Ocho fiscales del Ministerio Público -de distintas partes del país- están hoy con vigilancia policial permanente tras haber sufrido amenazas en su trabajo.

Estos casos fueron analizados con "máxima preocupación" en una reciente reunión entre el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y el jefe del departamento de Protección a Personas de Importancia (PPI) de Carabineros, coronel Aldo Vidal.

Desde el 2010 se han decretado medidas de protección a favor de 35 fiscales a nivel nacional, que van de rondas policiales, cámaras de vigilancia y botones de pánico hasta protecciones en sus casas, reubicaciones e incluso el uso de cascos y chalecos antibalas en zonas como La Araucanía.

En esas materias se invirtieron el año pasado $80 millones, que provienen del presupuesto de $1.800 millones anuales que tiene la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos.

El director ejecutivo nacional del Ministerio Público, Jorge Abbott adelanta que para 2015 pedirán un presupuesto especial para que este ítem "no tenga que salir del fondo de atención a víctimas". Serán $280 millones para cubrir inversiones como compra de equipos para "brindar seguridad, estimamos, a unos 60 fiscales", señala.

La vigilancia permanente de efectivos PPI está reservada para los casos más delicados, que se manejan bajo estricta reserva. Sin embargo el propio fiscal Ricardo Peña, de la fiscalía Metropolitana Centro-Norte -quien fue amenazado de muerte durante el juicio por el llamado 'Caso Moyano'- quien detalló públicamente su situación explicando que se le asignó protección policial especial a él y a su familia.

Abott explica que la mayoría de los fiscales custodiados con este sistema están en las regiones VIII y IX, quienes investigan diversos delitos: violencia, corrupción, lavado de activos o trata de personas. "En general, investigan organizaciones criminales", dice.

Para mejorar la coordinación, Chahuán invitó al coronel Vidal a la Mesa Nacional de Trabajo para Casos Complejos, que ya tiene representantes de inteligencia de Carabineros y de la PDI.

El diálogo con las policías ha generado recomendaciones de la policía uniformada que se incluirán en el nuevo presupuesto, además de un completo análisis de la PDI sobre la seguridad en varias fiscalías.

Datos protegidos

En paralelo, la Asociación Nacional de Fiscales conformó el mes pasado una mesa de trabajo con el subsecretario de Justicia, Marcelo Albornoz.

El presidente de esa agrupación, Claudio Uribe, señaló que una de las aristas es el resguardo en las audiencias, donde ocurre la mayor parte de las agresiones y amedrentamientos. "Hay temas pendientes de infraestructura, como accesos diferenciados a los centros de justicia y medidas de seguridad en las puertas de las fiscalías. Probablemente requieran alguna inversión y además, en muchos casos, la cooperación del Poder Judicial", explicó.

Agrega que en esa mesa también se está discutiendo la posibilidad de modificaciones legales para proteger información de los persecutores. "Hoy día, por Ley de Transparencia, cualquiera puede obtener el domicilio de un fiscal, las patentes de los vehículos y una serie de datos que pueden incidir en su seguridad. La idea es que esa información, si bien siga siendo pública, no llegue a manos inadecuadas".