Se trata de ataques a la Central Ralco, a un fundo de un ex ministro y al predio de un forestal.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH —organismo autónomo de la OEA— finalmente condenó al Estado chileno por un caso abierto el 2006, que involucra a 7 comuneros y una activista mapuche, condenados en distintas causas de violencia de principios de la década pasada, por la Ley Antiterrorista.
El órgano estimó que “el Estado debe adoptar todas las medidas” para dejar sin efecto las sentencias y penas accesorias, que sin embargo, ya han sido cumplidas.
Además plantea cambios a la ley y compensaciones, como ayuda psicológica, becas para los hijos y el pago de indemnizaciones de US$50 mil a cada uno ($28 millones) por daños y US$100 mil (casi $57 millones) por costos del proceso.
La reforma procesal llevaba sólo un año de su debut en La Araucanía cuando un incendio afectó al fundo Poduco Pidenco, de forestal Mininco, reclamado por comunidades.
En una compleja investigación -que incluyó al hoy fiscal regional Cristián Paredes- se logró el 2004 la primera condena por "incendio terrorista", de 10 años contra los comuneros Florencio Jaime Marileo, Juan Patricio, José Huenchunao y Juan Millacheo, además de la activista pro mapuche Patricia Troncoso (alias La Chepa). Huenchunao y Millacheo estuvieron prófugos y el segundo fue detenido en Neuquén, Argentina. Otros de los condenados, entre ellos Troncoso, protagonizaron repetidas huelgas de hambre que redundaron en la mejora de su reclusión.
También el año 2004, los loncos de Temulemu, Pascual Pichún y de Didaico, Segundo Norín, fueron condenados por el delito de amenazas terroristas a tres fundos de la región, entre ellos el perteneciente al ex ministro de Agricultura y presidente de la Fundación Neruda, Juan Agustín Figueroa.
Aunque un primer juicio los absolvió, se repitió el proceso y cumplieron condena, saliendo de prisión en forma separada a inicios del año 2007.
Fueron sus casos los que iniciaron el proceso de denuncia al Estado ante la Corte IDH. El principal reclamo de sus defensas fue el uso de "testigos sin rostro" en su contra.
Pichún murió el año pasado de un infarto.
El primero de los casos es de la región del Biobío y es el único anterior a la reforma, por lo que fue visto por la justicia penal antigua.
El ex vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Víctor Ancalaf, fue condenado por delito terrorista por los ataques a maquinaria en las faenas de construcción de la central Ralco, de Endesa, entre 2001 y 2002.
La sentencia de cinco años y un día fue confirmada por al justicia también el año 2004.
Ancalaf luego fue favorecido luego, el 2009, por un indulto del gobierno, pero por otras penas vinculadas a delitos de hurto y desacato, por lo que las autoridades de la época recalcaron que había cumplido su condena.
