"Así se generarían incentivos correctos, premiando a quienes hagan bien su trabajo y castigando a aquellos que no logren resultados", dice la iniciativa.
Permitir que los sostenedores de colegios subvencionados puedan retirar utilidades de acuerdo al desempeño académico que logre el establecimiento.
Eso es lo que busca un proyecto de ley ingresado al Congreso hace un par de semanas por un grupo de diputados de la Alianza más algunos independientes.
"Hoy estamos en un momento en que lo urgente coincide con lo importante. Tanto la coyuntura política como el momento social permiten proponer una medida intermedia entre aquellos que no quieren permitir ningún tipo de emprendimiento en la educación y aquellos que defienden el lucro exacerbado, sin el aseguramiento de la correlativa calidad en la enseñanza", dice el texto de los diputados RN Germán Becker y Germán Verdugo.
Hoy no existe regulación alguna para que los sostenedores de colegios con fines de lucro puedan retirar utilidades, situación que el Gobierno pretende cambiar con el proyecto de ley (que se tramita en la Comisión de Educación de la Cámara) que pone fin al lucro, copago y selección.
La iniciativa -patrocinada por otros cinco diputados RN, dos independientes y un UDI- dice que "el derecho a retiro de utilidades debe ser visto como una retribución a la que se puede acceder una vez que se ha conseguido cierto logro académico", que debe verificar el Estado.
Por ello, proponen usar la categorización de colegios que hará la Agencia de Calidad (donde se clasifican en cuatro categorías, desde Desempeño Alto hasta Insuficiente) para permitir el retiro de utilidades según el rendimiento alcanzado.
Así, los con Desempeño Alto podrán retirar hasta el 75% de las utilidades y deberán reinvertir el 25% restante. En los con Desempeño Medio, el retiro sería de 50% y la cifra bajaría a 25% en los establecimientos con Desempeño Medio-Bajo. Los clasificados como Insuficientes no podrán hacer retiros.
"De esta manera estaríamos aprovechando el debate acerca del lucro para mejorar lo que verdaderamente importa: la calidad de la educación de los niños. Así se generarían incentivos correctos, premiando a los sostenedores que hagan bien su trabajo con mayores posibilidades de retiros y castigando a aquellos que no logren resultados, obligándolos a reinvertir en el proyecto educativo parar mejorar su rendimiento futuro", dice el proyecto.
Y agrega: "No debemos perder el foco de la discusión, ni menos olvidar la variable fundamental en educación: lo importante no es si el sostenedor de un colegio se ha beneficiado económicamente, sino qué calidad se entrega en su escuela".
"La idea es mantener el lucro, pero regulado". Así resume el diputado Romilio Gutiérrez (UDI) el espíritu de la iniciativa que, según admite, no cuenta con consenso dentro de la propia Alianza "porque no se ha debatido bien si terminar o no con el lucro".
-Entonces, ¿qué viabilidad tiene?, porque se ingresó, pero nunca se ha tratado...
-Hemos pedido a la Comisión de Educación de la Cámara poner en tabla otros proyectos que ya ingresaron, pero no hemos logrado consenso y el presidente de la comisión (Mario Venegas, DC) tampoco ha resuelto esto. Nos hemos dedicado sólo a un proyecto (fin al lucro) y eso no puede ser.
Uno de sus autores, Germán Verdugo (RN), advierte que "hace mucho que veníamos pensando en este proyecto que no ha sido tramitado porque se está tramitando la reforma. La idea es que el Ejecutivo y la Comisión de Educación lo vean, lo consideren y hasta podría ser una indicación al proyecto de reforma".
-Pero la estructura de la reforma dice fin al lucro...
-Hay que definir lucro primero, porque la utilidad legítima es perfectamente posible. Por eso planteamos que retiren utilidades solo aquellos sostenedores cuyos colegios garanticen calidad.
"Es una propuesta anticipada y que refleja una visión estrecha sobre cómo se organiza y funciona la educación", dice el investigador UDP, José Joaquín Brunner.
Y explica que "cae en lo mismo que se critica a la iniciativa gubernamental: improvisación. Parece entender la economía política del desempeño de los colegios como un simple asunto de balance de pérdidas y ganancias financieras. Todo a corto plazo; incentivos y sanciones, la educación como contabilidad. No hay espacio para el mejorar a mediano plazo ni para ver el compromiso de los sostenedores con su responsabilidad pública".
"No le veo futuro al proyecto, pero no es mala la idea", opina la sostenedora de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), Patricia Matte.
Y explica: "Los colegios que lo hacen mal debieran cerrarlos, derechamente. Y los que lo hacen bien, probadamente, tener la libertad de usar los recursos como les parezca".
-¿Pero cómo se mide la calidad?
-Hay un sinnúmero de variables. El Simce es una manera, no la única. Lo más importante es la cultura de base: disciplina, respeto, convivencia escolar, clima laboral, habilidades blandas. Sin eso, no hay forma de conseguir buenos resultados.
