Poco más de un centenar de funcionarios de la salud marcharon hoy por el centro de Santiago para apoyar la huelga de 22 días del Hospital Salvador y para rechazar las concesiones de hospitales públicos en curso.

La movilización fue convocada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), y a ella se sumaron dirigentes sociales y parlamentarios oficialistas.

Tras pasar frente a La Moneda, la columna se dirigió hasta el frontis del Hospital del Salvador, en donde desde hace tres semanas sus trabajadores se encuentran en paro, atendiendo solamente los casos de urgencia.

Estos trabajadores no quieren que se construya el Geriátrico Salvador a través de concesiones a empresas privadas, y opinan lo mismo los funcionarios del Hospital Félix Bulnes, con respecto a las obras del nuevo recinto en la comuna de Cerro Navia, y que el viernes también efectuaron una protesta.

El presidente de la Fenats, Oscar Riveros, expresó que el asunto de las concesiones "ya ha sobrepasado lo que es local y nosotros como federación junto con Federación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) y usuarios organizados estamos llamando a que la población tome conciencia de ello".

Los funcionarios recordaron que los dos hospitales construidos a través del sistema de concesiones, como el de Maipú y el de La Florida, "tuvieron muchos inconvenientes en su funcionamiento" cuando fueron inaugurados durante 2013.

Entre los parlamentarios presentes estaba la diputada Camila Vallejo, quien emplazó a la Presidenta Michelle Bachelet.

"La Presidenta Bachelet dijo en la campaña que no iba a concesionar ningún hospital más (...) no queremos que esto se repita", replicó la parlamentaria, agregando si bien este proceso comenzó "en el gobierno de Sebastián Piñera, el gobierno podría dar una señal para revertir esto".

Previamente, el ministerio de Salud ha dicho que no va a construir en un futuro hospitales a través del sistema de concesiones, y respecto a los dos centros asistenciales mencionados, los contratos con empresas privadas ya estaban suscritos cuando el nuevo gobierno asumió en marzo pasado, y la Contraloría había tomado razón de eso.

"No se puede revertir el proceso de concesión, tal como piden los funcionarios en paro. Es una situación que daría para pensar que somos un Estado que no respeta los contratos", expresó el lunes, la ministra de Salud, Helia Molina