Lo primero que hace es aclarar que no es el "vocero" de una administración pasada, pero el ex subsecretario del Interior del gobierno de Ricardo Lagos, Jorge Correa Sutil, es enfático al dar a conocer su postura sobre el fallo de la Corte Interamericana de DD.HH. que ordenó anular las condenas a siete comuneros y una activista mapuche juzgados bajo la Ley Antiterrorista, mientras él estaba en el gobierno.

Hoy es consejero del Colegio de Abogados, y desde allí asegura que lo hecho entonces por La Moneda fue correcto y que hoy sigue siendo necesario tener una legislación de este tipo.

"Invocamos la Ley Antiterrorista (en el conflicto en La Araucanía) porque se requería dar una protección significativa a los testigos, que pertenecían o que eran vecinos de las mismas comunidades que los acusados. Y a ellos la legislación común no les daba seguridad suficiente porque aunque les pusieran pelucas o bigotes... los iban a reconocer", explica.

Y destaca que el fallo internacional "no señala que esté prohibido o sea contrario a los DD.HH. tener testigos protegidos, aunque sí dice que la sentencia no puede descansar únicamente en ellos".

-La idea actual parece apuntar a derogar la ley e incorporar el tema en el Código Penal.

-Puede haber un debate de técnica legislativa, pero me parece que es indispensable para combatir estos ilícitos tener mecanismos especiales, con respeto a los estándares internacionales en DD.HH.

-¿Por ejemplo?

-Si se va a tener o no mecanismos intrusivos, si se va a tener testigos protegidos, eso debería estar en discusión.

-¿Cree cree que estos fallos ayudaron a bajar la violencia en La Araucanía?

-En el gobierno del Presidente Lagos efectivamente hubo un descenso significativo de esa violencia. Es muy difícil saber exactamente a qué se debió, pero pienso que tres factores fueron importantes. Primero, un trabajo de inteligencia policial muy intenso. Segundo, que el gobierno siguió la estrategia de «fundo tomado, fundo no comprado», es decir, no hay que dar beneficios a los que reclaman por la vía violenta. Y tercero, una fuerte coordinación de las políticas sociales viendo las promesas hechas y su cumplimiento.

Y cuenta que en ese entonces "percibimos que los compromisos no cumplidos eran la causa esencial del descontento. Por eso, a las promesas de compra de tierras o de asistencia agrícola se les hacía seguimiento mensual y eso fue extraordinariamente positivo".

Examen de títulos históricos

Tras reflexionar, dice: "No soy ni he pretendido ser nunca experto en el conflicto indígena, pero me he preguntado muchas veces si no es más inteligente la política de expropiaciones por parte del Estado que la de compra de tierras".

-¿Es partidario de expropiar?

-El Estado podría hacer un examen de los títulos históricos del pueblo indígena y determinar la expropiación de aquellos en que lo considere justificado. Eso implicaría que quienes aspiran a tierras tendrían que concentrar toda su fuerza de crítica y presión en el Estado (y no en los dueños actuales de las tierras).

Eso, dice, "permitiría que el Estado diga de una vez y para siempre cuáles predios se van a expropiar y cuáles no. Y si alguien quiere incluir nuevos, sólo puede presionar al Estado, no le sirve ejercer violencia al propietario para que venda".

Además, señala, se evitaría la especulación de precios que podrían hacer los propietarios de tierras a la espera que el Estado les compre. Reconoce que "este país quedó con fuertes heridas a propósito del proceso de Reforma Agraria y la idea de una expropiación de tierras tiene mucho conflicto, pero me parece que a estas alturas puede ser razonable pensar en eso".