por:  Patricio Meza y Patricio Pino

viernes, 01 de agosto de 2014

El sacerdote John O'Reilly hoy.

Foto Alejandro Balart, La Segunda

Aún no daban las 9 de la mañana y la sala 303 del edificio C del Centro de Justicia, donde hoy partió el juicio en el Tercer Tribunal Oral en lo penal contra el sacerdote John O´Reilly por abuso sexuales reiterados a dos menores, ya estaba llena.

 

Mucho antes había llegado hasta el tribunal el cura de los Legionarios de Cristo acompañado de sus abogados Luis Hermosilla y Mario Vargas (del estudio de la ex defensora nacional Paula Vial, quien estaba entre el público).

El sacerdote -a quien se le acusa haber cometido el delito al interior del Colegio Cumbres, donde era capellán y guía espiritual- llegó en silencio en medio de un fuerte apoyo de partidarios que se hicieron presente en la sala y donde había otros dos sacerdotes.

 

Se veía pensativo y atento a las intervenciones realizadas en el tribunal. Sólo intercambió palabras con sus abogados.

Hermosilla, no sin antes recordar que este caso se da "en medio de una crisis generalizada de denuncias contra religiosos", sorprendió a todos al iniciar la defensa señalando de manera tajante: "John O´Reilly no es Karadima".

 

Luego explicó que mientras el ex párroco de El Bosque "se esconde dentro de la Iglesia", el cura del Colegio Cumbres "se presentó voluntariamente en la fiscalía y se autodenunció una vez conocida la acusación".

 

El abogado criticó a la Fiscalía de Las Condes por el "malgasto de recursos públicos al llevar a juicio a un inocente" y aseguró que en este caso se gastará más "que en cualquier otro caso de connotación sexual en el país".

 

Previo a esto, el tribunal -pese a la oposición de la defensa- acogió la petición de la parte acusadora, que hace dos semanas solicitó usar una "sala especial" para que declaren las dos hermanas (menores de edad) presuntamente abusadas.

 

Las niñas -hoy de 8 y 12 años- entregarían su testimonio en dos semanas más en esas dependencias especialmente acondicionadas, pero ante la presencia de los tres jueces del tribunal y no sólo de la jueza presidente. Ello obligará a trasladar el juicio al Segundo Tribunal Oral, donde se encuentra esta sala especial que cuenta con un recinto aledaño con monitores de televisión para permitir a los abogados, fiscales y demás intervinientes a seguir el curso del interrogatorio.

 

También se autorizó el uso de un perro de apoyo para la declaración, así como mantener la reserva de las identidades e imágenes de las niñas y de sus padres.

 

La defensa del sacerdote cuestionó la solicitud y propuso, en cambio, que durante el testimonio de las menores se desalojara la sala completa para que no hubiera público, que se ausentara O'Reilly y se redujera el número de abogados pero que hubiera al menos uno presente para garantizar el derecho a la defensa. La propuesta no fue acogida.

 

En cuanto a la forma de declaración e identidad de los testigos, el tribunal indicó que se resolverá caso a caso.

 

Con un total de 97 testigos y peritos (ninguno de los cuales declararía hoy), el tribunal tiene agendado que el juicio dure al menos dos meses.

Antes de la intervención de la defensa, la fiscal Lorena Parra realizó el alegato del Ministerio Público recalcando que el imputado era "conocido y cercano" a la familia que tenía a sus cinco hijos en el colegio donde habrían ocurrido los hechos, y destacó que "no se trataba de cualquier sacerdote".

Parra recalcó que el rol de O'Reilly en la estructura y jerarquía de los Legionarios de Cristo hacía más difícil realizar y mantener la denuncia, y dijo que en el juicio declararan ex miembros del movimiento religioso, prefectas y profesores del establecimiento "así como algún valiente apoderado que se mantenga en el establecimiento".

 

El abogado querellante José Ignacio Escobar, en tanto, destacó que las versiones de las niñas fueron "espontáneas y a terceros" (a una nana y a una terapeuta) y afirmó que la familia "perdió todas sus redes sociales, ha sufrido el acoso de la prensa y han sido discriminados por sus vecinos".

Agregó: "No hay ninguna ganancia secundaria en esto", recordando que la familia presentó una demanda por los hechos por la suma simbólica de un peso.

 

Ayer La Segunda informó que el Ministerio Público solicitó que las dos menores declaren en la "sala especial" del Centro de Justicia.