Hace algunos meses, la PDI y la Fiscalía Occidente investigaban a una banda por robos a cajeros automáticos y tuvieron en Facebook a un gran aliado.

La juventud e imprudencia de los implicados los llevó a hacer comentarios en sus perfiles que los vinculaban con los ilícitos, e incluso a publicar fotos "con torres de dinero". Sus nexos en la red también desarmaron sus coartadas, que afirmaban que no se conocían entre sí.

En otras imágenes aparecían usando las mismas vestimentas con las que se veían robando en las cámaras de seguridad. Incluso la mesa donde posaban con el dinero fue encontrada en uno de los allanamientos a sus casas.

Otro caso ocurrió en Arica, donde el fiscal Mario Carrera logró condena por tráfico contra una mujer, luego de que una madre interceptara el diálogo en Facebook, en el que la hoy condenada ofrecía drogas a su hija.

Ambos casos son sólo una demostración de la importancia que han adquirido las redes sociales para las investigaciones policiales.

Según cifras de la PDI, desde 2012 los requerimientos de información enviados desde Chile a Facebook se han incrementado en forma progresiva. Fueron 295 ese año, 439 el 2013 y hasta mayo pasado ya iban 255. Nuestro país es el que más pide ese tipo de insumos en Sudamérica, después de Brasil.

Con su explosivo crecimiento los últimos años en Chile, las redes sociales son hoy un "paso obligado" en cualquier investigación, afirman las autoridades. Al empadronamiento tradicional que los policías realizan en terreno se suma hoy un "empadronamiento digital" que puede arrojar resultados igual de valiosos.

Contactos, hábitos, lugares visitados, sitios de trabajo o de estudio. Incluso estados de ánimo: los perfiles públicos online que los usuarios crean en las redes sociales pueden entregar un sinfín de datos vitales para aclarar un caso.

"Nuestra recomendación a los fiscales es que no se las salten", dice Mauricio Fernández, director de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen organizado (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional . A su juicio, las redes ofrecen "información fresca que en algunos casos puede dar mejores resultados" que los datos tradicionales como perfiles patrimoniales, comerciales o bancarios.

Y el subcomisario de la Brigada del Cibercrimen de la PDI, Segundo Mansilla, agrega que "es difícil que las redes sociales sirvan para acreditar la autoría de un delito por sí solas, pero sirven para establecer identidades, relaciones".

Por ejemplo, "antes era normal que dos sospechosos negaran conocerse. Pero hoy puede haber en Facebook una foto de los dos abrazados tomando cerveza. Y eso es mucho mejor que una declaración".

El detective afirma que los datos obtenidos online son contrastados "en la realidad", descartando cualquier posibilidad de error o montaje. "Alguien podría decir que otro creó un perfil para perjudicarlo, pero la investigación cubre todos los posibles cuestionamientos. Se verifica de qué dirección IP se creó, en qué fecha, cuáles son sus conexiones y ahí van apareciendo los domicilios, etc".

Pero hay restricciones para la solicitud de datos. El subcomisario explica que desde hace años, "basándonos en la legislación de Estados Unidos", solicitan y reciben antecedentes desde todas las compañías administradores de datos y de redes sociales, incluidos contactos privados, pero con límites claros: "Solamente podemos conocer el origen, destino, fecha, hora, dirección IP, datos de registros de las comunicaciones. No el contenido de esa información. Esos informes los podemos conseguir siempre y cuando exista una investigación del Ministerio Público".

Cuando se trata de obtener el contenido de una comunicación privada en redes sociales, o de las proveedoras locales de internet en cada país, el trámite es mucho más lento y debe realizarse por canales diplomáticos, que tardan varios meses.

Por eso, Fernández recalca que "como fiscalía hemos promovido que Chile acepte la invitación a ser parte de la Convención de Cibercriminalidad de Budapest. Sería muy útil, entre tantas otras cosas, para agilizar la entrega de información".

Capacitación y una guía de apoyo

Mauricio Fernández cuenta que desde el año pasado las redes sociales son una cápsula obligada en las capacitaciones a fiscales, asistentes y equipos investigadores en crimen organizado, lavado de dinero o delitos económicos, entre otros.

Además se desarrolló una guía que todos los fiscales y equipos de apoyo pueden descargar desde su intranet. "Lo que hace es identificar las redes sociales, las características de las más usadas en Chile, de qué manera se puede obtener cierta información, así como ejemplos de uso".

La Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex), de la Fiscalía Nacional, tramita las solicitudes por casos más complejos, que deben remitirse por vía diplomática. Desde 2012 a 2014 suman 14 requerimientos, entre los que se cuentan las causas por amenazas en Twitter a Camila Vallejo y Cecilia Pérez.