"Esta es una ley corta que después se insertará en una Ley de Superintendencia de Educación Superior. Por lo tanto, aquí no tenemos que resolver toda la batería de problemas que existe" dice de entrada el jefe de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, sobre el proyecto de interventor de universidades en crisis.

Se trata de la primera iniciativa que ingresó el Gobierno al Congreso -pese a que no estaba en el programa de la Presidenta Bachelet- y que ya entró en la última etapa de tramitación.

El lunes se termina el plazo para ingresar indicaciones y el Gobierno ya ha avanzado con los parlamentarios de todos los sectores en los últimos ajustes para lograr su rápida aprobación (está con suma urgencia).

Tres son los grandes cambios que el Ejecutivo introducirá al proyecto original, retrocediendo en algunas de las facultades planteadas originalmente.

1 Se crea un Plande Recuperación supervisado por el Mineduc

El proyecto original establecía que si la investigación preliminar -hecha por el ministerio a la universidad- confirma que existen problemas, se debía definir entre nombrar un administrador provisional o un administrador de cierre, según la gravedad de la situación.

Ahora se establece un grado previo: se crea un Plan de Recuperación supervisado por el ministerio. "La idea es que las propias instituciones se comprometan a resolver sus problemas en este plan, que es supervisado por el ministerio, pero quien hace el trabajo es la institución universitaria con sus recursos y autoridades", explica Martínez.

Y agrega que en el proyecto original había un plazo para que la institución propusiera soluciones, "pero no había un proceso bien estructurado como se está planteando aquí. Lo que aún no está definido es el plazo que durará este plan".

2 Más poder al Consejo Nacional de Educación (CNED) en todo el proceso

Dado que este consejo es el que entrega la autonomía a las instituciones, "en cada etapa del proceso le pedimos que se pronuncie sobre si el plantel sigue cumpliendo las condiciones por las cuales se le entregó la autonomía", detalla. Sólo en función de eso se puede seguir con el paso siguiente.

-Parlamentarios de la Nueva Mayoría han dicho que eso es cogobierno del Consejo...

-Y otros parlamentarios (de la Alianza) pusieron mucho énfasis en la necesidad de contrarrestar el rol político del Ministerio de Educación. En definitiva, nosotros haremos la proposición (de iniciar un proceso contra una institución), entregamos los antecedentes, justificamos la propuesta y el Consejo tiene que aprobarlo para seguir adelante.

3 Se tendrán que negociar los contratos conterceros relacionados

"El proyecto original obligaba que fueran renovables automáticamente los contratos (de las instituciones de educación superior) con terceros relacionados, no podían retirarse (o terminarse) si se nombraba un administrador provisional. Es decir, se interfería sobre el derecho de un tercero de mantener o no un contrato", explica Martínez.

Y señala: "Se le daba tanta prevalencia al derecho de los estudiantes, que los contratos firmados quedaban supeditados a la función de la educación y la tercera parte (relacionada) que ofrecía el servicio, no podía negarse".

Las nuevas indicaciones que presentarán el lunes, dice, "están modificando eso para mantener los derechos de los terceros sobre esos contratos, es decir, el administrador provisional va a tener que negociar esos contratos con los terceros relacionados".

De esta manera el Gobierno busca evitar vicios de "inconstitucionalidad" que ya se habían advertido en la tramitación en la comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

-Han debido echar pie atrás en algunas ideas para lograr consenso.

-Pero lo esencial es que sigue siendo la misma ley, tiene mayor diversidad de casos, ha especificado mejor ciertos roles... no veo ninguna pérdida, de hecho creo que ahora hay procesos mucho más completos.

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