerdote.
La primera de ellas tiene que ver con la eventual "fabricación de memoria" en las hermanas involucradas, apuntando a que sus recuerdos han sido intervenidos sistemáticamente por la familia, los fiscales y distintas sicólogas. De hecho, según sus datos, la primera de las hermanas supuestamente abusada pasó por seis sicólogas durante el proceso.
La segunda duda razonable se refiere a la "imposibilidad situacional", la cual apunta que el lugar del colegio Cumbres donde se habrían cometido los abusos es una sala de vidrio que está a la vista de la secretaria de la administración del colegio. Trascendió, incluso, que la defensa solicitaría que el tribunal se constituya en el lugar para corroborar ese hecho.
El tercer punto tiene que ver con la familia denunciante. Aquí, la defensa de O'Reilly sostendría que la madre tiene el control del resto del grupo familiar, mientras el padre prácticamente no aparece. Además, intentará demostrar que la madre, P.M., tendría una especie de fijación con el cura toda vez que en noviembre de 2010 ya habría tenido sospechas sobre abusos -hasta habría amenazado a O'Reilly-, pero mantuvo a sus hijas en el Cumbres hasta julio de 2012.
La existencia de una investigación "sesgada, prejuiciosa, inobjetiva" estaría también presente en los alegatos de Hermosilla, quien cuestionaría la actuación de la Fiscalía
acusándola de investigar a fin de probar los hechos denunciados. La defensa culpa a la Fiscalía del daño que se les estaría provocando a las supuestas víctimas de O'Reilly, e incluso argumentaría que las sentencias en bullados casos como el del Banco Central (Orellana), Colegio Altamira e Hijitus, entre otros, demuestran que el estándar que exigen los tribunales es distinto al del Ministerio Público, el cual sería responsable de la victimización de esos niños.
La última duda razonable que se esgrimirá se relaciona con las "pericias imperfectas" realizadas por el CAVAS, las que, acusan, tienen falta de rigor científico.
Al margen de estos cinco puntos, Hermosilla recordará que la acusación se da en un contexto de explosión de denuncias en el barrio alto y la irrupción del abogado Mario Schilling en esos casos, quien de hecho fue el primero en representar a la familia H.M.
Por otra parte, se cuestionará el supuesto relato de las menores. En el de la primera involucrada, se señala que hay tres momentos: ausencia de relato, luego relato inducido, y finalmente, falsa memoria. En el de la segunda denunciante, se intentará probar la inexistencia del relato, supuestamente establecido por el CAVAS.
La parte querellante -representada por el abogado José Ignacio Escobar- tendrá la tarea de presentar en el juicio los testimonios de las dos menores.
"Ese es el corazón del caso", admiten cercanos a la parte acusadora, que detallan que la idea es "exhibir de la mejor manera posible lo vivido por las niñas y su familia".
La tarea es crucial además porque la fiscalía y ellos presentarán las pruebas antes que la defensa, por lo que deben "reforzar" dichos testimonios, que luego serán cuestionados por la defensa del sacerdote.
La presentación de los querellantes se centrará en cuatro aspectos principales: la denuncia, el estado de las niñas y la familia, los testimonios de los terapeutas y los informes periciales del caso.
Uno de los puntos que destacaría Escobar -que antes del inicio del juicio optó por no hablar con la prensa- sería que no fue la familia la que interpuso la primera denuncia formal, sino el propio Colegio Cumbres, evidenciando así una "baja intencionalidad" de denuncia.
Además, se plantearía que el grupo familiar, vinculado a los Legionarios de Cristo, hoy han debido cambiar no sólo de colegio, sino también de domicilio y trabajo.
En esa línea, destacarían que la familia llegó a la primera psicóloga que atendió a las menores y constató los abusos (Ana Eugenia Cheverría) por recomendación del propio colegio, tras un primer acercamiento por los hechos.
Otro punto que abordarán será desacreditar la supuesta "fijación" que -según la defensa- tendría la madre hacia el religioso, argumentando que la mujer se sometió voluntariamente a exámenes en el SML para descartar cualquier psicopatología.
Sobre los peritajes, además de los psicológicos, la parte acusadora justificaría que no se realizaron informes sexológicos de las menores debido a que se trata de un caso de abuso sexual y no de violación.
La declaración de los testigos y peritos sería clave para que señalen en el estrado lo mismo que se ha asegurado en la carpeta de investigación. Sin embargo, es posible que no todos se presenten, por no estar obligados a hacerlo.
En ese marco, los querellantes pidieron que preste testimonio -entre otros- el padre José Cárdenas, superior de los Legionarios de Cristo en el país.
El abogado querellante (ex fiscal de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte) en abril pasado presentó una demanda por la suma simbólica de $1.
La idea, explican, es dejar en evidencia que "es imposible cuantificar el daño", pero que igual es necesario que un tribunal condene a O'Reilly también por el perjuicio y daño causado.
El 24 de julio de 2012 el Colegio Cumbres informó de la presentación de una denuncia en la Fiscalía Oriente y que el sacerdote no seguiría en sus funciones hasta "el total esclarecimiento" de la acusación. Luego el abogado Mario Schilling presentó una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía.
El 25 de julio el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, anunció que los Legionarios de Cristo abrieron una investigación contra el sacerdote. El 31, desde Roma, el portavoz de la orden, Benjamín Clariond, indicó que "el padre John no ha sido condenado, sino que se está haciendo una investigación".
El 13 de diciembre de 2012 declaró voluntariamente en audiencia ante el Cuarto Juzgado de Garantía. "Lo que quiero comunicar es mi total y absoluta inocencia (...) estoy dispuesto hoy para seguir colaborando con el Ministerio Público para que se haga luz y se haga la verdad sobre esta causa", dijo.
Al cumplirse 6 meses de investigación, en una entrevista a "The Clinic" dijo que "acusar a alguien de abusos sexuales, de pedofilia, es lo peor. Es categórico (...) Una lacra, no eres persona. Dead man walking. Y déjenlo seguir caminando, que es peor. Porque si le pegan un balazo, se acabó la cuestión".
Antes de la formalización, el 25 de agosto de 2013 se publicó una carta de apoyo público que firmaron más de mil personas. "Cada uno de nosotros ha podido presenciar la forma en que ha servido a la comunidad. Con los niños, entre ellos nuestros propios hijos, fue siempre acogedor y alegre", dice.
El 27 de agosto de 2013 el sacerdote fue formalizado por el delito de abuso sexual reiterado. Y pese a que la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Andrea Díaz-Muñoz, sólo debía pronunciarse sobre la prisión preventiva, dijo que el testimonio de una de las menores del caso estaba "a todas luces dirigido".
El 2 de abril de 2013 las fiscales acusaron finalmente al cura O'Reilly de abuso sexual reiterado, presentando una lista de 72 testigos y 14 peritos. Solicitaron dos penas de 10 años y un día de cárcel, y la inhabilitación absoluta y perpetuamente para empleos en cualquier lugar donde haya menores de edad.
El 28 de abril la fiscal Carmen Gloria Guevara acusó en audiencia que el sacerdote no estaba cumpliendo el arresto domiciliario, porque no fue ubicado por la policía las noches del 2 de marzo, el 5 de marzo y el 5 de abril. A la salida de la audiencia, O'Reilly dijo que a sus acusadores "simplemente los perdono".
